El hundimiento de una casa en Lleida desata una tormenta política

El hundimiento de un edificio de cinco plantas en el centro histórico de Lleida ocurrido el pasado sábado ha desatado una tormenta política en el Ayuntamiento de Lleida no exenta de motivaciones electoralistas. Los dos grupos municipales de la oposición (CiU y el PP) consideran que el equipo de gobierno, formado por los concejales del PSC, ERC e ICV, es el principal responsable del siniestro -que no causó víctimas- por supuesta negligencia e irresponsabilidad.

Los ataques más virulentos le están llegando al equipo de gobierno desde la federación de Convergència i Unió. En la reunión ext...

El hundimiento de un edificio de cinco plantas en el centro histórico de Lleida ocurrido el pasado sábado ha desatado una tormenta política en el Ayuntamiento de Lleida no exenta de motivaciones electoralistas. Los dos grupos municipales de la oposición (CiU y el PP) consideran que el equipo de gobierno, formado por los concejales del PSC, ERC e ICV, es el principal responsable del siniestro -que no causó víctimas- por supuesta negligencia e irresponsabilidad.

Los ataques más virulentos le están llegando al equipo de gobierno desde la federación de Convergència i Unió. En la reunión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo, que se celebrará hoy a petición precisamente de CiU para debatir este incidente, Isidre Gavín, concejal y presidente de la Diputación, solicitará la dimisión de la teniente de alcalde y responsable del área, Marta Camps. Gavín acusa a Camps de "dedicación ineficiente" y de tener un servicio "caótico y desorganizado".

Gavín denunció ayer, después de examinar los expedientes referidos al caso del hundimiento, "gravísimas anomalías" en la licencia otorgada para el derribo del inmueble contiguo al que se desplomó el sábado. El edil de CiU explicó que en la licencia, concedida el 27 de mayo de 2004, el consistorio no previó ninguna medida específica de seguridad para los edificios próximos al que iba a ser derruido ni estableció ningún plazo para el inicio de la construcción en el solar. "La única actuación de disciplina urbanística en todo este tiempo fue ordenar que se colocara una valla en el solar y una puerta metálica", señaló Gavín.

El dirigente de CiU aseguró que el equipo de gobierno no hizo caso de dos informes elaborados el 29 de julio y el 21 de octubre pasado por el gerente de la oficina local de la vivienda, Lluís Claverol. En estos informes se advertía del estado de deterioro del inmueble siniestrado y se aconsejaban actuaciones para reforzar su estructura. Tampoco hizo caso de las numerosas quejas presentadas en los últimos meses por los vecinos, que advertían de la aparición de grietas en sus viviendas. "Lo que ha ocurrido en el número 60 de la calle de Cavallers es la historia de un hundimiento anunciado", agregó Gavín.

El PP, más prudente

Por su parte, el grupo municipal del PP se sumó a la polémica con más prudencia a la espera de las explicaciones que el equipo de gobierno pueda ofrecer hoy en la Comisión de Urbanismo. Los populares afirman que en este caso existe una clara responsabilidad política del área de Urbanismo y, por extensión, del equipo de gobierno, porque lo ocurrido se hubiera podido evitar adoptando las medidas necesarias. Esta formación política considera que el hundimiento del inmueble del núcleo histórico es una consecuencia del caos y la falta de coordinación que existen entre las diferentes oficinas paramunicipales con competencias urbanísticas en el centro histórico.

El grupo municipal del PP ha solicitado por escrito que se convoque con urgencia el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Urbanismo y la Oficina Local de la Vivienda.

Mientras tanto, el equipo de gobierno centra sus esfuerzos en resolver el problema de las familias que han perdido su casa y de las que, en previsión de problemas, han sido desalojadas de un edificio próximo al siniestrado. El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, ha anunciado que enviará al juez el expediente informativo abierto sobre el caso, con el fin de que la justicia decida quién es el responsable de lo sucedido.

El consistorio culpa del siniestro al propietario del solar contiguo al inmueble desplomado por no haber ejecutado las obras de refuerzo exigidas por los técnicos municipales. Éste, a su vez, culpa a la empresa que efectuó la demolición el pasado mes de abril.