El TSJ confirma que las obras del hotel Atrium de La Vila se "iniciaron y realizaron" sin licencia
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana asegura que las obras del hotel Atrium Beach, levantado en primera línea de la playa de La Vila Joiosa, se "iniciaron y realizaron" sin licencia. El complejo excede la volumetría autorizada por el planeamiento de la localidad en la zona.
La afirmación del alto tribunal se incluye en la sentencia dictada el pasado 1 de noviembre en la se que rechaza el recurso de la promotora del complejo, la mercantil Hotel Luna, SA, contra una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante del...
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana asegura que las obras del hotel Atrium Beach, levantado en primera línea de la playa de La Vila Joiosa, se "iniciaron y realizaron" sin licencia. El complejo excede la volumetría autorizada por el planeamiento de la localidad en la zona.
La afirmación del alto tribunal se incluye en la sentencia dictada el pasado 1 de noviembre en la se que rechaza el recurso de la promotora del complejo, la mercantil Hotel Luna, SA, contra una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante del pasado mes de marzo. El juez daba al Ayuntamiento un plazo de un mes para restituir la legalidad urbanística o demoler el hotel.
Tras la sentencia del juzgado de Alicante, el Ayuntamiento y la promotora acordaron legalizar el hotel mediante la fórmula de un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM). El TSJ no se pronuncia sobre el PRIM, aunque precisa que en sí mismo "comporta el reconocimiento de la ilegalidad de las obras".
La denuncia ante el juzgado fue una iniciativa del concejal independiente de La Vila Joiosa Pedro Lloret. Éste también han recurrido a al mismo juzgado el PRIM. Fuentes de la promotora han subrayado que el recurso ante el TSJ "fue únicamente contra los plazos decretados por el juez". "En todo caso, la sentencia está ya superada al quedar restituida la legalidad urbanística con el PRIM", añadieron esas fuentes.
El 23 de septiembre Consell ratificó el PRIM, ordenó la demolición de 14.470 metros cuadrados de obra y multó al promotor con 12 millones de euros. La empresa recurrió la sanción al TSJ y pidió la suspensión cautelar del pago hasta que se dicte sentencia. La sala aceptó el recurso, pero exigió un aval bancario. La firma ha formalizado el aval y, al mismo, tiempo ha recurrido al Tribunal Supremo la negativa del TSJ de sustituir ese documento por una garantía hipotecaria sobre los bienes de la mercantil.
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