El Parlamento Europeo pide a Filipinas que indulte a Francisco Larrañaga
El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que pide a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, que conceda el "perdón absoluto" e interceda por la "liberación inmediata" del Francisco Larrañaga, el vasco condenado a muerte por un tribunal de ese país acusado de formar parte de un grupo que secuestró y asesinó a dos jóvenes filipinas. La petición del Parlamento europeo se produjo poco después de conocerse las declaraciones de un ex policía que participó en la investigación del caso en las que asegura que tres de los condenados a muerte, entre ellos Larrañaga, son inocent...
El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que pide a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, que conceda el "perdón absoluto" e interceda por la "liberación inmediata" del Francisco Larrañaga, el vasco condenado a muerte por un tribunal de ese país acusado de formar parte de un grupo que secuestró y asesinó a dos jóvenes filipinas. La petición del Parlamento europeo se produjo poco después de conocerse las declaraciones de un ex policía que participó en la investigación del caso en las que asegura que tres de los condenados a muerte, entre ellos Larrañaga, son inocentes.
En una confesión que ayer publicó un diario filipino, el ex policía, Roy Codiñera, dice que "hay noches en que mi conciencia no me deja dormir"
para justificar los motivos por los que ha decidido hablar ahora del caso. Según el ex miembro de la División de Investigación Criminal de la policía de Cebú, el principal testigo de la acusación, Davidson Tisoy Rusia, que obtuvo su libertad a cambio de denunciar a los otros siete acusados, se inventó la participación de Larrañaga y de los hermanos James Andrew y James Anthony Uy en el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en el año 1997
En su resolución, el Parlamento Europeo también solicita además "la revisión del procedimiento judicial" que ha conducido a que se dictara la pena capital para Larrañaga y exige la celebración de un juicio en el que se respeten todas las garantías jurídicas, penales y jurisdiccionales. Además, realiza un llamamiento al Gobierno y al Parlamento de Filipinas para que reformen su sistema judicial.