"El problema número uno", según Roma

"Desde hace más de un año, España es en el Vaticano 'el problema número uno' entre los países occidentales", escribe esta semana Ecclesia, la revista señera de la Conferencia Episcopal. Se sabía. El 22 de enero pasado, Juan Pablo II, enfermo ya de muerte, sorprendió a un grupo de obispos españoles, de visita oficial en Roma, con una pregunta que delataba la preocupación del anciano pontífice y sus colaboradores. "¿Y Zapatero qué hace?", requirió. Cuatro días más tarde, ante el cardenal Rouco, el Papa proclamó en solemne discurso que el Gobierno socialista "ignora y cercena" la libertad ...

"Desde hace más de un año, España es en el Vaticano 'el problema número uno' entre los países occidentales", escribe esta semana Ecclesia, la revista señera de la Conferencia Episcopal. Se sabía. El 22 de enero pasado, Juan Pablo II, enfermo ya de muerte, sorprendió a un grupo de obispos españoles, de visita oficial en Roma, con una pregunta que delataba la preocupación del anciano pontífice y sus colaboradores. "¿Y Zapatero qué hace?", requirió. Cuatro días más tarde, ante el cardenal Rouco, el Papa proclamó en solemne discurso que el Gobierno socialista "ignora y cercena" la libertad religiosa de los españoles, y atacó incluso la paralización del Plan Hidrológico Nacional, promovido por el último Gobierno del PP, por "olvidar", dijo el Papa, "el deber de compartir el uso del agua" y por azuzar "la confrontación social".

La ofensiva contra el Ejecutivo socialista se inició nada más ganar el PSOE las elecciones

El nuncio (embajador) de la Santa Sede en Madrid, el arzobispo portugués Manuel Monteiro, fue convocado al día siguiente al Ministerio de Exteriores, donde un subsecretario le expresó el malestar del Gobierno por la injerencia del Estado vaticano en asuntos internos españoles. Aquel mismo día -26 de enero-, por la tarde, el presidente Rodríguez Zapatero, de viaje en Buenos Aires, remachaba serenamente la réplica. "España vive hoy el momento de mayor libertad religiosa de su historia", dijo.

En Roma no han cambiado de opinión, desde entonces. Todo lo contrario. La legalización de las uniones entre personas del mismo sexo con el nombre de "matrimonio", un asunto intocable para el Vaticano, elevó el nivel de las execraciones. Ni las catacumbas de Nerón o la persecución de Diocleciano, ni la Revolución francesa, ni la pérdida de los Estados Pontificios, ni el martirio de decenas de miles de cristianos por causa de su fe en el siglo pasado, sin ir más lejos... Según los obispos, la reciente legalización del matrimonio gay en España es "el momento más excepcional de la Iglesia católica en sus 2.000 años de historia". "Estamos en una situación única en la historia de la humanidad. La Iglesia nunca se encontró con nada parecido", remachó el 16 de junio pasado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, reputado teólogo y ex director de la Comisión para la Doctrina de la Fe en Madrid. Su superior en Roma durante décadas, el cardenal Joseph Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI, había alzado antes su voz, como responsable de la poderosa congregación heredera del Santo Oficio de la Inquisición. "Es una ley que destruye elementos básicos de un sistema de derecho", dijo el 19 de noviembre de 2004.

El papa Ratzinger dibujó hace un mes ante el Sínodo de Obispos un panorama apocalíptico de la sociedad occidental, "una viña devastada por jabalíes", dijo. España está a la cabeza, según el Vaticano. "Media docena de cardenales de la Curia lo han hecho notar vigorosamente, tanto en Roma como en visitas a España, por lo que no se puede afirmar que la situación es de 'normalidad democrática", escribe esta semana Ecclesia (http://www.revistaecclesia.com).

La ofensiva episcopal contra el Gobierno viene de lejos, desde el mismo día de la victoria del PSOE, en marzo de 2004. Las reformas aprobadas más tarde habían sido anunciadas por el candidato Rodríguez Zapatero, de forma que cuando éste era ya presidente, el cardenal Rouco, líder entonces de los obispos, compareció en el hotel Ritz de Madrid para repudiar los cambios previstos, uno por uno, con la promesa, por cierto, de no "movilizar" a la Iglesia contra ellos.

El cardenal repasó el catálogo de los conflictos (derecho a la libertad de enseñanza, asignatura de religión, acceso a los medios de comunicación públicos, renovación del acuerdo de 1987 sobre financiación de la Iglesia católica por el Estado y las consabidas subversiones del sexo y la moral que, según los prelados, traía bajo el brazo el nuevo Gobierno, como el llamado divorcio exprés, las uniones gays o la investigación con embriones con fines terapéuticos...). El prelado sentenció que, pese a haber hablado por teléfono con el presidente "durante cierto tiempo y en un contexto de amabilidad clara", su conclusión era muy pesimista. Creyente y todo, Rouco veía más próxima y cierta "la pascua de la resurrección de nuestro señor Jesucristo" [la Semana Santa estaba al caer aquel 26 de marzo del 2004], que el que el líder del PSOE declinara sus intenciones reformistas.

"Nos persiguen", escribió la semana pasada el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, que ayer se manifestó en Madrid. La idea de que España vive una situación de "misión", e incluso "martirial", la reiteran con frecuencia los prelados, como si aún persistiera entre los españoles, según ellos, la idea cainita de Las dos ciudades. El título de la pastoral que lanzó el 30 de julio de 1936 el obispo de Salamanca y futuro cardenal primado de Toledo, Enrique Pla y Deniel.

Algunos prelados piensan que España retorna a aquellos precipicios. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Antonio Cañizares, primado de Toledo, dice incluso que está en peligro "la unidad de la nación", o que el proyecto de Estatuto catalán, en trámite en las Cortes, "es una puerta abierta al incesto, la poligamia y la poliandria".

Al margen de opiniones, conviene recordar que estas disputas, por severas que parezcan, no son novedad. La legalización del divorcio durante los Gobiernos de Adolfo Suárez (1977-1982), o la despenalización del aborto y la aprobación de varias leyes educativas por los Ejecutivos de Felipe González (1982-1996), provocaron trifulcas parecidas entre el poder político y los eclesiásticos. Incluso el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) se vio obligado a llamar a capítulo al nuncio del Papa para protestarle con severidad una pastoral de los obispos vascos contra la Ley de Partidos.