El fiscal recurre la orden de detención de los militares del 'caso Couso'

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira presentó ayer recurso de reforma contra la orden de detención internacional dictada por el juez Santiago Pedraz contra los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron de un disparo de tanque al cámara de Tele 5 José Couso cuando se encontraba en el hotel Palestina de Bagdad. El fiscal alega que la querella no ha sido todavía admitida a trámite y que el juez no tiene competencia.

El juez Pedraz dictó ayer la orden de detención a efectos de extradición del sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; d...

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira presentó ayer recurso de reforma contra la orden de detención internacional dictada por el juez Santiago Pedraz contra los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron de un disparo de tanque al cámara de Tele 5 José Couso cuando se encontraba en el hotel Palestina de Bagdad. El fiscal alega que la querella no ha sido todavía admitida a trámite y que el juez no tiene competencia.

El juez Pedraz dictó ayer la orden de detención a efectos de extradición del sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; del capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados, y del teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados nº 64. Wolford autorizó el disparo tras consultar con De Camp.

Pero Rubira sostiene que los tres militares americanos ni siquiera tienen la condición de querellados, porque la querella no está formalmente admitida a trámite y que, después de dos años, la causa se mantiene en diligencias previas, cuando si se emprende una investigación por homicidio, tiene que incoarse sumario.

El fiscal afirma que el 19 de noviembre de 2004, la sala ordenó al juez que se pronunciase sobre la admisión de la querella, pero que éste no lo ha hecho. Además, precisa que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer de la muerte -en el curso de un conflicto militar y por disparos de militares norteamericanos- de un ciudadano español y de otra persona. Los hechos no ocurrieron en España y no se trata de delitos -como genocidio o terrorismo- que puedan ser investigados por tribunales españoles con arreglo al principio de persecución universal.

Añade el fiscal que para pedir la extradición, y antes de la orden internacional de detención, debería de haberse dictado auto motivado de prisión, que es el título que permite solicitar la extradición. Rubira sostiene que la orden "se dicta como consecuencia de no haber sido atendidas dos comisiones rogatorias internacionales, lo que convierte al auto recurrido más en una represalia que en una consecuencia lógico-jurídica".

Intentos estériles

El fiscal señala que deberían haberse tratado de agotar las medidas tendentes a obtener el auxilio judicial, pero fuentes de la Audiencia Nacional señalaron ayer que los numerosos intentos de cuatro jueces -Guillermo Ruiz Polanco, Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska y Santiago Pedraz- de obtener la cooperación de los norteamericanos han sido estériles. También recordaron que si la querella no está formalmente admitida a trámite es porque precisamente las diligencias, que debían determinar su procedencia o no, incluían los informes reclamados por el juez Baltasar Garzón el 30 de abril de 2004, que fueron reiterados por el juez Fernando Grande-Marlaska, en octubre de ese año.

La cooperación norteamericana fue requerida de nuevo el 31 de mayo, pero en esta ocasión por el juez Pedraz, que acababa de tomar posesión en el juzgado. Ante la falta de respuesta, el magistrado reprodujo su requerimiento el pasado 6 de octubre, de nuevo sin respuesta.

Fuentes próximas al juzgado destacaron que el delito contra la comunidad internacional que se imputa a los militares norteamericanos, al tratarse de un ataque contra población civil a sabiendas, puede estar considerado como delito de lesa humanidad, cuya persecución universal está prevista en la ley.

Justicia admitió ayer que ha remitido hasta en cinco ocasiones a las autoridades norteamericanas las comisiones rogatorias del Juzgado Central de Instrucción número 1, sin que haya habido respuesta. De hecho, en junio de este año un alto funcionario del Departamento de Estado manifestó a Reuters que "hará frío, mucho frío, en el infierno antes de que los militares sean interrogados en España".

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, declaró ayer a Efe que la orden dictada por Pedraz es "jurídicamente discutible". "Es una medida directamente de prisión hacia los militares y puede presentar aspectos jurídicamente discutibles porque estas personas todavía no han sido oídas", afirmó. Pero la familia del cámara asesinado expresó ayer su sorpresa por el recurso del fiscal, ya que en su momento recibieron garantías de una adjunta al fiscal del Estado que les dijo que "no iban a poner trabas".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, expresó su respeto por el auto del juez Pedraz y recalcó que las relaciones entre ambos países "no han sido afectadas negativamente" por esta decisión.