Paro intimidatorio
La principal patronal de transporte de mercancías desconvocó anoche el paro iniciado el lunes, y que había comenzado a afectar a la producción en sectores como el del automóvil. La desconvocatoria se produjo tras un acuerdo con los representantes de las empresas de distribución sobre subida de tarifas y con el Gobierno sobre una amplia plataforma que se negociaba desde hace meses y cuyo catalizador es la exigencia de compensaciones por la fuerte subida (próxima al 20% en el último año) del precio de los carburantes.
Esa subida afecta a todos los sectores productivos (y a los consumidore...
La principal patronal de transporte de mercancías desconvocó anoche el paro iniciado el lunes, y que había comenzado a afectar a la producción en sectores como el del automóvil. La desconvocatoria se produjo tras un acuerdo con los representantes de las empresas de distribución sobre subida de tarifas y con el Gobierno sobre una amplia plataforma que se negociaba desde hace meses y cuyo catalizador es la exigencia de compensaciones por la fuerte subida (próxima al 20% en el último año) del precio de los carburantes.
Esa subida afecta a todos los sectores productivos (y a los consumidores particulares), pero sólo aquellos que disponen de fuerte capacidad intimidatoria, como los transportistas, pueden plantearse una presión eficaz. Las imágenes de supermercados sin existencias o de fábricas sin suministros han provocado la esperada (por los convocantes) alarma social y consiguiente presión sobre el Gobierno para que lo solucione como sea.
Seguramente es la búsqueda de ese efecto social lo que explica que se mantuviera la convocatoria del lunes pese a que el acuerdo estaba próximo. La plataforma contiene hasta 40 reivindicaciones de muy diversa naturaleza: unas son razonables, como la petición de ligar determinadas enfermedades profesionales con las jubilaciones anticipadas (por motivos de seguridad), o la de flexibilizar las condiciones de aplicación a los profesionales del carné por puntos; otras son mucho más discutibles, como la pretensión de obtener a la vez compensaciones fiscales y garantías de aumento automático de las tarifas de acuerdo con el precio del gasóleo.
Una de las ventajas pretendidas es la supresión para los transportistas del llamado céntimo sanitario, recargo en el precio del combustible establecido por algunas comunidades autónomas para financiar la sanidad. El Gobierno se ha comprometido a compensar a las que dejen de aplicarlo a los camioneros, lo que es una forma indirecta de subvención.
Es cierto que la atomización del sector está dificultando su adaptación a la liberalización del mercado; y que no siempre es posible repercutir en tarifas el encarecimiento del gasóleo. Pero lo mismo podrían alegar otros sectores, que de plantear las mismas exigencias provocarían una inflación que hundiría la competitividad de la economía española. Y la búsqueda de compensaciones por vía fiscal está limitada por la normativa comunitaria. En 2000, Bruselas expedientó a Francia, Reino Unido y Holanda por establecer rebajas fiscales selectivas bajo cuerda tras un paro similar.