El PSE reclama una ley de incompatibilidades para el Gobierno y los altos cargos

Las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración vasca volverán a discutirse en el Parlamento en breve, después de que los socialistas hayan presentado una iniciativa en la que reclaman la elaboración de una ley que regule esta materia para todas las administaciones de la comunidad. El PSE lo intentó sin resultado dos veces en la anterior legislatura y en ambas se opuso el Ejecutivo.

El Gobierno, que inicialmente se negó a la iniciativa argumentando que incluiría la regulación en su programa legislativo, terminó por considerar "innecesaria" una...

Las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración vasca volverán a discutirse en el Parlamento en breve, después de que los socialistas hayan presentado una iniciativa en la que reclaman la elaboración de una ley que regule esta materia para todas las administaciones de la comunidad. El PSE lo intentó sin resultado dos veces en la anterior legislatura y en ambas se opuso el Ejecutivo.

El Gobierno, que inicialmente se negó a la iniciativa argumentando que incluiría la regulación en su programa legislativo, terminó por considerar "innecesaria" una ley, ya que a su juicio la regulación actual es adecuada y se ha cumplido "de manera satisfactoria". El PSE replica que la legislación existente es antigua, ya que data de 1983, y sólo ha sido completada después por medio de dos decretos que desarrollan una norma general aprobada en 1995 en el Congreso.

Los socialistas consideran que ese desarrollo debería haberse hecho por ley y tachan la normativa en vigor de "parca, exigua y fragmentada". Igualmente, opinan que no se contempla la realidad más actual, caracterizada entre otras cosas por una proliferación de entes públicos inexistentes en 1983, ni tampoco la experiencia acumulada en los últimos años.

En su proposicion no de ley, el PSE apunta que al amparo de la actual legislación se han producido situaciones que han motivado "una acertada crítica social" y suponen "un desprestigio de la clase política".

Entre otras actuaciones, en el mandato pasado se cuestionaron los nombramientos del actual rector de Mondragon Unibertsitatea, Inaxio Oliveri, anteriormente consejero de Educación, o la dimisión temporal para ser candidato de EA del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Erkiaga, a quien se contrató como asesor para que siguiera cobrando durante la campaña.