Incertidumbre
Hace cuatro años adquirí, con mucha ilusión y muchas cuentas sobre el papel, una vivienda de precio tasado en el Residencial Altomadrid III en Vicálvaro (Madrid), cuya entrega estaba prevista para diciembre de 2004.
Hoy, 348 vecinos nos enfrentamos a la incertidumbre de ver nuestras casas terminadas, y tras 10 meses de retraso y ninguna información por parte de la promotora (la entrega se preveía para marzo, luego julio, luego septiembre, y ahora abogan por el quizá antes de diciembre) los nervios empiezan a hacer huella.
El abuso al que somos sometidos los consumidores es defini...
Hace cuatro años adquirí, con mucha ilusión y muchas cuentas sobre el papel, una vivienda de precio tasado en el Residencial Altomadrid III en Vicálvaro (Madrid), cuya entrega estaba prevista para diciembre de 2004.
Hoy, 348 vecinos nos enfrentamos a la incertidumbre de ver nuestras casas terminadas, y tras 10 meses de retraso y ninguna información por parte de la promotora (la entrega se preveía para marzo, luego julio, luego septiembre, y ahora abogan por el quizá antes de diciembre) los nervios empiezan a hacer huella.
El abuso al que somos sometidos los consumidores es definitivamente indignante.
Cláusulas abusivas, renuncias a indemnizaciones que por derecho nos corresponden, nula información hacia los propietarios, cobro de letras por conceptos que aún no se han producido (el IVA de la hipoteca, sin ir más lejos), la solicitud de prórrogas en Hacienda para la desgravación debido al tiempo transcurrido, alquileres, guardamuebles... son sólo algunos de los problemas que se nos presentan. Mientras tanto, la promotora alega que no puede recepcionar la obra hasta que ésta esté rematada y la constructora, que no realizará tales remates hasta que no cobre lo que se le adeuda.
¿De qué nos sirve adquirir una vivienda "protegida" si luego nuestra indefensión es absoluta? Nosotros, que como consumidores atendimos puntualmente cada letra que firmamos, sólo exigimos que el contrato se cumpla por ambas partes y se nos entreguen nuestras viviendas. Quien otorga la calificación para las viviendas llamadas "protegidas" debería igualmente proteger los intereses de quienes las adquieren.