Barcelona perseguirá las pensiones ilegales y las 'camas calientes' para inmigrantes

El Ayuntamiento de Barcelona está ultimando un censo de viviendas sobreocupadas para actuar contra los titulares de pisos y pensiones ilegales en los que se alquilan habitaciones a inmigrantes -e incluso camas calientes, las que se alquilan por horas y ocupa una persona nada más levantarse otra- sin que éstas reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad. Tras inspeccionar los pisos sobreocupados, la Administración clausurará los negocios ilegales y notificará a la fiscalía los casos que puedan constituir un "delito de estafa contra las personas", aseguran fuentes del Ayuntamiento. Cá...

El Ayuntamiento de Barcelona está ultimando un censo de viviendas sobreocupadas para actuar contra los titulares de pisos y pensiones ilegales en los que se alquilan habitaciones a inmigrantes -e incluso camas calientes, las que se alquilan por horas y ocupa una persona nada más levantarse otra- sin que éstas reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad. Tras inspeccionar los pisos sobreocupados, la Administración clausurará los negocios ilegales y notificará a la fiscalía los casos que puedan constituir un "delito de estafa contra las personas", aseguran fuentes del Ayuntamiento. Cáritas ha alertado del aumento del número de inmigrantes que acuden a ella en busca de ayuda para sufragar realquileres en ciudades del área metropolitana de Barcelona. La mayoría de ellos viven hacinados en pisos por los que pagan entre 200 y 250 euros mensuales.

El Ayuntamiento ha cerrado este año dos pensiones que alojaban ilegalmente a inmigrantes: un piso del Eixample y un bloque de viviendas de 20 metros cuadrados en el número 15 de la calle de Fontrodona, en el barrio del Poble Sec. La Guardia Urbana descubrió la existencia de este inmueble a raíz de que en marzo los bomberos apagaran un incendio en él. Entonces descubrieron varios incumplimientos de la normativa, como la distribución del edificio en pequeños apartamentos que no seajustaban a las exigencias de habitabilidad y la falta de sanitarios.

Los vecinos del Poble Sec llevan desde 2001 denunciando la proliferación de pensiones ilegales en viviendas del barrio. Enric Roya tenía enfrente de su casa, en la calle de Salvà, un piso donde vivían hacinados un nutrido grupo de inmigrantes paquistaníes. "En verano algunos hasta dormían en el balcón", asegura. Otro vecino explica que en la calle de Blai hay una "pensión encubierta". "A veces llamaban a mi timbre preguntando por la pensión, cuando no tenía constancia de que hubiera ninguna", explica.

La Unión de Asociaciones de Vecinos del Poble Sec tiene contadas decenas de viviendas sobreocupadas en el barrio. En ocasiones son pisos divididos en pequeños apartamentos que funcionan como pensiones y que cobran, según los vecinos, 30 euros diarios. En otros casos se trata de las llamadas camas calientes, que se alquilan por turnos de ocho horas. Los que las contratan sólo pueden permanecer en ellas durante estas horas. Luego entran otras personas con las mismas condiciones y así sucesivamente.

Un informe elaborado por Cáritas constata el aumento del fenómeno del realquiler entre los inmigrantes que llegan a Barcelona, algo que parecía haberse extinguido tras las migraciones de la década de 1960.

"Hay numerosas posibilidades", explica una responsable de Cáritas; "algunos propietarios se han dado cuenta de que realquilando sus habitaciones pueden sacar más dinero del piso, y en algunas viviendas llegan a convivir tres y cuatro familias enteras. Existen situaciones en las que estas familias no tienen ni derecho a cocina, sólo su habitación, y en los casos más precarios hablamos ya de las camas calientes permanentemente, en las que tres personas van rotando durante 24 horas".

Durante el primer semestre de 2005, 331 familias pidieron ayudas a Cáritas para pagar sus realquileres, el 61% más que en el mismo periodo de 2004. El número de familias que pidieron ayuda a la organización para pagar una habitación en un piso compartido con otras personas triplica el de las que la solicitaron para abonar el alquiler de una vivienda. Esta tendencia ya se dio en 2004, cuando el 52% de las personas con problemas de residencia que acudieron a Cáritas vivían realquiladas. Según la ONG, cada vez hay más matrimonios que se encuentran en estas condiciones, lo cual no les permite desarrollar una vida familiar.

Conocer la situación

El Ayuntamiento de Barcelona está ultimando un censo, a partir de los datos del padrón, de viviendas sobreocupadas de la ciudad para descubrir estos negocios ilegales. La concejal de Participación Ciudadana, Solidaridad y Cooperación, Assumpta Escarp, explica que el censo servirá para conocer "la situación real", es decir, "cuántas viviendas están sobreexplotadas y cuántas pensiones encubiertas hay". A partir del censo de viviendas se confeccionará una lista de pisos sobreocupados, de la que se eliminarán todos los que tengan licencia de actividad (por ejemplo, las residencias de ancianos).

Esta tarea, prevé Escarp, finalizará en octubre. Entonces, los pisos que queden en la lista serán inspeccionados por cada distrito. "Cuando localicemos los alojamientos ilegales, deberemos irlos clausurando, siempre acompañados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento", explicó Escarp. Este proceso, añadió, será "gradual" para poder atender las situaciones de precariedad con las que puedan encontrarse. Por ello, antes deberá incluirse en el Plan Municipal de Inmigración, que establece las actuaciones del consistorio para facilitar la integración de la población inmigrada. Los responsables de Cáritas coincidieron en que la acción del Ayuntamiento deberá ser progresiva para no crear otro problema, el que supondrían más personas sin techo.Escarp puntualizó que el proceso extraordinario de regularización ha permitido subsanar algunas situaciones de infravivienda que sufría la población inmigrante. "Muchos han podido acceder a un piso después de trabajar en condiciones. Pero además las personas que quieran optar al reagrupamiento familiar deben pasar una inspección en la que demuestren que su casa reúne los mínimos necesarios para reunir a los suyos", señala Escarp.

Sin embargo, varias ONG han apuntado durante el último año que estas pensiones ilegales y las camas calientes son una de las pocas opciones para los recién llegados. Los responsables de Cáritas, por ejemplo, sostienen que una habitación cuesta entre 200 y 250 euros mensuales, mientras que por una pensión convencional se pagan ya 900 euros al mes. Miquel Carrillo, de la Unión de Asociaciones de Vecinos del Poble Sec, explica que los pisos que se alquilan por habitaciones son viviendas viejas que antes ocupaban ancianos. "Se acabaron malvendiendo y las adquirió gente que saca provecho de los inmigrantes", asegura.

Enric Roya, de la misma entidad, entró con la Guardia Urbana en uno de estos bloques. "Las condiciones son pésimas. Salía gente de todos los rincones, dormían en la terraza, hasta en los patios", relata. Aseguran que lo han denunciado en multitud de ocasiones. "El problema es que constantemente cambian los inquilinos, que dejan trastos en la calle. Hay problemas de convivencia porque son muchos y hacen ruido. Pero es que aquí hay también un abuso contra los inmigrantes. Alguien se aprovecha de ellos, ¡digo yo!", agrega Roya.

El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona se desmarca de estas prácticas y alega que hay una "comisión de ética que establece un código deontológico". "¡Si a veces hasta se nos acusa de racismo por no alquilar pisos a inmigrantes! Esto también es falso, no miramos la raza; lógicamente, sí la solvencia", explican.