De Villepin cede y no privatizará la naviera del buque secuestrado

El Gobierno francés negocia con los marinos del Sindicato de los Trabajadores Corsos

El Gobierno de Dominique de Villepin se enfrenta a su primera crisis importante y muestra signos de flaqueza. A la aparente firmeza de tomar al asalto, el miércoles, el buque de la Sociedad Nacional Córcega-Mediterráneo (SNCM) que había sido secuestrado por marinos del Sindicato de los Trabajadores Corsos (STC) en protesta por la privatización de esta naviera, le siguió ayer la retirada del plan de privatización y la disposición a negociar con el sindicato.

Mientras, la isla de Córcega permanecía prácticamente aislada del continente. El ministro de Transportes, Dominique Perben, negocia...

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El Gobierno de Dominique de Villepin se enfrenta a su primera crisis importante y muestra signos de flaqueza. A la aparente firmeza de tomar al asalto, el miércoles, el buque de la Sociedad Nacional Córcega-Mediterráneo (SNCM) que había sido secuestrado por marinos del Sindicato de los Trabajadores Corsos (STC) en protesta por la privatización de esta naviera, le siguió ayer la retirada del plan de privatización y la disposición a negociar con el sindicato.

Mientras, la isla de Córcega permanecía prácticamente aislada del continente. El ministro de Transportes, Dominique Perben, negociaba anoche en Marsella una salida a la crisis sobre la base de las propuestas hechas por De Villepin tras el Consejo de Ministros, consistentes en que el Estado mantendrá una presencia minoritaria, de no más de un 25%, en el capital de esta naviera al borde de la quiebra que cubre las líneas entre la Francia continental y Córcega, Argelia y Túnez; el fondo de inversión Butler Capital Partners, al que se le había adjudicado el ciento por ciento de la SNCM, se quedaría sólo con un 40%, mientras que otro 30% correspondería al "operador industrial" Veolia Connex. El restante 5% se pondría a la venta para los trabajadores de la SNCM.

Pero los sindicatos, tanto la STC como la CGT, cuyo secretario general Bernard Thibault se reunió la noche del jueves con De Villepin, rechazan cualquier oferta que no suponga que el Estado francés conserve la mayoría del capital de la naviera. Cualquiera que sea la solución para esta empresa que pierde 30 millones de euros al año desde que se abrió la línea a la competencia, y cuyos trabajadores ya protagonizaron el año pasado dos huelgas de 25 días, deberá cumplir con los criterios de la competencia dictados por la Comisión Europea. El ministro de Economía y Finanzas, Thierry Breton, defenderá hoy en Bruselas la decisión del Ejecutivo.

La compañía privada Corsica Ferrys mantiene todos sus barcos en tierra "por razones de seguridad" -las oficinas de esta empresa fueron atacadas por los manifestantes- y entre la población de la isla mediterránea crece el temor sobre posibles problemas de abastecimiento. Como parte de la presión ejercida por la STC para que se anulen los procedimientos legales contra los secuestradores del buque Pascal Paoli, que pueden ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión y cuatro de los cuales seguían ayer detenidos en Tolón, los trabajadores de las dos grandes distribuidoras de carburante de Córcega se declararon en huelga, por lo que en las estaciones de servicio empieza a faltar gasolina.

En términos políticos, el estallido del conflicto de la SNCM no hace sino adelantar unos pocos días el anunciado otoño caliente que los sindicatos habían prometido al Gobierno conservador. El próximo 4 de octubre todas las centrales sindicales han convocado una movilización unitaria contra la política social y económica del Ejecutivo de De Villepin. No es de extrañar que el semblante relajado del jefe del Gobierno se transformara durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, dedicada casi exclusivamente a responder sobre los traspiés de los miembros de su Ejecutivo como, por ejemplo, la propuesta de su ministro de Justicia de imponer de forma retroactiva el brazalete electrónico a delincuentes sexuales o la de su gran rival político y ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, de aplicar la castración química a los violadores reincidentes.

El primer ministro francés, Dominique de Villepin (derecha), y el ministro de Finanzas, Thierry Breton, en París ayer.
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