Todos los grupos menos el PP avalan el Consejo de Justicia de Cataluña

Todos los grupos del Parlamento de Cataluña menos el PP votaron ayer favorablemente al conjunto del título de Justicia del nuevo Estatuto catalán, que establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña será la última instancia judicial en esta comunidad y que se reservará para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. En base al nuevo texto, también se creará el Consejo de la Justicia de Cataluña, que asumirá en el ámbito territorial catalán muchas de las competencias que ahora tiene el Consejo General del Poder Judicial.

Para hacerse efectivas esas novedades incluidas en ...

Todos los grupos del Parlamento de Cataluña menos el PP votaron ayer favorablemente al conjunto del título de Justicia del nuevo Estatuto catalán, que establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña será la última instancia judicial en esta comunidad y que se reservará para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. En base al nuevo texto, también se creará el Consejo de la Justicia de Cataluña, que asumirá en el ámbito territorial catalán muchas de las competencias que ahora tiene el Consejo General del Poder Judicial.

Para hacerse efectivas esas novedades incluidas en el nuevo Estatuto deberán reformarse 10 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tanto las fuerzas del tripartito como Convergència i Unió no tienen ninguna duda sobre la plena constitucionalidad del nuevo Estatuto en materia de justicia. Pero desplegar su contenido "no será una labor fácil". Lo reconocía ayer, incluso antes de la aprobación de este título, el consejero de Justicia catalán, Josep Maria Vallès, quien recordaba la postura de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha mostrado su más firme rechazo a la creación de consejos de justicia autonómicos y ha acusado al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de reformar la justicia a causa de los compromisos adquiridos por el PSOE con el Gobierno tripartito.

Frente a estas críticas, Vallès defendió con uñas y dientes el pleno encaje en la Constitución del título dedicado a la justicia. "Este redactado no sólo es plenamente constitucional, sino que además es aplicable a cualquier otra comunidad que así lo desee".

Entre las nuevas medidas que el Gobierno catalán prevé conflictivas se encuentra la prevista en el artículo 97.1, según el cual los magistrados y los jueces que ocupen una plaza en Cataluña "han de acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán". Ahora ese conocimiento es un mérito a la hora de concursar en la carrera judicial, no un requisito.

Pero si esta medida ya levanta no pocas ampollas en el Partido Popular, lo que realmente motivó el voto contrario de los 15 diputados de este grupo al conjunto del título fue la creación del Consejo de la Justicia de Cataluña. Y es que, según el diputado Jordi Montanya, ello supone la "desconcentración del CGPJ". Según el nuevo Estatuto, el Consejo de la Justicia de Cataluña será quien proponga al CGPJ el presidente del Tribunal Superior catalán y, además, podrá expedientar y sancionar a jueces y magistrados; "participar" en la inspección de juzgados; desarrollar y aplicar los reglamentos del CGPJ; informar de las propuestas de cambio de las demarcaciones de los órganos jurisdiccionales y de la creación de juzgados. Es decir, asumir en el ámbito territorial catalán muchas de las funciones que ahora tiene asignadas el órgano de gobierno de los jueces. El futuro Consejo estará presidido por el presidente del TSJC y lo integrarán otros seis miembros, nombrados -por un periodo de seis años- por el CGPJ a propuesta del Parlamento catalán.

Esta atribución de competencias generó todo tipo de críticas en los escaños del PP. El diputado Jordi Montanya, sin embargo, defendió la idea de que el TSJC sea la última instancia judicial en esta comunidad.

Otro de los capítulos aprobados ayer prevé la creación de la figura del fiscal superior de Cataluña, como representante de la fiscalía en esta comunidad. Este cargo sería nombrado por el Gobierno central a partir de una terna propuesta por el Gobierno catalán. En el proceso no intervendrían, en contra de lo que sucede ahora, ni el Consejo Fiscal ni el fiscal general del Estado.