Un pacto con los ciudadanos
Los noes francés y neerlandés a la Constitución Europea han creado dudas acerca del rumbo que adquirirá el proceso de integración en el futuro. Desde el punto de vista legal, la Constitución adoptó la forma de un tratado internacional, por lo que su ratificación requiere el consentimiento de todos los Estados. Desde un punto de vista político, los resultados negativos obtenidos en los dos referendos no pueden pasarse por alto; cualquier intento de hacer caso omiso de estos resultados provocaría el efecto contrario a lo que el proceso pretendía originariamente: hacer la Unión Europea más...
Los noes francés y neerlandés a la Constitución Europea han creado dudas acerca del rumbo que adquirirá el proceso de integración en el futuro. Desde el punto de vista legal, la Constitución adoptó la forma de un tratado internacional, por lo que su ratificación requiere el consentimiento de todos los Estados. Desde un punto de vista político, los resultados negativos obtenidos en los dos referendos no pueden pasarse por alto; cualquier intento de hacer caso omiso de estos resultados provocaría el efecto contrario a lo que el proceso pretendía originariamente: hacer la Unión Europea más democrática y "volver a conectarla" con sus ciudadanos.
Cualquier solución a la crisis actual deberá buscarse de forma colectiva en el ámbito europeo. Hoy por hoy, la posibilidad de una repetición de los referendos en Francia y los Países Bajos no cuenta con ninguna credibilidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha planteado ninguna opción alternativa viable. Con o sin la Constitución Europea, cualquier intento de resolver la crisis actual seguirá siendo inútil si entre tanto los políticos europeos no consiguen revisar en profundidad su manera de actuar.
En el Consejo Europeo del pasado junio, los líderes europeos inauguraron un "periodo de reflexión". Es esencial que esta promesa se tome en serio y que el tiempo se emplee de forma productiva. ¿Qué hacer durante este periodo de reflexión? En nuestra opinión, el debate, contribuya o no a un entorno político en el que resulte viable resucitar la Constitución, no debería centrarse en el texto en sí. Más bien, los líderes europeos deberían emplear este "periodo de reflexión" en demostrar de manera convincente que se toman muy en serio el resultado negativo en estos dos referendos. En vez de "vender" la Constitución, el periodo de reflexión debería atacar directamente el malestar más general con respecto a la UE que caracteriza la actitud de una proporción creciente de la población europea.
Como señal clara de su determinación de tender la mano a los ciudadanos, los políticos europeos deberían suscribir un sólido Pacto que afronte con medidas concretas el déficit democrático y de comunicación de la UE. El principal objetivo de dicho "Pacto con los Ciudadanos" sería desarrollar un auténtico "Espacio Europeo Cívico y Democrático". El Pacto con los Ciudadanos tendría como objetivo establecer unas mejores condiciones para el debate sobre el futuro rumbo de la UE. Fomentaría una dimensión europea en el debate público que contribuiría a contrarrestar la "nacionalización" del debate europeo.
La iniciativa en torno a este Pacto debería representar un esfuerzo concertado por parte de todas las instituciones europeas. Por ello, debería ir más allá de un mero texto declaratorio. Mediante la adopción de dicho Pacto deberían obtenerse compromisos vinculantes con respecto a su contenido básico por parte de todos los actores políticos involucrados.
En cuanto a su contenido, el Pacto con los Ciudadanos debería incluir compromisos para una mejor comunicación por parte de los actores nacionales y europeos, cambios estructurales a corto plazo y el desarrollo de una estrategia a largo plazo para afrontar las deficiencias democráticas de la UE. Debería también ofrecer medidas prácticas y visibles que tengan un impacto significativo en la capacidad de los ciudadanos de exigir cuentas a quienes toman las decisiones a nivel europeo y dejar una profunda huella en el modo en que se debaten y deciden los asuntos europeos. Aunque dichas acciones pueden preverse dentro de los límites de los tratados existentes y, por tanto, no exigen ninguna modificación de los mismos (y por ende tampoco ratificación alguna), el Pacto debería basarse en un amplio consenso político.
A continuación se mencionan algunas medidas específicas que podrían formar parte de dicho "Pacto con los Ciudadanos".
Primero, todos los parlamentos nacionales deberían comprometerse de forma oficial a debatir públicamente las iniciativas de política europea que afecten especialmente a los ciudadanos.
Segundo, los jefes de Estado y de Gobierno deberían explicar ante el Parlamento de su país su postura con respecto a las prioridades de la presidencia de la UE, así como las posturas que han adoptado durante la presidencia anterior.
Tercero, tanto los eurodiputados como los comisarios europeos deberían dedicar una proporción aún mayor de su tiempo a participar en debates nacionales sobre asuntos europeos. Esto permitiría a la ciudadanía europea tener una idea más ajustada de lo que la UE puede hacer realmente, y también lo que no puede hacer.
Cuarto, todos los Gobiernos nacionales deberían publicar de forma periódica boletines con información objetiva sobre las últimas decisiones y propuestas de la UE. Los boletines informativos servirían para atraer la atención del público y los medios de comunicación sobre las decisiones de la UE en un momento inicial para evitar así acusaciones posteriores en torno a la culpa o responsabilidad de los diferentes actores.
Quinto, deberían organizarse debates públicos sobre asuntos europeos con la participación de políticos y de la sociedad civil. Dichos foros no deberían promover un punto de vista concreto, sino actuar como entorno neutral para un debate abierto y sin censuras. Deberían considerarse, no sólo a nivel nacional, sino también europeo, nuevos métodos de democracia participativa a fin de maximizar la participación de los ciudadanos en la formulación de políticas.
Sexto, el Pacto con los Ciudadanos podría quizás poner en práctica una serie de elementos no polémicos del Tratado Constitucional que mejoren la democracia y no requieran ratificación. Entre éstos podría estar la iniciativa popular para convocar referendos a escala europea, la apertura al público de las sesiones y votaciones del Consejo (de Ministros) de la Unión, así como el "procedimiento de alerta temprana" que la Constitución Europea ponía a disposición de los parlamentos nacionales. Estas medidas demostrarían la existencia de voluntad política para hacer la UE más democrática y transparente.
Séptimo, debería existir un enfoque a largo plazo para atajar el problema del déficit democrático de la UE, incluyendo medidas que requieran una modificación de los tratados existentes. La Comisión Europea, en colaboración con el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, organizaciones ciudadanas y otros actores de la sociedad civil debería definir una estrategia en materia de "Vida Cívica y Democrática de la Unión". Dicha estrategia podría adoptar la forma de un Libro Blanco que explicaría en detalle las medidas legislativas necesarias para crear un verdadero "Espacio Europeo Cívico y Democrático".
Octavo, entre las futuras medidas legislativas europeas de importancia podría incluirse una evaluación de impacto cívico y democrático que especificase el modo en que se han tenido en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos a la hora de elaborar cada propuesta y cuál será el impacto probable de la iniciativa legislativa en sus intereses.
Esta breve lista de sugerencias para un "Pacto con los Ciudadanos" no es de ningún modo exhaustiva. Nuestra intención es mostrar lo que podría ser posible si se dispusiera de los recursos necesarios y prevaleciera la determinación política sobre el sentimiento actual de crisis y perplejidad. En este sentido, el "Pacto con los Ciudadanos" podría suponer una iniciativa satisfactoria de cara a la creación de un sentimiento de pertenencia y participación crucial entre los ciudadanos y la Unión Europea.
Además de José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política en la UNED e investigador principal para Europa en el Real Instituto Elcano, firman este artículo: Julia De Clerck-Sachsse, Marco Incerti, Sebastián Kurpas y Justus Schönlau (CEPS, Bruselas); Ben Crum (Vrije Universiteit Amsterdam); Daniel Keohane (CER, Londres); Anna de Klauman y Anne Mette Vestergaard (DIIS, Copenhague); Martin Koopman (DGAP, Berlín); David Kràl (EUROPEUM, Praga); Fredrik Langdal (SIEPS); y Gaëtane Richard-Nihoul (Notre Europe, París). El texto es fruto de una iniciativa de los miembros de la Red de Institutos de Política Europea (EPIN).