Las pensiones representan casi un tercio de las políticas de gasto

El Estado dedica casi un tercio de sus políticas de gasto (el 31,4%) a las pensiones. Este capítulo, uno de los más nutridos del Presupuesto, crecerá un 6,9% el año próximo, hasta alcanzar los 84.681 millones de euros. El porcentaje es importante, aunque está por debajo de la media global de gasto del Presupuesto (7,6%). Los pensionistas más beneficiados de estos incrementos retributivos serán los perceptores de pensiones mínimas, que cobran unos tres millones de personas en España.

Las prestaciones mínimas aumentarán entre el 5% si el beneficiario no tiene cónyuge a cargo y el 6,5% si ...

El Estado dedica casi un tercio de sus políticas de gasto (el 31,4%) a las pensiones. Este capítulo, uno de los más nutridos del Presupuesto, crecerá un 6,9% el año próximo, hasta alcanzar los 84.681 millones de euros. El porcentaje es importante, aunque está por debajo de la media global de gasto del Presupuesto (7,6%). Los pensionistas más beneficiados de estos incrementos retributivos serán los perceptores de pensiones mínimas, que cobran unos tres millones de personas en España.

Las prestaciones mínimas aumentarán entre el 5% si el beneficiario no tiene cónyuge a cargo y el 6,5% si lo tiene. A estos porcentajes habrá que sumarles la desviación de la inflación respecto al 2% previsto. Ese dato se conocerá en diciembre, cuando se haga público el índice de precios al consumo de noviembre, el que se toma como referencia. El Ejecutivo cuenta, no obstante, con una aproximación. El año pasado la inflación se desvió ese mes 1,5 puntos. De repetirse esta cifra, las pensiones mínimas crecerían entre un 6,5% y un 8%, nivel casi idéntico al de 2005.

Las pensiones mínimas van desde 132 euros mensuales por orfandad hasta 786 por incapacidad permanente con gran invalidez.

Más incertidumbre existe sobre las pensiones no contributivas (la perciben personas que no han cotizado nunca). El Ejecutivo propone para ellas un incremento igual al de las pensiones medias, es decir, el 2% de inflación prevista más la desviación. Pero los socios parlamentarios de Izquierda Verde han exigido una mejora sobre estos porcentajes para dar su visto bueno a las cuentas del Estado para 2004.

Tras reunirse con éste y otros grupos parlamentarios, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se mostró la semana pasada dispuesto a "hacer un esfuerzo" y llegar a ese 4,5%. Ayer, el vicepresidente Solbes se ciñó a la oferta inicial al asegurar que subirán el 2% más la revalorización, aunque ésta es aún materia sujeta a negociación.

Las prestaciones del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, un sistema en extinción) subirán un 3% más la desviación de inflación.

Fondo de Reserva

El Fondo de Reserva, la hucha de la Seguridad Social para el pago de pensiones, recibirá 6.266 millones de euros más. Con esta cantidad, el fondo acumulará 32.917 millones.

También los funcionarios se toparán el año próximo con mejores incrementos retributivos. La partida de personal del Estado subirá un 8,2%, aunque el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, aclaró que ese incremento no implica una subida igual en los salarios. La masa salarial, explicó el ministro, crecerá un 3,1%.

El resto del aumento obedece a aumentos de plantilla en determinados ámbitos de la Administración, principalmente en fuerzas armadas, seguridad y justicia. Así, los gastos de personal en los ministerios de Justicia e Interior crecen alrededor del 12%. En Defensa aumentan menos, el 7,8%.

El aumento salarial anunciado por Solbes coincide con el acuerdo alcanzado en julio entre el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y los sindicatos. Ese porcentaje se desglosa en un 2% de inflación prevista más la mejora de las pagas extraordinarias, inferiores al salario ordinario. Se trata, según Sevilla, de la mejor subida retributiva para los empleados públicos en los últimos 12 años. En total, el Estado gastará en personal 22.117 millones de euros.

Solbes descartó incluir una partida para prejubilaciones en 2005, dejando así en suspenso la propuesta del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de emprender un plan de modernización en la función pública. Para Solbes, la modernidad no se debe basar sólo en retirar a los funcionarios de mayor edad.