El PSOE pretende destapar las contradicciones de Rajoy

El Gobierno apoya la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, pactada por el PP y PSPV, y estima que su tramitación en el Congreso, al ser la primera, marcará la pauta de las demás reformas estatutarias. "Su tramitación en el Congreso, donde el texto será enmendado, pone de manifiesto el papel de la Cámara baja como sede de la soberanía nacional", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Esta primera reforma que llega con un amplio grado de consenso pone también de relieve, según el ministro, la "necesidad del proceso autonómico" con "la singularidad de qu...

El Gobierno apoya la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, pactada por el PP y PSPV, y estima que su tramitación en el Congreso, al ser la primera, marcará la pauta de las demás reformas estatutarias. "Su tramitación en el Congreso, donde el texto será enmendado, pone de manifiesto el papel de la Cámara baja como sede de la soberanía nacional", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Esta primera reforma que llega con un amplio grado de consenso pone también de relieve, según el ministro, la "necesidad del proceso autonómico" con "la singularidad de que es un Gobierno autonómico del PP el que la ha presentado, cuando su líder, Mariano Rajoy, ha manifestado reiteradamente que las reformas estatutarias son innecesarias". "No deja de ser llamativo y positivo este cambio de actitud", añade el ministro.

El Gobierno socialista espera que las iniciativas de reforma del Ejecutivo valenciano, que el PP ha respaldado, sean también apoyadas cuando se recojan en los nuevos estatutos de otras comunidades en las que no gobierna. Al menos, seis de las iniciativas que presenta el Estatuto valenciano han sido rechazadas, según el Gobierno, en los discursos de los dirigentes del PP cuando se han referido a comunidades en las que ellos no gobiernan.

Son las que siguen:

- Administración de la Justicia. La reforma del Estatuto valenciano sitúa al Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano como la última instancia judicial en la comunidad, excepto en asuntos de unificación doctrinal, cuya competencia se reserva el Tribunal Supremo. Aplicará esta propuesta cuando la promulgue una ley orgánica, anunciada por el Gobierno socialista. Cuando el PSOE anunció esta iniciativa, en su programa electoral de 2004, el PP la rechazó, tras calificarla de "ruptura del Poder Judicial".

- Agencia tributaria consorciada.

La reforma recoge la creación del Servicio Tributario Valenciano, cuya actividad coordinará con la Agencia tributaria del Estado. Esta iniciativa autonómica, recogida también en el programa electoral del PSOE de 2004, fue rechazada absolutamente por el PP.

- Consultas populares. El texto de la reforma concede al presidente la Generalitat valenciana la posibilidad de celebrar consultas populares en el ámbito de la Comunidad Valenciana sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales, con la salvedad de "lo que determine la legislación del Estado". El PP se ha opuesto sistemáticamente a las "consultas populares".

- Derechos históricos. La reforma propone la recuperación del derecho civil valenciano, derogado en el siglo XVIII. Para ello se ampara en la disposición adicional primera de la Constitución. Esta cuestión suscita "dudas" en el Gobierno pues la disposición adicional de la Constitución "sólo se refiere a las comunidades forales". El PP coincidió con el Gobierno en rechazar la reclamación de los "derechos históricos" cuando lo plantearon los nacionalistas para el Estatuto catalán.

- Endeudamiento de los entes locales y aeropuertos. Ambas reclamaciones, recogidas en la reforma, han sido rechazadas sistemáticamente por el PP para otras comunidades autónomas.