Peces-Barba alerta de la falta de coordinación en las ayudas a víctimas

El primer informe de actividad del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, encabezado por Gregorio Peces-Barba, señala que "no existe la debida coordinación administrativa entre los órganos de la propia Administración General del Estado" en la gestión y prestación de ayuda a las víctimas. El informe plantea que las víctimas tengan "un tratamiento específico" dentro de la sanidad pública.

En el informe, además de aspectos de gestión y sobre prestaciones, se abordan problemas como la necesidad de información y de una mayor atención psicológica a determinados colectivos de...

El primer informe de actividad del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, encabezado por Gregorio Peces-Barba, señala que "no existe la debida coordinación administrativa entre los órganos de la propia Administración General del Estado" en la gestión y prestación de ayuda a las víctimas. El informe plantea que las víctimas tengan "un tratamiento específico" dentro de la sanidad pública.

En el informe, además de aspectos de gestión y sobre prestaciones, se abordan problemas como la necesidad de información y de una mayor atención psicológica a determinados colectivos de afectados. También se analizan cuestiones relacionadas con las indemnizaciones y el reconocimiento de la condición de víctima.

En las conclusiones de la labor realizada y de las propuestas de acción del Alto Comisionado desde su creación el pasado mes de diciembre, se destaca la creación de la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.

"Las competencias del Ministerio del Interior, las de Trabajo y Asuntos Sociales, las de Sanidad e incluso las de Economía y Hacienda, se están ejerciendo con base en el principio de inmediatez", reza el informe que añade, sin embargo: "Apenas existe coordinación con la actuación en cuanto a prestaciones de las comunidades Autónomas y de las Administraciones locales". Además de estas conclusiones, el informe plantea una serie de propuestas, como que la condición de víctima del terrorismo tenga "un tratamiento específico dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud", que se desarrolle en "un marco común para todas las Administraciones Públicas".

También incide en la necesidad de un esfuerzo de los poderes públicos y de las entidades privadas en la inserción social y laboral de las víctimas, que debe concretarse en un plan conjunto que satisfaga a las necesidades de los afectados.

Alquiler de viviendas

Otro aspecto que analiza es el de la vivienda, cuestión por la que se propuso que en el Plan de Vivienda Pública se tuviera en cuenta la situación de las víctimas para obtener nuevos pisos que se adaptaran a sus condiciones físicas.

Asimismo, se propone que la nueva agencia de alquileres públicos establezca una línea específica dedicada a las víctimas del terrorismo. El Alto Comisionado considera que "el futuro exige un marco normativo integral que dé respuesta a todas las dimensiones de atención a las víctimas del terrorismo, más allá de las indemnizatorias o de reconocimiento mediante condecoraciones y medallas".

Al informe le acompaña una carta rubricada por Peces-Barba, en la que mantiene que en el Alto Comisionado han constatado, "desde el primer día, la existencia de muchos problemas de desconfianza y de recelos etre algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo". La carta añade: "El terrorismo no ha dejado de actuar en estos seis meses y aunque no ha causado víctimas mortales en España, es una amenaza permanente e incierta cualquiera que sea su origen, nacional o internacional".