LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El alcalde privatizará durante 25 años la red de alcantarillado y las depuradoras de agua

Un megacontrato de 750 millones dará a una sola empresa la gestión que ahora se reparten 11

Uno de los ases que guardaba en la manga el concejal de Hacienda, Juan Bravo, para cuadrar las cuentas de aquí a 2008 figura ya negro sobre blanco en el Plan Económico-Financiero presentado ayer: la cesión a una empresa privada, a cambio de 750 millones de euros, de toda la red de alcantarillado y de las siete depuradoras de agua de la ciudad durante los próximos 25 años. Ahora la gestión ya es privada, pero está en manos de 11 empresas diferentes, los contratos son por sólo cuatro años y, además, la propiedad la mantiene el Ayuntamiento (con el nuevo sistema, la cede temporalmente). El edil d...

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Uno de los ases que guardaba en la manga el concejal de Hacienda, Juan Bravo, para cuadrar las cuentas de aquí a 2008 figura ya negro sobre blanco en el Plan Económico-Financiero presentado ayer: la cesión a una empresa privada, a cambio de 750 millones de euros, de toda la red de alcantarillado y de las siete depuradoras de agua de la ciudad durante los próximos 25 años. Ahora la gestión ya es privada, pero está en manos de 11 empresas diferentes, los contratos son por sólo cuatro años y, además, la propiedad la mantiene el Ayuntamiento (con el nuevo sistema, la cede temporalmente). El edil de Hacienda aseguró que el "cambio en el modelo de gestión" no afectará al recibo del agua de los ciudadanos.

"El incremento más importante en las previsiones [de ingresos corrientes] se produce en el ejercicio 2006, como consecuencia del nuevo sistema de gestión de las depuradoras municipales", reza el Plan Económico-Financiero. En números, ese ingreso extra es de 475 millones de euros el año próximo, 138 millones en 2007 y 133 millones más en 2008. En total, casi 750 millones de euros. Eso es lo que pagará al municipio la empresa que logre hacerse con uno de los contratos más importantes impulsados por el Ayuntamiento (excepción hecha de las obras de la M-30).

La adjudicataria pagará todo el importe en los primeros tres años del contrato -es decir, que el Gobierno beneficiado por ese ingreso será el de Ruiz-Gallardón, y no los sucesivos-, pero mantendrá en su poder la red de alcantarillado -4.000 kilómetros de colectores subterráneos- y las siete depuradoras de Madrid durante casi tres décadas. A cambio de gestionar el saneamiento del agua recibirá de las arcas municipales lo mismo que ahora se paga, en total, a las 11 empresas que tienen encomendada esa gestión: unos 90 millones de euros al año.

La tasa por depuración del agua -incluida en el recibo que pasa a cobro cada dos meses el Canal de Isabel II- no será establecida "en ningún caso" por esta empresa privada, sino, como hasta ahora, por el Ayuntamiento. "Esto es sólo un cambio en el modelo de gestión, que ya existe, además, en otras ciudades españolas como Barcelona y Valencia, o europeas, como Londres o Berlín", insiste el coordinador de Medio Ambiente, Ignacio López-Galiacho. "Es verdad que la cesión es durante mucho más tiempo que ahora e incluye la propiedad de las infraestructuras. Pero la ciudad se beneficia porque el coste en mantenimiento de las instalaciones será igual a cero y, a cambio, ingresa casi de golpe 750 millones de euros", argumenta el edil Bravo.

La red de alcantarillado de la ciudad está repartida actualmente en cuatro zonas, que gestionan otras tantas empresas. A ellas se suman las siete sociedades privadas que se encargan de las depuradoras de aguas residuales. Otras dos empresas tienen adjudicado el tratamiento de los lodos y su explotación para aprovechamiento energético, algo que queda fuera del nuevo concurso.

Adiós a la Ley Especial

En el Plan Económico-Financiero presentado ayer por el alcalde no hay ni rastro de la pretendida Ley Especial de Madrid, la normativa que el Ayuntamiento negocia aún con el Gobierno central y con la que esperaba lograr un aumento de financiación para la ciudad.

El borrador de esa ley elaborado por la Concejalía de Hacienda reclamaba al Ejecutivo central una mayor participación en los impuestos parcialmente cedidos por el Estado (IRPF, IVA e impuestos sobre alcohol, tabacos y gasolina), participación que ahora no llega al 2%. A cambio, el Ayuntamiento renunciaba a la transferencia de mil millones que cada año le hace el Gobierno, y que, al ser fija, no depende de la bonanza económica de la capital.

Pero en las previsiones presupuestarias del Plan Económico-Financiero 2006-2008 sigue figurando esa transferencia, y los ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales no se modifican.

"Somos realistas: Barcelona pedía lo mismo [en su Carta Municipal] y no lo ha conseguido. Seguimos negociando con el Gobierno, pero no podemos contar con ese dinero", admiten fuentes de la Concejalía de Hacienda.

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