Cataluña recibe 18 millones para ayudas a personas dependientes

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la transferencia de 18 millones de euros al Departamento de Bienestar y Familia del Gobierno catalán para financiar programas de atención a personas dependientes. Esta aportación se suma al presupuesto del propio departamento para este año, que asciende a 476 millones. El importe con el que ha contado el Gobierno central para todas las autonomías ha sido de 50 millones y constituye el primer fondo estatal para proyectos de este tipo. La consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, subrayó que esta partida constituye "un aperitivo" de los recurso...

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la transferencia de 18 millones de euros al Departamento de Bienestar y Familia del Gobierno catalán para financiar programas de atención a personas dependientes. Esta aportación se suma al presupuesto del propio departamento para este año, que asciende a 476 millones. El importe con el que ha contado el Gobierno central para todas las autonomías ha sido de 50 millones y constituye el primer fondo estatal para proyectos de este tipo. La consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, subrayó que esta partida constituye "un aperitivo" de los recursos que establecerá la futura Ley de Dependencia, cuya presentación en el Congreso está prevista para octubre.

Esta ayuda permitirá mejorar y reforzar los centros de atención a las personas discapacitadas, cuya función principal consiste en la evaluación de su grado de dependencia, así como los servicios de atención domiciliaria, el programa de ayuda y atención social a las personas con disminución, la asistencia a las personas mayores que viven en zonas rurales y el desarrollo del nuevo programa para la dependencia, diseñado en colaboración con los servicios sanitarios de la Generalitat. Estos programas buscan mejorar la calidad de vida de aquellas personas que no son del todo autónomas.

Simó manifestó su satisfacción por la transferencia del Gobierno, que ha llegado ocho meses después de la aprobación de los presupuestos para 2005, y declaró que supone "un reconocimiento importante de las personas dependientes en Cataluña y de la calidad de los proyectos del Gobierno catalán". España alberga a 1.125.190 personas con problemas de dependencia, de las cuales unas 332.000 (el 30%) residen en territorio catalán, de las que 210.000 son mayores de 65 años.