Los expertos del Gobierno rechazan el Estatuto que plantea el tripartito

"La ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución, por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen". Así se pronuncia uno de los tres informes encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas a expertos juristas sobre la ordenación competencial que plantea la reforma del Estatuto de Cataluña. En otro texto, los juristas ven inviable la apelación que CiU y ERC hacen a los derechos históricos para blindar competencias.

"El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma clara y reiterada la ...

"La ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución, por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen". Así se pronuncia uno de los tres informes encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas a expertos juristas sobre la ordenación competencial que plantea la reforma del Estatuto de Cataluña. En otro texto, los juristas ven inviable la apelación que CiU y ERC hacen a los derechos históricos para blindar competencias.

"El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma clara y reiterada la interpretación de la apertura del ordenamiento constitucional a través de los derechos históricos", afirma uno de los documentos que maneja el Gobierno. "La vía de un reconocimiento ilimitado de los derechos históricos es un caballo de Troya historicista que contradice los principios básicos de cualquier ordenamiento jurídico", añade.

Los tres informes se refieren a la distribución territorial del poder, la ordenación competencial y los derechos históricos. Los textos están firmados por tres catedráticos de Derecho Constitucional y una de Derecho Administrativo. Se trata de Luis Ortega, Francisco Balaguer, José Antonio Montilla y Cristina Elías.

Los expertos enumeran sus dudas sobre la reforma: "La ampliación de competencias sin base constitucional, la reordenación de categorías competenciales con criterios contrarios a la Constitución y la desconexión entre los ámbitos competenciales y las perspectivas financieras".