La 'acción de oro' se mantiene en 141 empresas de 15 países de la UE
En la UE quedan aún 141 sociedades con acción de oro (derecho de veto de los Gobiernos a determinadas entradas en el capital). Esas sociedades pertenecen a 15 países del club, según destaca Bruselas en el primer informe sobre esos derechos especiales, incompatibles con el principio comunitario de la libertad de circulación de capitales.
Entre esas sociedades figuran las españolas Telefónica, Repsol y Endesa. El Tribunal de la UE ya condenó por ese motivo a España hace dos años y ahora el Gobierno está modificando la legislación. Bruselas, no obstante, cree que los Veinticinco han...
En la UE quedan aún 141 sociedades con acción de oro (derecho de veto de los Gobiernos a determinadas entradas en el capital). Esas sociedades pertenecen a 15 países del club, según destaca Bruselas en el primer informe sobre esos derechos especiales, incompatibles con el principio comunitario de la libertad de circulación de capitales.
Entre esas sociedades figuran las españolas Telefónica, Repsol y Endesa. El Tribunal de la UE ya condenó por ese motivo a España hace dos años y ahora el Gobierno está modificando la legislación. Bruselas, no obstante, cree que los Veinticinco han hecho "progresos satisfactorios" en estos años pasados. Las sociedades en las que los Gobiernos aún tuienen derechos restrictivos son de telecomunicaciones, energía, correos, banca o seguros. Los países con más sociedades son la República Checa (tuvo 100 y ahora son 37), Polonia (había 77 y hay 49) y Hungría (31). Entre los antiguos socios de la UE, figuran, con cuatro, Italia (ENI, ENEL, Telecom Italia y Finmeccanica) y Reino Unido (BAE, Rolls-Royce, British Energy y Devonport Dockyard); con tres, España, y con dos, Francia (Thales y EADS), y Holanda (KPN y TNT). Pero también hay casos aislados en Alemania, Finlandia, Irlanda, Austria o Luxemburgo.
España estableció en 1985 la acción de oro para Argentaria (bando fusionado con el BBV), Tabacalera (hoy Altadis), Telefónica, Repsol y Endesa. La Comisión denunció el caso y lo ganó en 2003. Las restricciones se aplican sólo en los tres últimos casos.