Noguera logra ver la contabilidad de Ciegsa pero la empresa pública le niega las facturas
Caturla impide entrar a dos de los tres diputados socialistas que acudieron a la sede
Los responsables de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) impidieron ayer que dos de los tres diputados socialistas que pretendían examinar sus polémicas cuentas accedieran a ellas y sólo se las dejaron ver a la parlamentaria Ana Noguera, a la que, no obstante, únicamente le permitieron ver el libro mayor de contabilidad. Allí, la diputada observó asientos que le llamaron la atención y cuando pidió las correspondientes facturas de proveedores, le dijeron que para eso tendría que hacer una petición específica. La empresa aseguró que actuó...
Los responsables de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) impidieron ayer que dos de los tres diputados socialistas que pretendían examinar sus polémicas cuentas accedieran a ellas y sólo se las dejaron ver a la parlamentaria Ana Noguera, a la que, no obstante, únicamente le permitieron ver el libro mayor de contabilidad. Allí, la diputada observó asientos que le llamaron la atención y cuando pidió las correspondientes facturas de proveedores, le dijeron que para eso tendría que hacer una petición específica. La empresa aseguró que actuó con la máxima transparencia, cumpliendo "con exquisita rigurosidad" el Reglamento de las Cortes Valencianas.
Después de casi 45 minutos de discusión a la puerta principal de la sede de la empresa -en la cuarta planta de un edificio de la calle del Pintor Sorolla- acerca de quién podía y quién no podía entrar a examinar la documentación solicitada, finalmente Ana Noguera subió sola a la quinta planta del edificio, donde, según le había asegurado de forma reiterada el responsable de relaciones institucionales de Ciegsa, Miguel Barranca, en la sala de juntas le esperaba el consejero delegado y secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, con "toda" la información que la diputada había solicitado. Eso sí, la inicial invitación a la diputada de que accediera acompañada de un técnico no se materializó. Noguera dijo que subiría con Manuel Mata, pero Barranca se negó porque no estaba "acreditado". El abogado y portavoz de la ejecutiva del PSPV le explicó que los grupos parlamentarios de las Cortes no cuentan con asesores y que él tiene poderes del partido. El dirigente de Ciegsa le preguntó si los llevaba consigo.
Lo que Noguera encontró en la quinta planta no era lo que había pedido: allí, dijo, no aparecían por ninguna parte los documentos relativos a las adjudicaciones de obra de Ciegsa, empresa pública de la Generalitat destinada a la construcción de colegios, que sólo puso a disposición de Noguera el libro mayor de contabilidad. Como quiera que no es especialista en la materia -y dado que no le facilitaban copia ni le permitían fotografiar los documentos- Noguera echó mano del teléfono para hablar con Enrique Villarreal, que aguardaba en la planta inferior con Isabel Escudero, Andrés Perelló y Mata. Pero por teléfono era difícil interpretar las cuentas y Noguera pidió bajar para enseñárselas al secretario de economía del PSPV. Permiso denegado. Pero, sorprendentemente, y a pesar de que tampoco estaba "acreditado", los responsables de Ciegsa permitieron que Villarreal subiera a la quinta planta.
Allí los dirigentes socialistas repasaron el libro de contabilidad y tomaron nota de algunos asientos que les llamaron la atención. Cada vez que veían algo llamativo, pedían la correspondiente factura. Y cada vez la respuesta que recibían de los responsables de la empresa era la misma: "Eso nos lo pides por escrito", en una iniciativa parlamentaria aparte.
Entre los asientos del libro mayor de contabilidad de Ciegsa que llamaron la atención de los responsables socialistas, Noguera citó los correspondientes al despacho de abogados Broseta. La diputada aseguró que todos los meses aparecen dos facturas de este bufete, una por asesoría fiscal, de 2.494 euros, y otra de asesoría laboral, de 2.499 euros. Pero, además, aparecen apuntes correspondientes a informes adicionales por importes que llegan a alcanzar, al menos en dos casos, los 30.000 euros. Se trata, según ha podido saber EL PAÍS, de facturas presentadas por Broseta a raíz de la auditoría interna que le fue encargada por los nuevos responsables cuando el Consell de Francisco Camps decidió intervenir Ciegsa, hasta entonces bajo control de los zaplanistas. También sorprendió a la socialista un pago al Valencia Club de Fútbol por importe de 130.000 euros. Noguera pidió la factura, pero recibió la misma respuesta: "Eso nos lo pides por escrito".
Otro tanto ocurrió con los apuntes relativos al alquiler de las tres plantas del edificio en el que Ciegsa tiene su sede: dos de ellas arrendadas a una empresa por 10.000 euros mensuales cada una y la tercera, de similares dimensiones, a otra mercantil, pero por sólo 3.500 euros al mes. Noguera pidió los contratos de arrendamiento. La respuesta se repitió: "Eso nos lo pides por escrito".
Máximo Caturla criticó el "show" organizado por los socialistas y aseguró: "Hemos facilitado el acceso a la documentación requerida por Noguera con la máxima transparencia y con las aclaraciones oportunas solicitadas" por ella "y su técnico experto en contabilidad, que también ha accedido a la reunión previa petición de la diputada".
Forcejeo con el reglamento
La sede de la empresa Ciegsa en un céntrico edificio de Valencia vivió ayer una escena comparable a la del camarote de los hermanos Marx. En el descansillo de la cuarta planta del edificio, en un espacio de apenas seis metros cuadrados delimitado por la puerta del ascensor, la de la escalera y el acceso a las oficinas se apiñaron a las 12 del mediodía los tres diputados socialistas -Ana Noguera, Isabel Escudero y Andrés Perelló-, sus dos asesores -Manuel Mata, abogado y portavoz de la ejecutiva nacional del PSPV, y Enrique Villarreal, secretario de economía del partido-, el notario Vicente Tomás, cuatro cámaras de televisión, media docena de fotógrafos y una decena de redactores. El responsable de relaciones institucionales de la empresa pública, Miguel Barranca, estratégicamente colocado bajo el dintel de la puerta de acceso a la sede y con personal de la empresa y responsables de la Consejería de Educación a sus espaldas, no se movió de allí en los tres cuartos de hora que duró la discusión que entabló con los socialistas. Barranca apeló al Reglamento de las Cortes para decir que sólo podían entrar Noguera, como firmante de la petición de información -que, según indicó reiteradamente, tenía a su disposición en la quinta planta-, y un asesor debidamente acreditado. Los otros dos diputados, no. Ni siquiera Isabel Escudero, que, en su condición de portavoz adjunta, firmaba también la petición de documentación y que en la anterior visita sí que entró. El Reglamento no dice nada de eso ya que el artículo 9 se limita a señalar que los diputados podrán solicitar la documentación que estimen necesaria para su labor de fiscalización de la Administración. Los socialistas acusaron a los responsables de la empresa de dañar sus derechos como parlamentarios y amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional. Barranca les acusó de preferir montar un [CDATA[]]>show]]> a que Noguera viera los papeles.
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