Generalitat y Ayuntamiento crean una bolsa de alquiler social para rescatar pisos vacíos

El padrón municipal sitúa entre 70.000 y 80.000 el número de viviendas vacías en Barcelona, pero otros trabajos de campo apuntan que el número real oscila entre 20.000 y 25.000, que siguen siendo muchas en una ciudad con graves problemas en este aspecto. El objetivo de la Generalitat y el Ayuntamiento al crear una bolsa de pisos de alquiler social es dar garantías a los propietarios de viviendas vacías para que las saquen al mercado. El plan supone ayudas a la rehabilitación con una aportación de 6.000 euros a fondo perdido y la posibilidad de que la Administración se encargue de las mejoras....

El padrón municipal sitúa entre 70.000 y 80.000 el número de viviendas vacías en Barcelona, pero otros trabajos de campo apuntan que el número real oscila entre 20.000 y 25.000, que siguen siendo muchas en una ciudad con graves problemas en este aspecto. El objetivo de la Generalitat y el Ayuntamiento al crear una bolsa de pisos de alquiler social es dar garantías a los propietarios de viviendas vacías para que las saquen al mercado. El plan supone ayudas a la rehabilitación con una aportación de 6.000 euros a fondo perdido y la posibilidad de que la Administración se encargue de las mejoras.

"En realidad lo que hacemos es copiar el sistema que ya pusieron en marcha el Ayuntamiento de Barcelona y otros municipios catalanes, y reforzarlo para lograr movilizar cuantos más pisos mejor", resumió Ricard Fernández, secretario de Vivienda de la Generalitat, en la firma del convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

El modelo lo implantó el Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) hace cinco años y el resultado es que ha movilizado más de 700 pisos para alquiler social haciendo de intermediario entre los propietarios y familias con rentas bajas que les imposibilitaban acceder al mercado libre de alquiler, según explicó ayer Eugeni Forradellas, presidente del PMH.

El convenio firmado mejora las garantías de los propietarios, que también podrán acogerse a ayudas para la rehabilitación. Éstas serán de 6.000 euros a fondo perdido si en los seis meses anteriores a la firma del contrato se han hecho obras de mejora en la vivienda. La ayuda puede ser de 12.000 euros más, que se descontarán de la renta, si es necesaria una reforma de más envergadura. Si el propietario no quiere ocuparse de la rehabilitación, la Administración puede encargar los trabajos, según precisó Miquel Bonilla, director de Adigsa, la empresa de la Generalitat de gestión de la vivienda.

Bonilla agregó que la bolsa asumirá la garantía de impago del alquiler por un espacio de ocho meses, que es el tiempo máximo que se prevé en caso de proceso judicial por desahucio. Asimismo se asumirán los daños que puedan producirse en las viviendas. De todo ello se responderá mediante la firma de una póliza de seguro que suscribirá el PMH, que gestionará la bolsa de vivienda social de Barcelona. También correrá a cargo del patronato la labor de captar pisos vacíos.

La Generalitat aportará a la bolsa 450 euros por cada contrato de alquiler firmado y el precio siempre será inferior a los del mercado, estará limitado a un máximo de nueve euros el metro cuadrado y no se podrán superar los 630 euros mensuales. Los pisos que entrarán en la bolsa serán de superficie media, generalmente de unos 70 metros cuadrados.

Los destinatarios de este tipo de vivienda son personas o unidades familiares con ingresos mínimos o que se encuentren en situaciones especiales, como familias monoparentales, mujeres que salen de un conflicto de violencia doméstica, personas en riesgo de exclusión social, inmigrantes con menos de cinco años de residencia en Cataluña, afectados por mobbing inmobiliario y parados, entre otros. Otra de las condiciones es que el precio del alquiler no suponga más del 45% de los ingresos mensuales, aunque la Administración podría cubrir la diferencia. Y entre los requisitos exigibles a los inquilinos, el principal es que no tengan vivienda -no sólo en Barcelona, sino en otras poblaciones- y que puedan demostrar ingresos regulares aunque provengan de rentas diferentes a las del trabajo. Los contratos tendrán una duración de cinco años y se podrán prorrogar. Los gastos de gestión de los contratos los asume el PMH, que no cobrará comisión alguna por la intermediación, según puntualizaron fuentes consultadas. El patronato se encargará también de velar por la buena utilización de la vivienda y de disponer de oficinas de atención al público para atender a los usuarios.

En la presentación del convenio con la Generalitat, suscrito por otros municipios catalanes, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, destacó que la experiencia del PMH en los últimos cinco años ha sido positiva e hizo un llamamiento a los propietarios a sacar al mercado los pisos deshabitados. "No se trata de hacer dinero, pero sí pueden obtener una renta moderada por poner un piso cerrado en el mercado. Lo que hacemos es un llamamiento a las personas que tienen pisos vacíos y quieran colaborar. A cambio, se les garantiza que su activo, antes inmovilizado,no se devaluará", señaló.

Lo que nadie, ni el alcalde ni el secretario de Vivienda de la Generalitat, se aventuró ayer a calcular fue el número de viviendas que podrían movilizarse con este sistema.