Mejor televisión

El Consejo de Ministros anunció ayer su plan de reforma del sector audiovisual destinado a dotar al ciudadano de una mayor oferta (a finales de este año se podrán ya ver un mínimo de 17 canales digitales y se adelanta a 2010 el apagón del sistema analógico), pero sobre todo a transformar la radio y televisión estatales en un servicio público independiente y no en un órgano sometido como hasta ahora a la grosera manipulación del Gobierno de turno. Como no hay antecedentes de tal cosa -fuera con Gobiernos de la UCD hasta los del PP pasando por los del mismo PSOE-, y está el pésimo ejemplo...

El Consejo de Ministros anunció ayer su plan de reforma del sector audiovisual destinado a dotar al ciudadano de una mayor oferta (a finales de este año se podrán ya ver un mínimo de 17 canales digitales y se adelanta a 2010 el apagón del sistema analógico), pero sobre todo a transformar la radio y televisión estatales en un servicio público independiente y no en un órgano sometido como hasta ahora a la grosera manipulación del Gobierno de turno. Como no hay antecedentes de tal cosa -fuera con Gobiernos de la UCD hasta los del PP pasando por los del mismo PSOE-, y está el pésimo ejemplo que dan todos los partidos en sus televisiones autonómicas, no puede extrañar que estos buenos propósitos susciten escepticismo. Hay que reconocer un buen antecedente: si algún Gobierno ha soltado el puño de hierro sobre los informativos de TVE ha sido el de Zapatero.

Está claro, en cualquier caso, que la aprobación de este plan confirma la voluntad del Gobierno y su compromiso de cambiar el sector y poner orden en la actual maraña legislativa. Gran parte de las recomendaciones hechas por el comité de expertos el pasado febrero están recogidas en los anteproyectos de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, ley general audiovisual y ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales presentados ayer. Es de esperar que ahora no desfallezca el esfuerzo reformista y que se haga rápidamente con el máximo de consenso político y social.

Entre las novedades más interesantes se cuenta la transformación del actual ente estatal en una sociedad anónima pública denominada Corporación RTVE con capital estatal y un director general seleccionado por concurso público, siguiendo el modelo de la BBC, a través de un Consejo de Administración que será elegido por el Parlamento por mayoría de dos tercios. La constitución del consejo cada seis años impedirá que su elección coincida con el calendario electoral cuatrienal. Será el máximo órgano responsable del ente y podrá ser destituido por el Congreso si incumple la estabilidad presupuestaria durante dos ejercicios consecutivos. Todos estos detalles permiten abrigar la esperanza de que, finalmente, se haga realidad práctica su independencia respecto al Gobierno.

Hay que asumir como irreversible la condonación de la pesada deuda de RTVE (más de 7.000 millones de euros), pero el Gobierno deberá explicar cómo y en cuántos plazos se hará, pues es el contribuyente quien pagará injustamente una factura debida a una pésima gestión de una empresa estatal. Tendrá que plantearse tarde o temprano la conveniencia de regular una abultada plantilla de más de 9.000 empleados. El modelo de financiación mixta de subvención pública, ingresos publicitarios y venta de producción propia es probable que no llegue a hacer completamente rentable la nueva sociedad, pero es sensato que al menos se marque tal objetivo. Por fin, después de casi una década hablándose de ello, se crea un consejo regulador de los medios audiovisuales con capacidad sancionadora a semejanza de la mayoría de países de la Unión Europea.

Por último, la decisión de convocar un concurso público para la concesión de un nuevo canal privado analógico que se sume a los tres ya existentes (Antena 3, Tele 5 y Canal +) debe entenderse ante todo como una oportunidad para el fortalecimiento del pluralismo y de una mayor oferta para el telespectador.