La nueva RTVE dejará de tener un director nombrado por el Gobierno

RTVE dejará de tener un director nombrado por el Gobierno, quedará sometida al control del Parlamento y de un Consejo Audiovisual independiente y tendrá una financiación mixta (subvención e ingresos publicitarios) mediante un contrato-programa con el Estado revisable cada tres años. Éste es el plato fuerte de la gran reforma de la radio y la televisión que hoy abordará el Consejo de Ministros y que comprende también la concesión mediante concurso público de un nuevo canal analógico y la creación de un Consejo Audiovisual de siete miembros, elegidos por el Congreso. España era el único país de ...

RTVE dejará de tener un director nombrado por el Gobierno, quedará sometida al control del Parlamento y de un Consejo Audiovisual independiente y tendrá una financiación mixta (subvención e ingresos publicitarios) mediante un contrato-programa con el Estado revisable cada tres años. Éste es el plato fuerte de la gran reforma de la radio y la televisión que hoy abordará el Consejo de Ministros y que comprende también la concesión mediante concurso público de un nuevo canal analógico y la creación de un Consejo Audiovisual de siete miembros, elegidos por el Congreso. España era el único país de la UE que carecía de este órgano.

Por primera vez en 25 años, el Gobierno se enfrenta a la reforma de RTVE. El anteproyecto de Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal sustituirá al Estatuto de 1980.

Para la nueva RTVE, el Ejecutivo ha tomado como punto de partida el informe elaborado durante nueve meses por el comité de sabios, en el que se perfilaban los cambios. La reforma va enfocada a preservar la independencia de RTVE, garantizar su misión de servicio público y dotarla de una financiación estable. Además, se elimina el aval ilimitado del Estado sobre la deuda, actualmente de 7.000 millones, y se impone un mayor control de la gestión.

El cambio más significativo afecta al nombramiento del director general, que pasará a ser designado por el Consejo de Administración, que cambia el sistema de elección y su número de integrantes. Los 12 miembros (elegidos por el Congreso y el Senado a partes iguales) que actualmente componen este organismo se rebajan a 10 y su mandato se amplía a seis años para no coincidir con la duración de una legislatura. Los candidatos serán nombrados con mayoría de dos tercios por el Congreso (cuatro) y por el Senado (cuatro). Los dos consejeros restantes serán propuestos por los sindicatos y votados por el Congreso.