El Gobierno de CiU recortó ayudas agrarias al errar en el cambio de pesetas a euros
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat se equivocó en la conversión de pesetas a euros y calculó mal las subvenciones otorgadas a las organizaciones sindicales que se presentaron a las elecciones a las cámaras agrarias de 2002.
Por aquel entonces, el convergente Josep Grau estaba al frente de este departamento.
Según el informe fiscalizador que presentó ayer la Sindicatura de Cuentas, la Generalitat, en lugar de dar 601,1 euros de subvención por miembro electo, el equivalente a 100.000 pesetas que fija el tipo de cambio aprobado por la Unión Europea, ...
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat se equivocó en la conversión de pesetas a euros y calculó mal las subvenciones otorgadas a las organizaciones sindicales que se presentaron a las elecciones a las cámaras agrarias de 2002.
Por aquel entonces, el convergente Josep Grau estaba al frente de este departamento.
Según el informe fiscalizador que presentó ayer la Sindicatura de Cuentas, la Generalitat, en lugar de dar 601,1 euros de subvención por miembro electo, el equivalente a 100.000 pesetas que fija el tipo de cambio aprobado por la Unión Europea, otorgó 600 euros. De este modo, la Administración dejó de abonar en total 110 euros de subvención por los representantes sindicales elegidos.
La Sindicatura de Cuentas también ha observado "irregularidades" en la justificación de gastos electorales por los sindicatos agrarios. Por ejemplo, el informe denuncia la "no suficiente justificación documental o la realización temporal de un gasto fuera del periodo electoral", y concluye que las organizaciones de agricultores hicieron "ajustes en sus gastos declarados, disminuyendo o aumentando su importe".
Además, dos de los sindicatos que recibieron ayudas del Ejecutivo de Convergència i Unió, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) superaron en el 10,3% y el 214%, respectivamente, el límite de gasto electoral que establece la normativa vigente.
La Generalitat y a las juntas electorales no realizaron "las funciones de control y fiscalización que tienen encomendadas", concluye el informe fiscalizador. También denuncia que en la actualidad "no hay una normativa detallada" relativa a la contabilidad sobre las subvenciones por procesos electorales, y emplaza a las autoridades a "establecer" un reglamento "más concreto".
La legislación también establece la creación de cuentas bancarias específicas para cobrar las subvenciones y sufragar los gastos electorales. En realidad, aunque Unió de Pagesos (UP) y la Asaja las tienen, cubrieron parte de sus gastos mediante sus cuentas ordinarias, como denuncia el informe. JARC, por el contrario, no posee ninguna cuenta específica.
Las organizaciones sindicales, además, tampoco presentaron sus contabilidades electorales a la Sindicatura de Cuentas como fija la legislación, sino que lo hicieron a través del Departamento de Agricultura.