Estatut para Sant Joan

Alejados de las cámaras, sin taquígrafos y con sólo seis diputados en la mesa de negociación, los partidos catalanes trabajan estos días para que sus líderes lleguen a la cumbre del Estatut del 11 de junio, en el Parlament, con algo más que buenas intenciones. Máxima discreción. Se impone alcanzar acuerdos. El objetivo es claro: llegar al 23 de junio, verbena de Sant Joan, con el Estatut visto en segunda lectura y con las principales discrepancias liquidadas.

Al haber finalizado el proceso de redacción en primera lectura, se ha constatado la existencia de discrepancias de no poco calado...

Alejados de las cámaras, sin taquígrafos y con sólo seis diputados en la mesa de negociación, los partidos catalanes trabajan estos días para que sus líderes lleguen a la cumbre del Estatut del 11 de junio, en el Parlament, con algo más que buenas intenciones. Máxima discreción. Se impone alcanzar acuerdos. El objetivo es claro: llegar al 23 de junio, verbena de Sant Joan, con el Estatut visto en segunda lectura y con las principales discrepancias liquidadas.

Al haber finalizado el proceso de redacción en primera lectura, se ha constatado la existencia de discrepancias de no poco calado en al menos una docena de puntos. Los seis diputados trabajarán durante otras dos semanas para ver en qué aspectos se puede alcanzar un acuerdo entre bambalinas y en cuáles deberán lidiar directamente los primeros espadas de cada formación.

Los parlamentarios se reunirán cuatro veces hasta la cumbre del 11 de junio

Para hacer este trabajo, los partidos han aparcado temporalmente la ponencia parlamentaria creada hace 15 meses para elaborar el Estatut y han trasladado las negociaciones a una mesa de trabajo más informal.

De aquí al 11 de junio ésta se reunirá en al menos cuatro ocasiones más para allanar el camino de la cumbre. Su modus operandi nada tiene que ver con el de la ponencia: de los 21 diputados que la integraban se ha pasado a un grupo de trabajo con un solo diputado por grupo, excepto en el caso de Convergència i Unió, que reclamó tener dos, uno en representación de cada partido de la federación. Así, la mesa está compuesta por Quico Homs (CDC), Núria de Gispert (UDC), Lídia Santos (PSC), Joan Ridao (ERC), Francesc Vendrell (PP) y Jaume Bosch (ICV-EUiA).

Al no tratarse de una ponencia formal, los diputados también se han librado de tener una cámara registrando lo dicho en todas y cada una de las reuniones. Y lo agradecen: "Cuando sabes que te están grabando te acaba perdiendo la prudencia y aquí ya no estamos para esas cosas", explica uno de los miembros del grupo de trabajo.

Los diputados también buscaban rebajar la presión mediática, algo que han logrado mediante un acuerdo de todos los partidos que desaconseja hacer declaraciones a la prensa tras sus reuniones. Al término de cada encuentro, un solo diputado ejerce de portavoz. "Todo es más fácil así: algunos no dirían lo mismo si supieran que al día siguiente Acebes [Ángel, secretario general del PP] y Rodríguez Ibarra [Juan Carlos, presidente de Extremadura] van a leer sus declaraciones en la prensa", explica el mismo diputado.

Pero las discrepancias existen y, si se quiere llegar a acuerdos, alguien deberá replegarse. En ello están enfrascasdos los negociadores: ceder en algunos puntos evitando dar imagen de debilidad.

En la reunión celebrada el pasado miércoles, los negociadores comenzaron por el principio y repasaron las principales divergencias existentes en la redacción del Título Preliminar. En cuatro puntos constataron diferencias. El primero fue la denominación de Cataluña como nación, tal como proponen CiU, el PSC, ERC e ICV-EUiA, en contra de la voluntad del PP, que se inclina por utilizar el término nacionalidad.

La posibilidad de que los entes locales queden incluidos en el concepto Generalitat será otro punto que tratar, así como la definición de bilateralidad entre la Generalitat y el Gobierno central. El cuarto y último punto definido hasta ahora será el reconocimiento o no de los derechos colectivos del pueblo de Cataluña; por ejemplo, el de expresarse en catalán. Francesc Vendrell, del PP, se muestra firme al rechazar esta propuesta: "Los derechos son de las personas, no de los pueblos".

Las cuatro reuniones previstas antes de la cumbre de líderes acabarán de configurar un orden del día que más de uno prevé excesivamente ambicioso. Sin ir más lejos, la presidenta del grupo parlamentario del PSC, Manuela de Madre, ya abogó por convocar "más reuniones preparatorias" para aligerar la agenda y hacer que el encuentro del día 11 sea "lo más operativo posible".

También Joan Ridao, de Esquerra Republicana, quiere aligerar el orden del día: "Algunos de los puntos detectados hasta ahora podrían acordarse perfectamente en la ponencia, pero algún partido prefiere llevarlos a la cumbre del día 11 para dar más protagonismo a su líder", en clara referencia a Artur Mas.

Lo cierto es que la primera reunión del grupo de trabajo sirvió ya para acercar posiciones en puntos como la inclusión en el Estatut de una carta de deberes y derechos de los ciudadanos. CiU, en principio radicalmente opuesta a incluir este punto en el Estatut, lo aceptaría ahora si éste se reduce notablemente en extensión y en contenido.

Donde el diputado de la federación nacionalista Quico Homs no ve posibilidades de llegar a un acuerdo antes del día 11 es en el capítulo de la financiación: "Este asunto lo dejaremos íntegramente para la cumbre; lo interesante sería que los líderes no tuvieran que discutir de muchas otras cosas, deberían dedicarse a la financiación". Lo mismo cree la socialista Lídia Santos, quien considera "inabarcable" un orden del día con una docena de puntos.

Las reuniones previstas para esta semana entre CiU y representantes del tripartito para hablar de financiación aligerarán, muy probablemente, la cumbre del día 11. Jaume Bosch, de Iniciativa per Catalunya, es optimista: "Creo que todos los partidos han llegado a la conclusión de que hay que dejar atrás las escaramuzas mediáticas y sentarse a hablar en serio". El resultado, para Sant Joan.