Papeles y Arapiles
El 15 de abril fue un día histórico: el de la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley que ha de devolver a los catalanes la casi totalidad de lo poco que queda de las muchas toneladas de documentos que se les robó a punta de bayoneta, con asesoramiento de las nazis SS, al final de la Guerra Civil y que fueron enviados a Salamanca en el verano de 1939.
Esos documentos no se expoliaron por su valor intrínseco -tan poco valor intrínseco se les confirió que alrededor del 90% se convirtió enseguida en pasta de papel-, sino porque, junto con los que se saquearon en l...
El 15 de abril fue un día histórico: el de la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley que ha de devolver a los catalanes la casi totalidad de lo poco que queda de las muchas toneladas de documentos que se les robó a punta de bayoneta, con asesoramiento de las nazis SS, al final de la Guerra Civil y que fueron enviados a Salamanca en el verano de 1939.
Esos documentos no se expoliaron por su valor intrínseco -tan poco valor intrínseco se les confirió que alrededor del 90% se convirtió enseguida en pasta de papel-, sino porque, junto con los que se saquearon en los demás territorios conquistados por los nacionales, se pudieron explotar para crear un archivo, comparable con los de la Gestapo y del KGB, de unos tres millones de fichas de personas consideradas no afectas al régimen franquista.
La Comissió de la Dignitat ha encabezado la campaña para restituir los documentos
Incluso en Salamanca hay quienes consideran la devolución un gesto necesario
El hecho de que, después de más de 65 años, casi todo lo poco que queda de los papeles catalanes de Salamanca finalmente va a ser repatriado alegra a los catalanes por dos razones: en primer lugar porque permitirá recuperar parte del patrimonio histórico robado, y así llenar algunos huecos perpetrados en muchísimos archivos catalanes; y en segundo lugar porque se trata de documentos expoliados únicamente para ser utilizados en la persecución de cientos de miles de catalanes a lo largo de la dictadura franquista.
Desde hace más de tres años, la Comissió de la Dignitat ha encabezado la campaña para la restitución de todos los documentos intervenidos en Cataluña, una campaña que pronto hizo extensiva también a la Comunidad Valenciana. Además de representar al conjunto de la sociedad catalana, la campaña de la Comissió de la Dignitat recibió el apoyo de más de 700 profesores universitarios no catalanes y la adhesión de diversas personalidades de gran prestigio internacional como, entre otros, Noam Chomsky, Francesco Cossiga, Rigoberta Menchú, Danielle Mitterrand, Adolfo Pérez Esquivel, Paul Preston, Mario Soares y Mikis Theodorakis.
El logro del anteproyecto de ley se debe a la extraordinaria pertinacia de muchos individuos, empezando por Josep Benet y Antoni de Senillosa, e incluyendo sobre todo al incansable coordinador de la Comissió de la Dignitat, Toni Strubell; la consejera de Cultura, Caterina Mieras; la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El 15 de abril fue un día histórico no tan sólo para Cataluña, sino para toda España y para todos los demócratas. La recuperación de la memoria histórica es una exigencia que sienten profundamente los cada vez menos supervivientes de la Guerra Civil, como también sus hijos y sus nietos. Además, encaja perfectamente dentro de la intención expresada por el presidente Rodríguez Zapatero de reparar en lo posible todos los pocos estragos de la guerra y del franquismo que todavía tienen remedio.
No volverán los muchos millares de hombres y mujeres ejecutados después de juicios sumarísimos, realizados muchas veces a partir de datos recopilados de los documentos de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y particulares custodiados en ese archivo policial de Salamanca. Tampoco se desharán las torturas, los años de trabajo forzado y de encarcelamiento ni las pérdidas de empleo y las humillaciones de todo tipo sufridas por cientos de millares de víctimas de esos documentos. Pero los documentos catalanes sí volverán, aunque falta todavía acordar la devolución de unos pocos papeles de los municipios, como también los de numerosas entidades del País Valenciano, entre las que se cuentan muchos sindicatos y juzgados.
Mientras tanto, ¿qué está pasando en Salamanca? Hace 10 años, desde el balcón del Ayuntamiento, el veterano novelista Gonzalo Torrente Ballester -que el año 1943, en plena II Guerra Mundial, había asistido en Bayreuth a un congreso de escritores fascistas organizado por Josef Goebbels- instó a los salmantinos a defender el depósito documental, pues era suyo por derecho de conquista. El alcalde de Salamanca todavía está siguiendo sus pasos.
A la vez que hace el ridículo amenazando con quejarse a la Unesco por "el expolio del patrimonio de Salamanca" y con oponer la fuerza física a la restitución de los documentos catalanes, Julián Lanzarote está haciendo alarde de un lamentable desprecio del patrimonio cultural de su propia ciudad, derribando casas antiguas en el casco histórico y reemplazándolas con edificios el doble de altos que obstruyen las vistas panorámicas de una de las máximas joyas arquitectónicas de España. Y ahora quiere construir un aparcamiento en la plaza de los Bandos, lugar emblemático para los salmantinos por su historia, por su arbolado y por los restos arqueológicos que contiene.
¿Y qué está pasando en Castilla y León? En nombre de una supuesta unidad de archivo, la Junta ha estado inventando leyes para hacer suyos los documentos que se custodian en ese Archivo General del Estado, vulgarmente conocido como el Archivo de Salamanca. Al mismo tiempo, esa misma Junta está empeñada en construir una carretera que destrozaría la unidad del emblemático campo de la batalla de los Arapiles, justo en las afueras de Salamanca, en la que el duque de Wellington ganó una de las victorias más cruciales de la guerra de la Independencia española.
Sin embargo, incluso en Salamanca hay quienes consideran la devolución de los papeles catalanes como un gesto necesario para curar viejas heridas, de las que los salmantinos evidentemente no son culpables, ya que el archivo está allí solamente por el hecho de que Franco estableció su cuartel general en el Palacio Episcopal de la ciudad. Por cierto, ¿no sería hora de que se consignase a un museo, o incluso al famoso archivo, la placa que ostenta todavía la fachada del Palacio Episcopal, en la que reza la inscripción: "Aquí vivió y dirigió nuestra Cruzada Nacional el Caudillo Franco"?
Estoy convencido de que la enorme mayoría de los que han apoyado la campaña de la Comissió de la Dignitat, tanto dentro como fuera de Cataluña, anhelan que la devolución de los papeles catalanes y valencianos sirva para aumentar la solidaridad entre los diferentes pueblos y naciones del Estado.
El Gobierno catalán, por su parte, se ha comprometido a sufragar el coste de dejar en Salamanca copias de todos los documentos restituidos, como también a enviar copias de otros documentos que ayuden a que el Archivo de Salamanca logre por fin su verdadero potencial como centro de estudios de la represión franquista.
Entretanto, muchos ciudadanos de Castilla y León quisieran que sus propias autoridades se dedicasen a proteger y conservar los innumerables monumentos declarados bienes de interés cultural, cuyo lamentable abandono ha sido calificado por los diputados socialistas de la comunidad como "un delito tipificado como expolio".
Aunque en muchas otras materias se han manifestado últimamente notorias diferencias de criterio, sobre la cuestión de los papeles catalanes retenidos en Salamanca la unidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya ha sido espectacular. Dado que, en los últimos meses, incluso el Partido Popular de Cataluña ha apoyado su restitución, resulta harto pertinente la pregunta hecha el 15 de abril por la ministra de Cultura: "¿El PP de Castilla y León no tiene teléfono para llamar al PP de Cataluña?".
Henry Ettinghausen es profesor emérito de Estudios Hispánicos de la Universidad de Southampton, ha actuado en diversas ocasiones como portavoz de los más de 700 profesores universitarios no catalanes que han expresado su apoyo a la campaña de la Comissió de la Dignitat.