"Este proceso ha sido un desahogo moral para la gente de bien"

Jesús Caldera (Béjar, 1957) es un hombre agradecido: antes de empezar a hablar, quiere dejar constancia del papel que han desempeñado en el éxito de la normalización los empresarios, los sindicatos, las ONG y los 2.800 funcionarios de toda España que anoche aún recogían las últimas solicitudes de regularización.

Pregunta. ¿Está satisfecho de los resultados del proceso?

Respuesta. Muy satisfecho. Se está poniendo legalidad donde había ilegalidad, orden donde había desorden y derechos donde había marginación. Esto es lo que significa este proceso: legalizar economía s...

Jesús Caldera (Béjar, 1957) es un hombre agradecido: antes de empezar a hablar, quiere dejar constancia del papel que han desempeñado en el éxito de la normalización los empresarios, los sindicatos, las ONG y los 2.800 funcionarios de toda España que anoche aún recogían las últimas solicitudes de regularización.

Pregunta. ¿Está satisfecho de los resultados del proceso?

Respuesta. Muy satisfecho. Se está poniendo legalidad donde había ilegalidad, orden donde había desorden y derechos donde había marginación. Esto es lo que significa este proceso: legalizar economía sumergida. Además, tiene un componente ético: es un desahogo moral para la gente de bien que no quiere tener a una persona trabajando de forma ilegal.

"Los resultados de la normalización nos han proporcionado una guía excelente para luchar contra la economía sumergida"

"La próxima semana presentaré a los agentes sociales un plan específico de la Inspección de Trabajo contra el empleo irregular de extranjeros"

P. Sin embargo, el PP lo califica de "absoluto fracaso".

R. No sé con qué vara de medir se puede calificar de fracaso este proceso, especialmente por quienes desarrollaron una política de inmigración inadecuada, hicieron regularizaciones masivas sin pedir contrato de trabajo y favorecieron que los inmigrantes que obtenían permiso de residencia siguieran trabajando en la economía sumergida. ¿Por qué dicen que es un fracaso? ¿Por el número de empleos que han emergido? Bien, el proceso ha finalizado con casi 700.000 solicitudes. Son 700.000 contratos encima de la mesa. Es decir, 700.000 empleadores que quieren estar en regla con la Hacienda pública y con la Seguridad Social, que quieren que sus trabajadores dispongan de derechos. ¿Qué quiere el PP? ¿Qué trabajen sin derechos, como hacían antes? ¿Qué trabajen en la economía informal, y si ocurre un accidente o hay una inspección de trabajo el empresario se arriesgue a gravísimas sanciones? ¿Con ese modelo es con el que está de acuerdo el PP? Por su comportamiento, lo parece.

P. Ustedes calcularon en 800.000 los beneficiarios potenciales del proceso, pero las solicitudes han sido menos.

R. Casi 700.000 sobre 800.000 constituyen prácticamente el 90% del máximo legalizable de personas que estaban trabajando de forma sumergida. Si a cualquier Gobierno europeo o a cualquier observador imparcial se le dan estos datos, dirá que son formidables.

P. ¿Han notado algún efecto llamada?

R. No sólo no lo hemos notado, sino que los flujos migratorios hacia España están descendiendo, como reflejan los informes de la policía. Nuestra previsión es que las entradas irregulares irán descendiendo en la medida en que se vayan aplicando los mecanismos del Reglamento de Extranjería.

P. ¿Cuántos expedientes de normalización han resuelto hasta ahora?

R. Unos 200.000, que suponen el 30%. Hay que tener en cuenta que hasta este sábado lo prioritario era la recepción de los expedientes. Y que el sistema es muy riguroso, pues los expedientes pasan cuatro filtros: la Dirección General de la Policía, el Ministerio de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Esto lleva un tiempo. Por eso hasta ahora sólo se ha resuelto el 30% de forma positiva. A partir de la próxima semana todo irá más rápido. Calculamos que el 30 de julio, como máximo, estarán todos visados y resueltos. Mi pronóstico es que un altísimo porcentaje pasará todos los filtros.

P. ¿Qué porcentaje de altas en la Seguridad Social se ha producido?

R. Ése es el paso final. Los efectos se notarán en tres meses. No obstante, ya en abril se produjeron unas 45.000 altas derivadas del proceso de normalización, más otras 25.000 de ciudadanos extranjeros que estaban en España con permiso de trabajo y que sin embargo no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Eso significa que este proceso, que es un proceso de buenas prácticas económicas y sociales, también está ejerciendo un efecto de arrastre sobre situaciones anteriores.

P. ¿A qué situaciones se refiere?

R. En el año 2002 el señor [Mariano] Rajoy regularizó a 450.000 inmigrantes sin exigirles contrato de trabajo. Sólo les pedía un recibo de la luz o un bonobús. ¿Qué ocurría? Que aquellas personas seguían trabajando de forma clandestina, con el consentimiento del anterior Gobierno. Y ahora vemos cómo también aflora el empleo de esas personas que ya tenían permiso para estar en España pero no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. El dato de abril lo demuestra. En abril hemos tenido el mejor dato de la historia de la Seguridad Social: 193.000 altas. De ellas, 120.000 corresponden a españoles, lo cual demuestra que la inmigración no es un riesgo para el empleo de los ciudadanos. Y 73.000 son de extranjeros, lo cual demuestra que está aflorando la economía sumergida de inmigrantes que estaban en España con permiso dado por los anteriores Gobiernos, que no les pedían contrato de trabajo.

P. El 30% de los expedientes presentados son de empleo doméstico. No parece que en otros sectores emerja con igual fuerza la economía sumergida.

R. La tendencia es la siguiente: 30% de empleo doméstico, 20% de construcción, casi un 20% de hostelería y comercio, 13% de agricultura y 14% de otros regímenes. Yo creo que este resultado responde bastante a la distribución del empleo inmigrante. Hay que tener presente que los trabajos de proximidad, como el empleo doméstico y el cuidado de niños y de personas mayores, han sido un yacimiento muy importante para extranjeros, porque en España no se encontraba mano de obra.

P. ¿Los resultados les han permitido ya elaborar un mapa de la economía sumergida?

R. Este proceso sirve también para tener una radiografía muy ajustada del mapa económico de España. Conociendo el número de solicitudes de regularización y el de ciudadanos empadronados en cada provincia, sabemos en qué provincias y en qué sectores económicos ha habido mejor comportamiento. Y eso nos va a permitir tener una guía excelente para combatir el fraude.

P. ¿Es un aviso para navegantes?

R. Es una obligación legal. Son los propios empresarios quienes piden al Gobierno que la Inspección de Trabajo sea severa. La próxima semana presentaré a los agentes sociales un plan específico de actuación de la Inspección, que desde mañana hasta el 31 de diciembre desarrollará casi 500.000 actuaciones. Aclaro: no son visitas, pues una visita suele proporcionar dos o tres expedientes de actuación. Por tanto, visitas serán más de 200.000, que es el número que han propuesto los propios inspectores. El plan se concentrará en las provincias donde haya menos porcentaje de legalizados sobre empadronados y también en aquellas en las que hay mayor número de regularizaciones, porque donde mejor han respondido los empresarios hay que combatir especialmente a quienes les hacen competencia desleal.

P. ¿No es un trabajo excesivo para los 1.573 inspectores y subinspectores?

R. En absoluto. Ese plan lo han propuesto las inspecciones territoriales, de acuerdo con los propios inspectores. De todos modos, vamos a reforzar la Inspección con 60 inspectores y subinspectores que se incorporarán dentro de 15 días y que se dedicarán sólo a luchar contra el trabajo irregular de extranjeros.

P. ¿Ese plan hará aflorar nuevo empleo?

R. Esperamos que sí. Desde luego, va a conseguir sancionar a quien ha tenido comportamientos inadecuados. El Reglamento de Extranjería tiene dos objetivos esenciales: aflorar la economía sumergida que habíamos heredado y regular en el futuro, con carácter estable, la política de inmigración, vinculándola al mercado laboral. De modo que no va a haber más procesos de regularización...

P. ¿Seguro?

R. No contemplamos en modo alguno que haya más, porque no sería positivo para nuestro modelo económico y social. En el Reglamento están los mecanismos permanentes para contratar a extranjeros. Debe ser en origen o a través del contingente o a través de la figura del arraigo laboral y social, que también figura en algunas legislaciones europeas. Es decir, si la Inspección de Trabajo demuestra que una persona lleva dos años en España y un año trabajando en una relación ilegal, el empresario será gravemente sancionado y al trabajador se le concederá el permiso de trabajo. Creo que éste es el mejor modo de combatir la economía sumergida.

P. ¿Qué provincias ha colocado el proceso de normalización en el objetivo de la Inspección?

R. Madrid y todo el arco mediterráneo se llevan la palma en el número de legalizaciones. Luego hay un segundo círculo, formado por provincias de alrededor de Madrid, algunas de Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y La Rioja, donde también se produce un dinamismo notable. Y después tenemos una tercera España, por decirlo de alguna manera, que abarca todo el oeste peninsular y Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se produce una menor emergencia de empleos. Eso quiere decir que seguramente en estas comunidades la actividad económica es menor. Hay algunas que tienen pocos inmigrantes, pero que además tienen los porcentajes más bajos de legalización. En Galicia y en algunas de Castilla y León estamos muy bajos.

P. ¿Qué pasará con Ceuta y Melilla, donde se han producido poquísimas solicitudes?

R. Vamos a hacer un esfuerzo especial de la Inspección de Trabajo. Es radicalmente inaceptable que en Ceuta y en Melilla se hayan producido una treintena de solicitudes. Vamos a hacer un peinado a fondo, porque estoy convencido de que allí hay mucho trabajo irregular, y desde luego lo vamos a sancionar.

P. ¿El porcentaje de trabajadores que queda por regularizar es porque no tiene trabajo?

R. Si cruzamos los datos más expansivos del padrón, a 1 de enero de 2005, con los de extranjeros que tienen permiso de residencia, y les restamos los menores de 16 años y los mayores de 64, nos queda aproximadamente un máximo de un millón de personas. Si a ese millón de personas le aplicamos el 80% de tasa de actividad, que es elevadísima, habría un universo potencial máximo de trabajadores legalizables entre 700.000 y 800.000. Si nos encontramos con 700.000 solicitudes, es evidente que hemos avanzado mucho. ¿Qué pasa con los demás? Probablemente sean personas sin contrato de trabajo o con una relación laboral poco consistente. Por tanto, la poca gente que va a quedar sin regularizar es la que tiene más dificultades para incorporarse al mercado laboral, aunque, repito, será poca.

P. ¿Por qué decidió alentar la fórmula del empadronamiento por omisión? ¿Para elevar el número de solicitudes?

R. Primero, porque es una obligación legal que los ciudadanos estén empadronados. Segundo, porque nos sirve para dar la mejor información para la cobertura de servicios que necesita la ciudadanía. Ésas son dos razones esenciales. Pero, además, porque el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía, multitud de ONG y la propia patronal nos plantearon la posibilidad de buscar alguna alternativa a lo que era simplemente un medio de prueba. Los empresarios nos hacen el siguiente razonamiento: si lo que importa es el contrato de trabajo y se trata de demostrar, para evitar el efecto llamada, que la gente estaba en España antes del 7 de agosto de 2004, ¿por qué no buscáis alguna forma que permita a los que estaban aquí y no se empadronaron alguna solución? Como no queríamos modificar el Reglamento, eso nos llevó a pensar en las posibilidades de la legislación. Y, qué ironía, quienes hoy se rasgan las vestiduras con una actitud hipócrita fueron los que aprobaron el empadronamiento por omisión, siendo Rajoy ministro. Y, por cierto, creo que la decisión de Rajoy fue correcta.

P. ¿Fue entonces un error no haber aplicado esta fórmula desde el primer día?

R. Errores siempre hay, pero no creo que eso lo fuera. Simplemente, nos hemos ido adaptando a las circunstancias: flexibilizamos la interpretación para el empleo agrario por las heladas, permitimos a las ETT [empresas de trabajo temporal] que legalizaran inmigrantes para luego ponerlos a disposición de las empresas y, por último, recurrimos al empadronamiento por omisión para superar el obstáculo de mucha gente que no estaba empadronada. Quizás se podía haber hecho desde el principio, pero creo que se ha superado bien.

P. Si las previsiones se cumplen, la Seguridad Social va a ingresar 118 millones de euros mensuales más tras la regularización. La misma cantidad que su ministerio destina al año para la integración de los inmigrantes y que varias comunidades y ayuntamientos han calificado de escasa.

R. Todavía no sabemos la recaudación que se obtendrá. Dependerá de la duración de los contratos. Pero, en principio, dado que los inmigrantes tienen una disposición para trabajar más elevada que la población nacional y necesitan un empleo para obtener la prórroga del permiso de residencia, lo lógico es que estén ocupados la mayor parte del año. Por lo tanto, ese cálculo aproximado de 118 millones es correcto. Pero ese dinero irá a la Seguridad Social, porque los inmigrantes recibirán pensión en su día. El Fondo de Integración de los Inmigrantes es distinto, va por la vía de los Presupuestos del Estado. El PP lo critica, pero cuando gobernaba no es que hubiera 120 millones, es que había cero millones. ¡Nada! Que quienes no ponían nada vengan criticando a quienes estamos haciendo un esfuerzo de 120 millones de euros, que son 20.000 millones de las antiguas pesetas, no parece aceptable. En todo caso, ése es el fondo para este año. Veremos en futuros ejercicios si se puede mantener o ampliar. Sin duda, este proceso de afloración de economía sumergida da más recursos: en cotizaciones, en impuestos... Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen cedido el 30% del impuesto de la renta de las personas físicas, y por esa vía obtendrán más ingresos con estos nuevos cotizantes para financiar los servicios que ya dan a los inmigrantes.

P. Una vez terminada la normalización, ¿qué pasará con las decenas de miles de inmigrantes que han quedado fuera?

R. Tendrán que acogerse a la vía de arraigo establecida en el Reglamento o, en la medida que se pueda, serán repatriados en condiciones humanitarias. No cabe otra alternativa. La política de inmigración debe ser seria y firme.

P. ¿Y si, a pesar de todo, dentro de dos años nos volvemos a encontrar con una bolsa de un millón de extranjeros en situación irregular?

R. Espero que no sea así. Desde luego, no contemplamos ningún proceso de regularización. Ésta ha sido la última oportunidad.