El Estatuto: más ruido que nueces

A pesar de la mucha información divulgada, no me arriesgaría a decir que los lectores están -estamos- al corriente de qué debate o qué problemas ocupan a la comisión parlamentaria que negocia la reforma del actual Estatuto de Autonomía. Y mucho menos podría asegurar que se conoce, incluso por los cenáculos más enterados, la estrategia de los grupos políticos que están en ello. Por ahora, lo que trasciende es el alboroto, provocado principalmente por las disensiones internas del PP, y el apremio de unos plazos fijados por este partido para el cumplimiento de la tarea, cuando es evidente que no ...

A pesar de la mucha información divulgada, no me arriesgaría a decir que los lectores están -estamos- al corriente de qué debate o qué problemas ocupan a la comisión parlamentaria que negocia la reforma del actual Estatuto de Autonomía. Y mucho menos podría asegurar que se conoce, incluso por los cenáculos más enterados, la estrategia de los grupos políticos que están en ello. Por ahora, lo que trasciende es el alboroto, provocado principalmente por las disensiones internas del PP, y el apremio de unos plazos fijados por este partido para el cumplimiento de la tarea, cuando es evidente que no hay ninguna razón perentoria y objetiva para resolver el mandato en unas fechas concretas. Tanto es así que desde el seno de las huestes populares -cual es el caso del presidente de las Cortes, Julio de España- se han moderado las urgencias.

Los voceros zaplanistas aseguran que ha sido el mismo presidente Francisco Camps quien ha decidido los emplazamientos -25 de abril o 12 de mayo- y alegan que con ello pretende que se le reconozca el poderío y la diligencia. Es obvio que no se alcanza la primera de las fechas y resulta muy problemático que sea válida la segunda. Las otras partes contratantes, PSOE y EU, no parece que estén por la labor de acelerar unos acuerdos que, en buena parte, están muy verdes, o son decididamente imposibles, entre otras trabas, por la oposición irreductible del PP, poco o nada propicio a darle un vuelco a nuestra Carta Magna autonómica. El mismo presidente del PP, Mariano Rajoy, en su bolo por estas tierras, ha conminado a proceder con sentido común, lo que es tanto como aleccionar a dejar las cosas como están, o muy parecidas.

Y así se quedarán. Casi, casi tal como las concertaron mano a mano 25 años atrás Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. En aquel entonces, los Joan Lerma (PSPV), Pin Arboledas (UCD) y Antonio Palomares (PCE) hubieron de acomodarse a lo que se dispuso en la capital del reino, y ahora mismo tiene uno la impresión de que se está procediendo con parejo mando a distancia, al menos en lo que a los grandes partidos concierne. Y ello a pesar de que por estas latitudes no hay ni asomo de soberanismo. Por no haber, no hay -como tampoco hubo en los 80, porque así los quisieron socialistas y conservadores- ni un solo nacionalista en la comisión que diseñó nuestro futuro autonómico. Paradojas, y también indicio confirmatorio de la ambigüedad nacionalitaria que somos.

Sin embargo, cinco lustros de tibio y mutilado autogobierno han dado oportunidades, cuanto menos, para colegir algunas experiencias en orden a la modernización de nuestra trama administrativa y habría que atenernos a tales experiencias -mero pragmatismo- antes que a los intereses alicortos y anteojeras partidarias, que no ideologías, que de eso no queda. Por ejemplo, percibiríamos que algo cambia de verdad si los interlocutores se aprestasen a recortar las funciones y presupuestos de las diputaciones provinciales, viveros de apesebramiento e inflación. Pero claro, esto presupone un proyecto previo de organización territorial que no figura en los idearios ni programas de los negociantes. Y qué decir de la barrera electoral del 5% que deja a tanto votante sin representación, o del control social de los medios de comunicación de titularidad pública, o de la resuelta promoción -obligación- de la lengua valenciana en la Administración, o...

A lo peor, algunos de estos apartados no son adecuados para que los recoja el articulado del Estatuto, pero seguro que no está ahí la dificultad, meramente formal, sino en el déficit de voluntad política para superar rémoras que permitan gobernarnos con más eficiencia y las mínimas dependencias. Sin embargo, y sin atrevernos a vaticinar el desenlace de estas conversaciones reformadoras, nos tememos que, de nuevo, el parto de esta comisión y la propuesta que definitivamente se apruebe nos siga manteniendo en la segunda división estatutaria. La verdad es que tal es el propósito real del PP, en el que converge todo su alboroto interno. Ahora no nos queda el consuelo de pensar que, como en 1981, lo decidieron en Madrid.