El Síndic pide un pacto político y social para ubicar prisiones y centros de menores
El síndic de greuges, Rafael Ribó, pidió ayer un pacto político y social para ubicar equipamientos como las prisiones, los centros de menores y los de toxicómanos, que no quiere ningún municipio. Ribó instó a todas las fuerzas políticas y a los representantes sociales a unirse en un pacto nacional para trabajar sobre la ubicación de estas instalaciones. "Agradecemos este tipo de planteamientos que expresan que el Síndic es sensible a la situación penitenciaria", afirmó ayer el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès. "Si convertimos este tema en una guerra de partidos, acabará perdien...
El síndic de greuges, Rafael Ribó, pidió ayer un pacto político y social para ubicar equipamientos como las prisiones, los centros de menores y los de toxicómanos, que no quiere ningún municipio. Ribó instó a todas las fuerzas políticas y a los representantes sociales a unirse en un pacto nacional para trabajar sobre la ubicación de estas instalaciones. "Agradecemos este tipo de planteamientos que expresan que el Síndic es sensible a la situación penitenciaria", afirmó ayer el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès. "Si convertimos este tema en una guerra de partidos, acabará perdiendo la sociedad", precisó Vallès.
Ribó considera que es necesario un esfuerzo de convencimiento social y denunció que algunos ayuntamientos ponen obstáculos a la hora de acoger un centro de menores o una prisión en su zona. "Una democracia moderna significa corresponsabilidad social con equipamentos necesarios para reinsertar a los internos, tratar a los toxicómanos, atender a los jóvenes en situación de riesgo. Se exige que estos colectivos sean tratados, pero nadie quiere que se haga cerca de su casa", denunció Ribó, según el cual no se trata de solucionarlo situando estos centros en barrios muy castigados o poblaciones abandonadas.
La sindicatura apuesta por la construcción de más centros, de dimensiones reducidas, repartidos por todo el territorio. El consejero de Justicia, por su parte, señaló que, siguiendo la política de instalaciones penintenciarias de su departamento, se han abandonado los centros de 1.500 internos y se construyen instalaciones de unos 600 presos. Además, Vallès recalcó: "Un centro penitenciario no es una instalación perjudicial para el municipio: aporta más seguridad y cierta actividad económica a la zona, y tiene un efecto positivo sobre el presupuesto municipal".
La masificación de las prisiones catalanas es una de las denuncias del Síndic. El plan director de equipamientos penintenciarios del Departamento de Justicia tiene previstos ocho nuevos centros hasta 2010, algunos de los cuales sustituirán a los ya existentes. Se crearán 6.500 nuevas plazas durante este periodo.
El Síndic alertó también de la diferencia existente entre los esfuerzos que hace el Departamento de Justicia para mejorar las políticas y estrategias, y la atención diaria que reciben los internos en las cárceles. "Hace falta una mayor implicación del departamento, de las direcciones de los centros penitenciarios, de sindicatos y de cuerpos funcionariales", añadió.