La falta de medios retrasa la ejecución de 142.000 sentencias

Los juzgados valencianos acumularon 142.000 sentencias pendientes de ejecutar en 2004. La falta de medios, la necesidad de más juzgados de ejecutorias y un compromiso de la Administración en la medida del esfuerzo de los jueces por reducir los tiempos en la resolución de los casos se perfilan como las causas. Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), expresó su preocupación por la acumulación en Menores.

En breve se incorporará al partido judicial de Valencia el tercer juzgado de ejecutorias. Es la respuesta a una situación que desde el TSJ se consideró pr...

Los juzgados valencianos acumularon 142.000 sentencias pendientes de ejecutar en 2004. La falta de medios, la necesidad de más juzgados de ejecutorias y un compromiso de la Administración en la medida del esfuerzo de los jueces por reducir los tiempos en la resolución de los casos se perfilan como las causas. Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), expresó su preocupación por la acumulación en Menores.

Los juzgados de menores dejaron sin resolver en 2004 3.221 casos

En breve se incorporará al partido judicial de Valencia el tercer juzgado de ejecutorias. Es la respuesta a una situación que desde el TSJ se consideró prioritaria en cuanto se comprobó que condensar la fase de ejecución de las sentencias penales en dos juzgados provocaba dilaciones importantes (han terminado el ejercicio 2004 con 10.933 sentencias pendientes de ejecutar). Pero la situación no es única del partido judicial de Valencia ni del ámbito penal. La memoria de la actividad del pasado año recoge las ejecutorias pendientes en las distintas jurisdicciones, la cifra total supera las 142.000: de los juzgados de Lo Penal 26.414; de los juzgados de primera instancia 37.418; de los juzgados de instrucción 5.202; 64.123 de los juzgados mixtos (53.821 civiles y 10.302 de asuntos penales); 3.978 de los juzgados de menores; 198 de los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo; y 4.758 de los juzgados de Lo Social.

Del total de ejecuciones pendientes, 96.104 corresponden al ámbito civil, cuyos tiempos son en la mayoría de los casos y por la naturaleza del propio procedimiento más lentos que en las causas penales. La memoria no distingue, aunque es de prever que es un número importante, cuáles de las ejecuciones que aparecen como pendientes han iniciado ya su proceso.

En la jurisdicción penal son 45.896 las sentencias dictadas por los jueces que aparecen como pendientes de ejecutar a 31 de diciembre de 2004, de las que 3.978 corresponden a menores. La necesidad de más juzgados de ejecutorias, de más fiscales, de más recursos y de más participación activa y directa de la Administración aparecen como causas de la demora. Especialmente en las causas con menores, De la Rúa recoge en su memoria que "se impone como necesaria la creación de un Juzgado más tanto en Alicante como en Valencia, así como la mejor coordinación con la Administración autonómica para conseguir la mayor eficacia en el desarrollo de las medidas a ejecutar".

Otro de los datos importantes de la memoria se refiere a violencia doméstica. Los juzgados vieron 12.000 denuncias por malos tratos, en el 89,72% de los casos la víctima fue una mujer y en el 10,28% hombres. El 8,2% de los denunciantes solicita retirar la acusación presentada ante el juzgado, aunque a efectos procesales no tiene ningún efecto. De la Rúa, que cree que se ha consolidado la práctica de hacer efectiva la denuncia pública de los malos tratos, señala que la vía penal es la última a la que se acude y que el hecho de llegar hasta ella significa un cierto fracaso de las medidas educativas preventivas. El presidente del TSJ afirmó no tener el detalle de posibles denuncias falsas de maltrato interpuestas para agilizar procesos civiles de separación o divorcio pero afirmó: "Nosotros no somos distintos de los demás. Si eso existe, pues es posible que haya ocurrido. Pero en cualquier caso debe ser una incidencia muy menor porque se han impuesto más de 9.000 órdenes de alejamiento y en más de 1.000 casos se han dictado medidas civiles".

La memoria recoge una entrada en los juzgados de instrucción de 696.748 casos, lo que podría entenderse como un incremento de la delincuencia del 3%. Pero la cifra tiene reservas porque hay procedimientos que se cuentan varias veces.