Manipular la muerte

LA INVESTIGACIÓN ABIERTA el 8 de marzo por el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, a raíz de una denuncia anónima sobre el elevado índice de mortalidad registrado en el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, ha sembrado la alarma en la opinión pública y provocado el rechazo no sólo de los médicos afectados por las acusaciones (la sedación supuestamente dolosa o negligente de enfermos terminales con resultado de muerte), sino también de sus compañeros de profesión. Tras un mes de intoxicaciones informativas y de comentarios irresponsables sobre 400 hipotéticos cas...

LA INVESTIGACIÓN ABIERTA el 8 de marzo por el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, a raíz de una denuncia anónima sobre el elevado índice de mortalidad registrado en el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, ha sembrado la alarma en la opinión pública y provocado el rechazo no sólo de los médicos afectados por las acusaciones (la sedación supuestamente dolosa o negligente de enfermos terminales con resultado de muerte), sino también de sus compañeros de profesión. Tras un mes de intoxicaciones informativas y de comentarios irresponsables sobre 400 hipotéticos casos de sedaciones letales al servicio de una estrategia calculada de eutanasia masiva, la Fiscalía de Madrid analiza trece historiales para comprobar si hubo dosis excesivas o sedaciones no indicadas o dudosas.

La investigación abierta por la Comunidad de Madrid a raíz de una denuncia anónima contra el servicio de Urgencias del hospital de Leganés crea alarma social y suscita el rechazo de los médicos

Abstracción hecha de cuál sea el resultado de las investigaciones judiciales en curso, la implacable apisonadora puesta en marcha por el consejero Lamela persigue sus propios objetivos político-partidistas. La destitución en el mes de marzo del jefe del servicio de Urgencias, el director médico y el gerente del hospital fue seguida por una campaña dirigida a presentar insidiosamente como hechos probados los asesinatos u homicidios culposos supuestamente perpetrados en el centro. Aunque la Consejería de Sanidad haya reconocido que sus inspectores sólo han detectado irregularidades administrativas -pero no mala práctica médica- en una parte de los casos denunciados, un retorcido comentario publicado esta semana sobre los fallecimientos en el hospital de Leganés estaba encabezado con el titular La solución final, en sugerente y tétrico paralelo con los campos de exterminio nazis. El PP sigue aplicando el mecanismo inquisitorial ensayado ya en otros casos anteriores: el acusado debe probar su inocencia, no el acusador su culpabilidad.

La gestión político-administrativa de la crisis -la irrupción de una estampida de búfalos en un quirófano- ha sido elogiada por el partido que gobierna la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy afirma que el consejero Lamela es uno de los dirigentes "mas importantes" del PP; Ángel Acebes lo califica de "magnífico político y magnífica persona". Aunque el patriotismo de partido suele favorecer siempre los cierres de filas cuasimafiosos dentro de las organizaciones cimentadas sobre el ejercicio o la expectativa del poder, la propuesta de Lamela como espejo de príncipes de los militantes populares sugerida por su presidente y su secretario general resulta escalofriante. Sea de derecha, de centro o de izquierda, el oficio de un político demócrata -no sólo los médicos deben respetar la lex artis de su profesión- exige capacidad para negociar conflictos, prudencia para aplicar medidas adecuadas a los problemas y sensibilidad para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. El arrogante comportamiento con las personas acusadas, la irresponsable toma de decisiones que han producido ya efectos irreparables y el desprecio por la presunción de inocencia de los médicos sometidos a investigación son propios de un régimen autoritario.

Por lo demás, la crisis del hospital Severo Ochoa resultaría imposible de explicar sin tomar en consideración su trasfondo ideológico-político. No se trata sólo -aunque también- de la apuesta del PP a favor de la Sanidad privada en perjuicio de la pública. Los conflictos morales derivados de la sedación de pacientes terminales (el riesgo del doble efecto de aliviar con seguridad sus dolores y de precipitar eventualmente su fallecimiento) son distintos -aunque fronterizos- de los problemas de mayor calado planteados por la eutanasia en sentido estricto. Pero la deriva involutiva del PP en materia de derechos civiles y de costumbres, que le aleja cada vez de su aspìración a representar el centro reformista y el moderantismo liberal, no se limita, por lo demás, a la regulación de las diferentes formas de la buena muerte; también se extiende a la equiparación de la catequesis católica con las matemáticas como asignatura escolar, los matrimonios entre homosexuales, la agilización del divorcio, la ampliación de los supuestos de aborto y la experimentación con células madre.