Editorial:

El plan antipiratería

El plan antipiratería aprobado el viernes por el Gobierno ha sido acogido con satisfacción por la industria cultural y los agentes de gestión, encabezados por la Sociedad General de Autores. Es verdad que llega tarde. Pero finalmente se va a intentar atajar un problema que ha ido desangrando los sectores discográfico y del cine, sobre todo, hasta hacerles perder en España 1.500 empleos directos y 200 millones de euros anuales, según los implicados. Se trata de unas medidas concertadas entre los poderes públicos y el mundo de la cultura, que ha reivindicado insistentemente decisiones urgentes y...

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El plan antipiratería aprobado el viernes por el Gobierno ha sido acogido con satisfacción por la industria cultural y los agentes de gestión, encabezados por la Sociedad General de Autores. Es verdad que llega tarde. Pero finalmente se va a intentar atajar un problema que ha ido desangrando los sectores discográfico y del cine, sobre todo, hasta hacerles perder en España 1.500 empleos directos y 200 millones de euros anuales, según los implicados. Se trata de unas medidas concertadas entre los poderes públicos y el mundo de la cultura, que ha reivindicado insistentemente decisiones urgentes y que ahora llegan, con 11 ministerios implicados, como un primer paso firme antes de la definitiva aprobación de una Ley de Propiedad Intelectual adecuada a los tiempos.

El plan contempla la creación de grupos especiales de la policía para reprimir el creciente tráfico en la calle y prevé la imprescindible coordinación de los cuerpos nacionales, municipales y autonómicos. Pero lo más complicado llega después, con el combate en la Red, siempre escurridiza. Ahí los agentes antipiratería, junto a profesionales de la justicia especializados, se encontrarán las mayores dificultades, empezando por la definición de los delitos en un mundo electrónico y globalizado sometido a unos avances tecnológicos sin tregua.

Las campañas de mentalización ciudadana, parte destacada también entre los cinco puntos del plan gubernamental, deben ser atinadas y no caer tanto en las aulas de los colegios como en todos aquellos lugares donde los más jóvenes -que son los que, por lo común, no tienen sentido de culpa ni percepción de infracción legal- acceden como lugares de ocio. Los mensajes a ellos destinados deben ser claros y directos y utilizar sus medios habituales de comunicación, desde los móviles a campañas en páginas web o la televisión.

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La piratería cultural es un fenómeno transnacional. Su combate, sin embargo, no debe confinarse a una legislación represiva o a una mayor eficacia policial. La industria del sector, cuyos modelos clásicos agonizan, debe también sacudirse viejos arquetipos y ensayar nuevas fórmulas, que ya comienzan a dar sus primeros pasos con buenas cifras. Es hora de que todos los sectores implicados ofrezcan a los usuarios respuestas y ofertas imaginativas que permitan conservar los pilares y los recursos de la creación artística, ahora amenazada.

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