Dos terceras partes de las plazas geriátricas disponibles son privadas

La atención a la tercera edad ha cambiado de forma notable en menos de una década: de ser atendida mayoritariamente por la Administración, ahora apenas un tercio de las plazas residenciales son de gesiión pública. La excepción es Álava, donde el 56% de las plazas de residencia dependen de la Diputación. Sin embargo, en Guipúzcoa no llegan al 40% y en Vizcaya son el 20%. Los expertos consideran "lógica" la imparable entrada de la iniciativa privada en este sector, visto ya como un negocio, pero censura la falta de control de las administraciones sobre la calidad del servicio.

En Euskadi ...

La atención a la tercera edad ha cambiado de forma notable en menos de una década: de ser atendida mayoritariamente por la Administración, ahora apenas un tercio de las plazas residenciales son de gesiión pública. La excepción es Álava, donde el 56% de las plazas de residencia dependen de la Diputación. Sin embargo, en Guipúzcoa no llegan al 40% y en Vizcaya son el 20%. Los expertos consideran "lógica" la imparable entrada de la iniciativa privada en este sector, visto ya como un negocio, pero censura la falta de control de las administraciones sobre la calidad del servicio.

En Euskadi funcionan actualmente algo más de 200 residencias para ancianos (sin contar los centros de día ni las viviendas comunitarias), que ofrecen un total de 14.000 plazas. Además, están proyectadas o en construcción medio centenar de centros más con capacidad para 3.600 personas de la tercera edad. El aumento de la esperanza de vida -ahora ronda los 76 años en los varones y los 84 en las mujeres- ha disparado la demanda de residencias. La atención a la tercera edad ha sido gestionada históricamente por las Diputaciones y ayuntamientos. Actualmente, sin embargo, las instituciones públicas apenas controlan la tercera parte de las plazas ofertadas. En Guipúzcoa, según los datos aportados por la Diputación, en 1991 había sólo 863 plazas en geriátricos privados, la mitad de las 1.644 existentes entonces en las residencias públicas. Actualmente, la oferta de las residencias privadas se ha triplicado y alcanza los 2.476 plazas, mientras que los centros de titularidad pública ofrecen 2.095.

De esta última cifra hay que descontar, además, los casos de residencias públicas que delegan la gestión en manos privadas, una política generalizada tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya. En el caso guipuzcoano, la administración de las tres residencias públicas abiertas desde 1991 está encomendada a gestores privados. Los 15 centros promovidos por la Diputación de Vizcaya para los próximos años seguirán el mismo modelo. Hace 15 años no había ningún geriátrico en Guipúzcoa privado y ahora ya existen 17.

En Vizcaya, de las más de 6.800 plazas disponibles en sus 110 residencias, sólo el 20% son públicas. Once de los 12 geriátricos abiertos en este territorio en este periodo son de titularidad privada.

Álava es el único territorio donde este servicio sigue estando gestionado mayoritariamente por las instituciones. Aunque el número de plazas privadas casi se ha duplicado desde 1999 -entonces había 648 y hoy se elevan a 1.163-, la oferta pública actual es de 1.504 plazas. Un portavoz del área de Asuntos Sociales de la Diputación alavesa explica que de las nueve residencias foralesa, sólo una tiene gestión indirecta, "porque lo implantó el anterior gobierno de la Diputación del PNV, que fue quien proyectó la residencia y la adjudicó".

"No hay control estricto"

María Teresa Bazo, profesora de la Universidad del País Vasco y experta en materia social, considera "lógica" la mayor oferta privada, debido al paulatino aumento de mayores con necesidad de atención. Lo importante "es si las necesidades están cubiertas o no", dice, al tiempo que critica la falta de recursos de las administraciones públicas para hacer "un control estricto" de la asistencia que se da a los mayores.

A su juicio, el País Vasco no es "ni mucho menos" un referente en la atención a la tercera edad. "Álava es la más avanzada, Guipúzcoa tiene un servicio decente y Vizcaya, malo". Bazo apunta que en Euskadi, como en el resto de España, predomina "el pago a personas para que cuiden de sus mayores. Apenas hay apoyo exterior, de las administraciones".

Fernando Coto, sindicalista de ELA, censura la "privatización" de la atención a los mayores "porque va en detrimento de la calidad del servicio". "Los empresarios han encontrado un negocio muy importante, buscan un beneficio económico y dejan de lado la atención". Coto sí destaca la labor del equipo de inspectores en Vizcaya, puesto que "todas las residencias reciben al menos una visita al año".

Josu Montalbán, ex diputado vizcaíno de Bienestar Social y portavoz del PSE en las Juntas, califica de "extraordinariamente grave" el modelo actual. "La privatización ha sido negativa y hay que fijar las políticas con un consenso amplio". Considera que las propias administraciones están estimulando el mercado al aprobar convenios de gestión privada de las residencias públicas de hasta 40 años de duración.