Personalidad suplantada

El 1 de abril se publicó una carta, remitida por correo electrónico, en la que el autor criticaba al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la destitución de tres directivos del hospital de Leganés. El escrito había llegado firmado por un supuesto Manuel García Carasusán, y así salió. El verdadero García Carasusán, director médico de la Fundación Hospital Alcorcón, remitió ese mismo día un mensaje electrónico en el que negó haber enviado con anterioridad escrito alguno a este diario, consideró que su nombre había sido usurpado, tildó la carta publicada de tendenciosa y mostró su in...

El 1 de abril se publicó una carta, remitida por correo electrónico, en la que el autor criticaba al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la destitución de tres directivos del hospital de Leganés. El escrito había llegado firmado por un supuesto Manuel García Carasusán, y así salió. El verdadero García Carasusán, director médico de la Fundación Hospital Alcorcón, remitió ese mismo día un mensaje electrónico en el que negó haber enviado con anterioridad escrito alguno a este diario, consideró que su nombre había sido usurpado, tildó la carta publicada de tendenciosa y mostró su indignación por la difusión del texto sin la confirmación previa de su autoría. Este escrito se publicó al día siguiente. En paralelo, García Carasusán recurrió al Defensor del Lector para sugerir que tratara "de forma amplia y abierta los sistemas que utiliza el diario para garantizar que lo que se publica corresponde a las personas que dicen ser o a la veracidad de los hechos relatados".

Manuel García Carasusán se considera ultrajado por este diario y se pregunta: "¿Existen controles suficientes que garanticen que la persona que escribe una carta es quien realmente dice serlo?, ¿está EL PAÍS al corriente de las normas que protegen el derecho a la intimidad y a la propia imagen en nuestro ordenamiento jurídico?, ¿cómo las aplica?, ¿las compatibiliza con nuevas tecnologías y formas de comunicación, como por ejemplo el correo electrónico?, ¿puede bastar con que alguien desde cualquier punto, amparándose en el anonimato o, lo que es más grave, la suplantación de personalidad, envíe un correo electrónico diciendo ser una persona y agregue el número de un DNI que puede existir o no para que EL PAÍS lo dé como una información contrastada y lo publique?".

El médico agrega: "Me siento indefenso, cuestionada mi profesionalidad, mi dignidad y, por ende, la de la institución en la que ostento la dirección médica, la Fundación Hospital Alcorcón. ¿Qué habrán pensado los miembros de mi equipo, mis compañeros del hospital, los compañeros sanitarios de otros hospitales?, ¿y la duda sembrada?".

Finalmente concluye: "Ahora tendré que iniciar medidas legales para saber quién suplantó mi personalidad. ¿Contaré con su colaboración? No pararé hasta saber quién ha sido y solicitar a los tribunales que me amparen en los derechos que me asisten respecto de quien o quienes hayan realizado este atropello".

Ángel S. Harguindey, adjunto a la dirección y responsable en esos días de la sección de Cartas al Director, responde: "Tiene razón el señor García Carasusán en su protesta y ningún argumento de peso se puede oponer a sus quejas y preguntas. Efectivamente, es responsabilidad del diario comprobar la autenticidad de las cartas antes de ser publicadas, como consta en su Libro de estilo. Es evidente que en el caso del doctor García Carasusán no se hizo, aunque el correo electrónico del remitente incorporaba el nombre del firmante del texto y el número telefónico que se incluía -como se pudo comprobar, aunque lamentablemente tarde- era el móvil auténtico del remitente, no así el número del DNI que aportaba".

"Alguien", prosigue Harguindey, "ha cometido un delito de suplantación de personalidad del que es víctima, en primer lugar, la persona suplantada y, en segundo, el diario EL PAÍS y sus lectores. No hay más explicación posible que la de que al ver que el correo electrónico desde el que se había enviado la carta parecía corresponder a quien lo firmaba y que su texto se ajustaba a las normas elementales de cortesía y a un contenido verosímil, se aceptó por válida, lo que, como ya se ha dicho, ha sido un error que asumo y lamento. Puedo añadir, además, que vamos a extremar la atención para evitar la publicación de cartas al director que no hayan sido previamente comprobadas, tal como estamos obligados por el Libro de estilo".

Con respecto a la última pregunta , ¿contaré con su colaboración?, la respuesta de Harguindey es clara: "Naturalmente que sí, como ya se le indicó el mismo día de la publicación de la carta a la responsable del gabinete jurídico de la Fundación Hospital Alcorcón, quien solicitó que no se destruyera el correo electrónico apócrifo".

Una vez asumido por parte del responsable correspondiente que se ha cometido un error y que el diario va a colaborar en todo lo necesario para que se esclarezcan los hechos, poco puede añadir el Defensor del Lector, salvo subrayar, como ya apunta Harguindey, que es necesario introducir mejoras en los mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento del artículo 2.82 del Libro de estilo, que empieza así: "Se consideran como tales , válidas para publicar en la sección correspondiente, sólo aquellas cartas firmadas y avaladas (número del carné de identidad, domicilio, teléfono, dirección electrónica, etcétera), de modo que puedan ser autentificadas. Todas se deben comprobar antes de publicarse".

El análisis del caso que nos ocupa confirma la necesidad de que la verificación se haga con rigor. La persona que remitió la carta se tomó la molestia de crear una cuenta de correo electrónico en Hotmail a nombre del médico suplantado, lo que dio verosimilitud al mensaje. Y bajo la firma figuraba un número de DNI (falso) y el teléfono móvil profesional del suplantado (correcto). Una llamada a ese número habría permitido descubrir la trampa, pero no se hizo porque el conjunto del mensaje no despertó sospechas.

Las cartas publicadas son alrededor de 5.000 cada año. Se ubican en el cuerpo del diario y en los cuadernillos de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. Una vez publicadas, los originales se conservan en un archivo durante seis meses por si hubiera alguna reclamación legal. El mensaje apócrifo está, por tanto, perfectamente conservado, igual que los demás escritos publicados durante el último medio año.

El número de cartas recibidas es mucho mayor. El año pasado se contestaron más de 23.000, según los datos de la administración de Redacción. Llegaron más, pero se destruyeron porque contenían insultos, estaban escritas de manera incoherente o ilegible, o formaban parte de campañas masivas de propaganda política o ideológica. El nombre y demás datos del remitente de las cartas contestadas se introducen en un fichero informatizado de acceso restringido, de lo que se da cuenta a los interesados en la carta que se les remite tanto si el texto ha sido publicado como si no. En ella se indica que dicho fichero está sometido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Algunos autores solicitan, acogiéndose a dicha norma, no figurar en el fichero y sus datos son borrados de inmediato.

El doctor García Carasusán pregunta genéricamente si este diario está al tanto de la legislación que protege el derecho a la intimidad y a la propia imagen, cómo la aplica y cómo tiene en cuenta para ello las nuevas tecnologías. Son preguntas que superan, con mucho, el caso que nos ocupa y cuya respuesta no cabe en el espacio de esta columna. Pero cabe señalar que, junto al propósito de cumplir escrupulosamente la ley, el diario se impone normas muy estrictas, que figuran en el Libro de estilo, un texto de obligado cumplimiento para todos sus periodistas y colaboradores. Una de esas normas es la que recoge el citado artículo 2.82. Y cuando ésta u otras se vulneran y se produce el fallo, debe aplicarse el artículo 1.4: "El periódico ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus páginas, y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos". La corrección puede ser una discreta fe de errores o un largo artículo como el que finaliza en este punto.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.