Osuna pide defenderse en el pleno de la Zona Franca que le denunciará

Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca del PP, ha remitido una carta a la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en la que pide comparecer mañana en el pleno que celebrará el recinto fiscal. En esa sesión, el PSOE va a solicitar que se inicien acciones penales contra los anteriores gestores de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro y el propio Osuna, por las irregularidades detectadas por la Abogacía e Intervención del Estado, además de contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo.

El PP sólo votará a favor de querellarse contra este...

Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca del PP, ha remitido una carta a la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en la que pide comparecer mañana en el pleno que celebrará el recinto fiscal. En esa sesión, el PSOE va a solicitar que se inicien acciones penales contra los anteriores gestores de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro y el propio Osuna, por las irregularidades detectadas por la Abogacía e Intervención del Estado, además de contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo.

El PP sólo votará a favor de querellarse contra este último. Los populares revelaron ayer que el pasado 21 de marzo Osuna interpuso una demanda de protección al honor contra el portavoz municipal del PSOE en Cádiz, Rafael Román, por recientes declaraciones sobre su gestión.

En la misiva remitida a la primera edil gaditana, Osuna explica que en la actualidad vive "un proceso de indefensión" ante los "continuos ataques" que está sufriendo en su "honor, intimidad, prestigio profesional e imagen". El ex delegado de la Zona Franca pide acudir al recinto fiscal el lunes y comparecer ante los miembros del pleno, a pesar de que continúa convaleciente de un grave accidente de tráfico sufrido hace algunas semanas. Osuna, que apenas sale de su casa, dijo ayer que "hará un esfuerzo" para esta comparecencia.

El dirigente popular muestra a la alcaldesa su deseo de intervenir "en todos aquellos puntos que afecten directamente" a su gestión. Especialmente, quiere pronunciarse sobre el informe de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, que elaboraron la Abogacía y la Intervención General del Estado, en los que se alude a los polémicos contratos de 6,8 millones de euros que la Zona Franca pagó a Miami Free Zone y Telvent Interactive por material informático para crear una red de comercio digital, Rilco, que según un reciente peritaje, tiene un precio de apenas dos millones de euros.

"Amparo de la Constitución"

Osuna termina su carta reclamando, "al amparo de la Constitución española", que le dejen comparecer para ejercitar "el trámite de audiencia al que cualquier ciudadano tiene derecho". Osuna confiaba ayer en que los responsables del recinto fiscal le permitan intervenir en el pleno.

Tras conocer el contenido de esta carta, el concejal delegado de Fomento y miembro del consejo ejecutivo de la Zona Franca por el PP, Ignacio Romaní, exigió la presencia en el pleno de Osuna como "un acto de justicia". En su opinión, es una prueba de que el ex delegado "no tiene nada que ocultar".

El Ayuntamiento de Cádiz hizo pública esta carta remitida a la alcaldesa y, pocas horas después, el PP revelaba que el pasado 21 de marzo interpuso una demanda de protección al honor, la intimidad y la propia imagen en el juzgado de instrucción número uno de Cádiz contra el portavoz del PSOE en Cádiz y diputado nacional, Rafael Román, por acusarle en diferentes medios de comunicación de "amparar" las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, quien se vio forzado a dimitir. Román llegó a decir que en el recinto fiscal hubo "un período continuado de corrupción clarísima", que siguió durante la etapa de Osuna.

La interposición de la demanda es posterior al acto de conciliación en el que Román se reafirmó en sus declaraciones y se negó a escuchar las grabaciones realizadas con sus acusaciones públicas. En el escrito, los servicios jurídicos de Osuna indican que "no se puede acusar en la prensa, sin fundamentos ni pruebas, una gestión que está siendo fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, pero de la que no existe ni una prueba de irregularidad y menos aún una declaración de enjuiciamiento".

Solicita la publicación de la sentencia en los medios de comunicación y una indemnización "testimonial" de 12.000 euros, en concepto de "daños patrimoniales y morales sufridos", que serán entregados, según explicó, a los Hermanos de la Cruz Blanca de Algeciras. En la demanda, Osuna pide expresamente que testifiquen los periodistas firmantes de las noticias donde aparecían las declaraciones realizadas por Román.