El Ejecutivo ultima el proceso para liquidar en tres semanas las cámaras de la Propiedad
La remisión del decreto al Consejo de Gobierno está sólo pendiente de un informe jurídico
El Gobierno mantiene el compromiso que adquirió en el Parlamento vasco de aprobar el decreto de liquidación de las Cámaras de la Propiedad Urbana antes de las elecciones autonómicas del 17 de abril. El decreto se encuentra pendiente sólo del último informe preceptivo, el de la Comisión Jurídica Asesora, y al Ejecutivo sólo le quedan dos reuniones del Consejo de Gobierno para poder hacer efectivo su compromiso. Vivienda y Vicepresidencia destacan que los ciudadanos tendrán garantizados los mismos servicios que prestan las entidades.
Fuentes de ambos departamentos sostienen que el objetiv...
El Gobierno mantiene el compromiso que adquirió en el Parlamento vasco de aprobar el decreto de liquidación de las Cámaras de la Propiedad Urbana antes de las elecciones autonómicas del 17 de abril. El decreto se encuentra pendiente sólo del último informe preceptivo, el de la Comisión Jurídica Asesora, y al Ejecutivo sólo le quedan dos reuniones del Consejo de Gobierno para poder hacer efectivo su compromiso. Vivienda y Vicepresidencia destacan que los ciudadanos tendrán garantizados los mismos servicios que prestan las entidades.
Fuentes de ambos departamentos sostienen que el objetivo de aprobarlo antes de los comicios sigue vigente. De hecho la Administración ya ha contestado a todas las alegaciones presentadas por cada una de las tres cámaras de la Propiedad vascas y también a las presentadas por sus trabajadores como afectados del futuro decreto.
El texto establece que los empleados contratados de forma fija antes del 1 de enero de 1990 han de pasar a formar parte de la plantilla de la Administración como personal laboral fijo. Los incorporados después de esa fecha se quedarían, en princpio, sin empleo. Los tribunales tendrán posiblemente que acabar resolviendo una aparente contradicción en este asunto. Si el Gobierno vasco ha venido autorizando todos los sucesivos presupuestos de las cámaras, así como permitiendo o denegando las contrataciones que se han hecho desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, "¿por qué ahora los contratos posteriores a 1990 no pasan a engrosar la plantilla" de la Administración, se preguntan los trabajadores en las alegaciones que han presentado.
Una vez cumplimentado este trámite de las alegaciones, al Gobierno sólo le queda para aprobar el decreto un úiltimo paso: recibir el preceptivo informe técnico de legalidad elaborado por la Comisión Jurídica, el máximo organismo asesor del Ejecutivo. Fuentes de Vivienda precisaron ayer que, pese a la premura de tiempo, todo está preparado para llevar el decreto al Consejo de Gobierno del próximo día 5 o, más probablemente, al del siguiente martes, el último antes de la cita en las urnas.
Sin retrasos
Estas fuentes rechazan la idea de que puedan producirse retrasos, lo que dejaría el decreto durmiendo en un cajón hasta la formación del nuevo Gobierno. A pesar de que las cámaras de la Propiedad, especialmente la de Guipúzcoa, están intentando presionar políticamente para retrasarlo lo más posible, los responsables de Vivienda, consejería que ejerce la tutela sobre las cámaras, confían en que el Departamento de Vicepresidencia, que dirige la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, va a cumplir el pacto y darle trámite al Consejo de Gobierno en los próximos días.
El Ejecutivo, presionado por sentencias judiciales adversas a sus intereses, decidió tomar cartas en el asunto y solicitó un informe económico, financiero y de actividad de esas entidades que aclarase la situación real en que se hallaban.
Las conclusiones de esta auditoría fueron demoledoras: "Su situación económica actual es delicada y ello ha derivado en que en los tres últimos ejercicios su patrimonio conjunto ha disminuido en 1.410.638 euros, es decir el 14,3%".
La auditoría, realizada en diciembre de 2003, salvaba a la Cámara de la Propiedad de Álava, cuya labor reconocía que era muy apreciada en la provincia, además de valorar que su estructura de gastos se ajustaba a los ingresos con cuotas bajas y servicios baratos y de calidad a sus asociados.
En el caso de Vizcaya, los auditores sugerían que se realizasen cambios sustanciales en los gastos de personal, pero admitían que, una vez superados importantes errores de gestión, la entidad podría ser viable sin tener que recurrir a su patrimonio. El salario del secretario general de la entidad vizcaína y el de su hermana, que ocupa el puesto de jefa de negociado, suponen casi el 20% de los gastos de personal. La plantilla de la cámara vizcaína suma un total de 26 personas.
La auditoría no dejaba, en cambio, ninguna duda respecto a las cuentas de la de Guipúzcoa: "La situación económica de la Cámara de Guipúzcoa es crítica. Esta entidad habría cerrado hace varios años de no haber contado con tan magníficas reservas".
Defensa de las entidades
La respuesta de la Cámara de la Propiedad de Guipuzcoa al anuncio del decreto por parte del Gobierno ha sido preparar una defensa jurídica agresiva para intentar salvar la mayor parte del patrimonio. El dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Procesal Manuel Serra a petición de la entidad concluye que la confiscación de su patrimonio por el Gobierno sería inconstitucional.
La Cámara de la Propiedad de Vizcaya, mientras, considera que la auditoría de la empresa ABM contiene "una serie de generalizaciones inaceptables y en ella se manifiestan opiniones de corte político y social tan legítimas como impropias de lo que pretende ser un dictamen profesional".
La Confederación Estatal de Cámaras de la Propiedad Urbana ha apoyado la oposición de las tres entidades vascas al decreto del Gobierno. Su presidente, Luis Terradas i Soler, y su director técnico, José Manuel Montané, expresaron recientemente este respaldo en Bilbao, donde indicaron que no aprecian motivos, ni razones económicas o de tipo jurídico para proceder, vía decreto gubernamental, a la disolución de estas entidades privadas y sin ánimo de lucro.
Campaña de imagen
La situación que viven las Cámaras de la Propiedad resulta singular. Son corporaciones de derecho público, de asociación voluntaria, y se encuentran tuteladas por el Gobierno vasco, que aprueba todos y cada uno de sus gastos y contrataciones a través de los presupuestos.
Sin embargo las cámaras de Vizcaya y Guipúzcoa están realizando diversas inversiones, precisamente para luchar contra los instrumentos del Gobierno que les tutela. Vizcaya ya ha anunciado que va a recurrir el futuro decreto y ha insertado en prensa diversos anuncios para mejorar su imagen. La de Guipúzcoa ha contratado a un gabinete jurídico para que le prepare el camino de la defensa jurídica y también ha invertido dinero en una campaña de imagen.
Vivienda y Vicepresidencia se sienten molestos con los máximos responsables de ambas instituciones, sobre todo en vísperas de una dura negociación para dilucidar qué parte del patrimonio de las cámaras se quedará en manos de la Administración y cuál será devuelto porque fue adquirido en base a las cuotas voluntarias.