La oposición pide la dimisión de Monteseirín por las facturas falsas en el distrito Macarena
El Ayuntamiento admite que se pagó a una empresa inactiva y prepara una denuncia por estafa
El grupo municipal del PSOE de Sevilla reconoció ayer que la oposición tenía razón en sus denuncias de irregularidades cometidas en el distrito Macarena. A la Delegación de Participación Ciudadana llegó ayer un escrito del administrador de la empresa Contratas y Obras Sevilla SL (COS), David Velázquez, quien informa de la existencia de al menos 28 facturas emitidas a nombre de su sociedad y cobradas por José Pardo, un antiguo socio de la firma, cuando ésta ya había cesado en su actividad. PSOE e IU, socios en el gobierno, remitirán los documentos a la Fiscalía. La oposición, PA y PP, pidió la ...
El grupo municipal del PSOE de Sevilla reconoció ayer que la oposición tenía razón en sus denuncias de irregularidades cometidas en el distrito Macarena. A la Delegación de Participación Ciudadana llegó ayer un escrito del administrador de la empresa Contratas y Obras Sevilla SL (COS), David Velázquez, quien informa de la existencia de al menos 28 facturas emitidas a nombre de su sociedad y cobradas por José Pardo, un antiguo socio de la firma, cuando ésta ya había cesado en su actividad. PSOE e IU, socios en el gobierno, remitirán los documentos a la Fiscalía. La oposición, PA y PP, pidió la dimisión del alcalde.
La empresa COS dejó de funcionar en el verano de 2002, pero el distrito Macarena siguió encargándole obras. El documento presentado por el administrador de la sociedad recoge 28 facturas emitidas todas el 7 de mayo de 2003 que suman 48.355 euros. La más alta es de 2.398,04 euros y la más baja, de 735. El PA ya denunció hace una semana la existencia de dos facturas falsas por 5.000 euros pagadas a Pardo para demoler una construcción en el barrio de San Diego que en la fecha de la factura ya no existía.
Durante esta semana, el Ayuntamiento había negado la existencia de irregularidades., pero ayer cambió de posición. El documento del administrador de COS llegó al registro de la Alcaldía por la mañana. Por la tarde, el gobierno convocó una conferencia de prensa en la que participaron el portavoz municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y los portavoces de PSOE e IU, Francisco Fernández y Paula Garvín. Según Gómez de Celis, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha ordenado a la Intervención municipal que compruebe si las 28 facturas han sido contabilizadas y fiscalizadas. Asimismo, el Ayuntamiento ha abierto un expediende administrativo interno y ha ordenado al gabinete jurídico que reúna la información necesaria para presentar una denuncia en la Fiscalía.
La sensación de los socialistas es que, si lo que advierte el administrador de la empresa es cierto, el Ayuntamiento "ha sido estafado". El supuesto estafador sería la persona que presentó y cobró las facturas, José Pardo García, que trabajó para COS hasta que la empresa dejó de funcionar. Pardo estuvo implicado en el caso Juan Guerra y aunque en los últimos días se le ha señalado como un socialista activo, el PSOE de Sevilla aseguró ayer que no es militante.
Los socialistas defienden la inocencia del delegado del distrito Macarena, José Antonio García, quien firmó o debió ordenar la firma de los trabajos. La información aportada por el administrador de COS apunta por ahora que se vulneraron dos trámites administrativos: comprobar si la empresa estaba dada de alta en la Seguridad Social y que la persona que presentaba las facturas era su representante legal. La investigación tendrá que determinar si las obras pagadas se realizaron realmente.
El PA y el PP pidieron la dimisión de Monteseirín. "Sevilla no se merece un alcalde así", señaló la portavoz andalucista, Paola Vivancos, quien abogó por la "regeneración de la vida política". El popular Jaime Raynaud lamentó no tener mayoría para presentar una moción de censura y pidió la actuación del fiscal anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.El escrito en el que el administrador de la empresa Contratas y Obras Sevilla, S. L, David Velázquez, informaba de la existencia de las supuestas facturas falsas llegó al registro de entrada del Distrito Macarena el pasado viernes. Pero hasta ayer por la mañana no fue derivado a la Delegación de Participación Ciudadana, que gestiona los distritos.
Según explicó ayer la concejal de este área, Paula Garvín (IU), la demora pudo deberse a que su área está ahora volcada en la actualización del padrón, sumada a la circunstancia de que el miércoles fue día de huelga general de los trabajadores municipales. Según Garvín, su jefa de servicio le avisó de la existencia del documento a primera hora de la mañana de ayer, minutos antes de que comenzara el pleno municipal. La delegada de Participación Ciudadana y portavoz de IU informó "inmediatamente" al alcalde y los socialistas empezaron a ser conscientes de que los argumentos que habían defendido en la última semana se estaban viviendo abajo.
El PA denunció la semana pasada la existencia de dos facturas de alrededor de 2.000 euros pagadas a COS por demoler una pequeña construcción en el barrio de San Diego. Los andalucistas aseguran que "el chozo" que supuestamente tenía que tirarse no existía en 2003, cuando se emitieron las facturas. Los socialistas negaron los hechos, mostraron unas fotogáfías en las que aparecía la construcción y anunciaron una querella contra el PA por difamación. El alcalde instó a la opinión pública a desconfiar de la portavoz andalucista, Paola Vivancos. "Miente más que habla", aseguró Monteseirín.
Sin control
El escrito presentado por el administrador de COS evidencian que en el distrito Macarena se vulneraron los mecanismos de control de las adjudicaciones de obras. La única hipótesis que decía barajar ayer el gobierno es que la sociedad presentara toda su documentación cuando trabajó por primera vez para el Ayuntamiento pero luego "no se la volvieron a pedir". El distrito, según esta teoría, no tenía constancia de que la empresa hubiera dejado de funcionar y Pardo aprovechó la circunstancia para facturar con el CIF de la sociedad.
La investigación deberá resolver qué dirigente del distrito firmó las facturas. Al ser obras menores, pudo hacerlo tanto el concejal, José Antonio García, como alguno de sus subordinados. Las 28 facturas fueron pagadas gracias al libramiento de un crédito de 600.000 euros a favor del distrito que firmó el entonces delegado de Participación Ciudadana, Antonio Ardila (PA), a principios de mayo de 2003. Garvín aseguró ayer que la ley sólo permite hacer libramientos a los distritos por un máximo de 6.000 euros. Según la portavoz de IU, desde que ella se hizo cargo de esta Delegación (en junio de 2003) no se hacen libramientos superiores a esta cantidad y las empresas han de presentar toda su documentación "cada vez" que facturan una obra.