Los alcaldes del PP piden más dinero para inmigración
Los alcaldes del PP reunidos ayer en Vitoria reclamaron al Gobierno central más fondos económicos, sobre todo para atender a los inmigrantes. El regidor de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, actuó de portavoz de estas reclamaciones para destacar que su Ayuntamiento dedica 10,5 millones de euros a la inmigración, en una ciudad en la que "el 15% de la población son inmigrantes" y que ha visto cómo "se dispara la población inmigrante de menores de 16 años".
Ruiz-Gallardón pidió, "por lealtad institucional", más dinero al Ejecutivo: "Necesitamos los recursos que sólo el Presupuesto General del...
Los alcaldes del PP reunidos ayer en Vitoria reclamaron al Gobierno central más fondos económicos, sobre todo para atender a los inmigrantes. El regidor de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, actuó de portavoz de estas reclamaciones para destacar que su Ayuntamiento dedica 10,5 millones de euros a la inmigración, en una ciudad en la que "el 15% de la población son inmigrantes" y que ha visto cómo "se dispara la población inmigrante de menores de 16 años".
Ruiz-Gallardón pidió, "por lealtad institucional", más dinero al Ejecutivo: "Necesitamos los recursos que sólo el Presupuesto General del Estado puede dar para la integración de los inmigrantes, que no son mano de obra, sino personas", señaló.
La concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano de Madrid, Ana Botella, solicitó hace más de un mes a la Secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, más fondos para que el Ayuntamiento de la capital pudiera hacer frente a la regularización de decenas de miles de inmigrantes.
Los alcaldes populares aprobaron ayer dos documentos sobre este asunto. En uno de ellos afirman que "el Estado debe compensar adecuadamente a muchos municipios por la pérdida de recaudación motivada por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y su posterior consolidación a través de fondos por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE)". El documento de los alcaldes reconoce que el IAE fue suprimido por el último Gobierno del PP, al considerarlo "un impuesto injusto y discriminatorio".
Después, el anterior Ejecutivo pactó una compensación con la Federación de Municipios y Provincias que, según los alcaldes del PP, "no está siendo resuelta por el actual Gobierno socialista". Los regidores hicieron la denuncia el mismo día que el Gobierno central resolvía su problema. Los alcaldes del PP reclamaron asimismo no quedar relegados en las negociaciones de reformas estatutarias y de financiación autonómica, con el argumento de que los gobiernos locales son "un elemento esencial de cohesión y vertebración social" en España.
El segundo documento aprobado por los alcaldes del PP repasa todas las tareas de atención a los inmigrantes que quedan en manos de los ayuntamientos. "La Administración local puede verse en una situación límite", se quejaron.