Los responsables de Extranjería de San Sebastián e Irún declararán como imputados por prevaricación
Los responsables de Extranjería de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián e Irún declararán en los próximos días como imputados en sendos juzgados de instrucción, después de que el Colegio de Abogados de Guipúzcoa presentase una denuncia contra ellos por presunta prevaricación y vulneración de derechos fundamentales de al menos diez inmigrantes.
Los letrados del Turno de Extranjería acusan a ambos funcionarios de resolver la expulsión de estas personas sin notificarlo a tiempo a sus respectivos representantes legales, como establece la ley. Y sostienen que omitie...
Los responsables de Extranjería de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián e Irún declararán en los próximos días como imputados en sendos juzgados de instrucción, después de que el Colegio de Abogados de Guipúzcoa presentase una denuncia contra ellos por presunta prevaricación y vulneración de derechos fundamentales de al menos diez inmigrantes.
Los letrados del Turno de Extranjería acusan a ambos funcionarios de resolver la expulsión de estas personas sin notificarlo a tiempo a sus respectivos representantes legales, como establece la ley. Y sostienen que omitieron "deliberadamente" la comunicación para impedir que los abogados recurrieran la decisión y solicitaran la suspensión cautelar.
El inspector jefe de la Unidad de Extranjería de San Sebastián, Ángel Santos, está citado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital guipuzcoana el martes. La denuncia interpuesta contra él detalla que la comisaría donostiarra resolvió en enero la expulsión de dos ciudadanas brasileñas y un súbdito marroquí sin comunicarlo antes a sus letradas. Las abogadas comparecerán también el martes como testigos, según informó ayer el coordinador del Turno de Extranjería, Iñaki Almandoz.
La declaración del responsable de Extranjería de la comisaría de Irún, Abel Pizarro, estaba prevista para este lunes, pero se retrasará unos días, hasta que los denunciantes cuenten con la documentación completa precisa para el interrogatorio. El funcionario está acusado de resolver la expulsión de dos ciudadanos marroquíes, tres brasileños, una colombiana y una boliviana a lo largo de 2004 sin notificarlo debidamente a sus letrados.
La perjudicada boliviana es Gabriela Queteguari. Tras el recurso presentado por Almandoz, una juez dictó el pasado mes un auto en el que ordena al Estado que devuelva a la mujer al mismo punto en que fue detenida, a fin de evitar que se vea perjudicada en su deseo de regularizar su situación en España.