El presidente del Poder Judicial se opone a crear juzgados medioambientales
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, inauguró ayer en Sevilla el Foro de Formación y Estudios Medioambientales junto a la consejera de Justicia, María José López, y la de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. El foro es fruto de un acuerdo firmado 2003 para garantizar la preservación del medio ambiente. Hernando descartó la creación de una "jurisdicción especializada en medio ambiente" hasta que "la realidad no lo demande", aunque confió en que "el medio ambiente no vaya a sufrir tanto".
Por este foro pasaron en 2004 más...
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, inauguró ayer en Sevilla el Foro de Formación y Estudios Medioambientales junto a la consejera de Justicia, María José López, y la de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. El foro es fruto de un acuerdo firmado 2003 para garantizar la preservación del medio ambiente. Hernando descartó la creación de una "jurisdicción especializada en medio ambiente" hasta que "la realidad no lo demande", aunque confió en que "el medio ambiente no vaya a sufrir tanto".
Por este foro pasaron en 2004 más de dos centenares de jueces para formarse en los delitos relacionados con el medio ambiente. El foro está situado en el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de forma temporal hasta que se construya la Ciudad de la Justicia en Sevilla.
Hernando señaló también que la sensibilización por el medio ambiente es "una cuestión nueva " aunque ponto "se unificarán" los criterios a la hora de dictar sentencias.
El presidente del CGPJ recalcó que "el Tribunal Supremo es el máximo órgano de interpretación del derecho autonómico" y afirmó que "la jurisdicción es la facultad de juzgar" y que ésta "no se debe trocear como no se debe trocear la soberanía". De esta manera, Hernando se oponía a que los tribunales superiores de justicia sean la última instancia judicial en cada autonomía.
También dijo que hay métodos para que la Administración ejecute las órdenes de demolición por construcción ilegal, que, según la fiscalía, son difíciles de cumplir.