Un 90% de las condenas por obras ilegales no ordena su demolición
El Defensor del Pueblo pide más firmeza ante estos delitos
El 90% de las sentencias condenatorias por delitos urbanísticos no ordena la demolición de lo ilegalmente construido y, cuando lo hace, la orden judicial no es ejecutada por la administración responsable, según se destacó ayer en una reunión entre el Defensor del Pueblo y los fiscales andaluces. El coordinador de la red de fiscales medioambientales de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, dijo que no se ordena la demolición porque se considera desproporcionada respecto al delito cometido.
"No se está tirando todo lo que debería tirarse", apostilló Rodríguez León, quien destacó que esta...
El 90% de las sentencias condenatorias por delitos urbanísticos no ordena la demolición de lo ilegalmente construido y, cuando lo hace, la orden judicial no es ejecutada por la administración responsable, según se destacó ayer en una reunión entre el Defensor del Pueblo y los fiscales andaluces. El coordinador de la red de fiscales medioambientales de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, dijo que no se ordena la demolición porque se considera desproporcionada respecto al delito cometido.
"No se está tirando todo lo que debería tirarse", apostilló Rodríguez León, quien destacó que esta situación ha consolidado "el efecto perverso" de que el promotor o constructor ilegal asume la futura multa como "un coste más" de la edificación que no afecta gravemente a la rentabilidad de su proyecto.
El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, demandó de las administraciones -"incluida la de Justicia", matizó- más firmeza frente a los delitos urbanísticos, en especial las parcelaciones y construcciones ilegales, que consideró "un problema social grave" en Andalucía.
Llegó a calificar de "exóticas" algunas sentencias por delitos urbanísticos falladas en la comunidad autónoma, demandó "una mejor formación" de los jueces y anunció otra iniciativa de la institución que dirige para afrontar un problema que, según sus datos, afecta a no menos de 1.100 urbanizaciones ilegales y a "cientos de miles" de viviendas construidas fuera de la ley en Andalucía.
Chamizo, quien presidió con el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, las segundas jornadas de trabajo entre el Defensor del Pueblo y los fiscales especializados de Andalucía, pidió más contundencia a las administraciones para "salvar lo poco que nos queda de litoral y luchar contra la amenaza que ya existe sobre el interior y que no respeta nada, ni siquiera, parques nacionales". "No existe conciencia de que se causa un daño colectivo y no se trata de perseguir a nadie, sino de defender el patrimonio común de todos los andaluces", apostilló.
El Defensor del Pueblo andaluz, volverá a advertir a los municipios andaluces del carácter delictivo de las parcelaciones y construcciones ilegales, y de la necesidad de colaborar con la Justicia.