El Gobierno inicia la reforma constitucional con el envío de su texto al Consejo de Estado
El borrador propone una Cámara alta con senadores y miembros de Gobiernos autónomos
El Gobierno ha puesto en marcha el mecanismo para la reforma de la Constitución, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura, con la redacción del documento que enviará en los próximos días al Consejo de Estado. El borrador, que está pendiente del visto bueno de Zapatero y que será debatido el viernes por el Gabinete, plantea de modo "muy abierto" las cuatro reformas anunciadas -denominación de las comunidades autónomas, reforma del Senado, igualdad de sexos en la sucesión a la Corona y reconocimiento de la Constitución europea- para que el Consejo de Estado se pronuncie en un...
El Gobierno ha puesto en marcha el mecanismo para la reforma de la Constitución, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura, con la redacción del documento que enviará en los próximos días al Consejo de Estado. El borrador, que está pendiente del visto bueno de Zapatero y que será debatido el viernes por el Gabinete, plantea de modo "muy abierto" las cuatro reformas anunciadas -denominación de las comunidades autónomas, reforma del Senado, igualdad de sexos en la sucesión a la Corona y reconocimiento de la Constitución europea- para que el Consejo de Estado se pronuncie en un año. El texto propone una Cámara alta con senadores y miembros de Ejecutivos autónomos.
El Gobierno también consultará este documento, elaborado por el Gabinete de la Presidencia, con el líder del PP, Mariano Rajoy, y será receptivo a sus puntualizaciones porque pretende consensuar con el primer partido de la oposición esta reforma constitucional. El borrador evita un pronunciamiento tajante sobre los dos temas más polémicos de la reforma: la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado. Para ello expone sus posibilidades, sus pros y contras y sus consecuencias.
En el caso de la denominación de las comunidades autónomas, el Ejecutivo pregunta al Consejo de Estado, que preside Francisco Rubio Llorente, sobre cómo debe definirse el nombre de cada una de ellas para que el alto organismo consultivo dictamine: comunidad nacional, nacionalidad o región.
Esta triple denominación responde a las distintas formas en que las comunidades se definen en sus estatutos de autonomía, según las fuentes consultadas. Cataluña, Euskadi y Galicia se han atribuido tradicionalmente la denominación de "nacionalidades", recogida en el artículo dos de la Constitución, en contraste con las "regiones". Más tarde, algunas comunidades, como Aragón y Baleares, introdujeron en la reforma de sus estatutos, en los años noventa, la denominación de "nacionalidad histórica".
Posibilidades abiertas
Ante este panorama tan complejo, el Gobierno, en su borrador, abre todas las posibilidades al Consejo de Estado, aunque también advierte de sus consecuencias. Así, si el Consejo de Estado decidiera aconsejar la denominación de "comunidad nacional" para algunas comunidades, el Ejecutivo advierte de que ello acarrearía la reforma del artículo dos de la Constitución que consagra que España está compuesta de "nacionalidades y regiones", pero no habla de "comunidad nacional".
En cuanto a la reforma del Senado, el borrador del Gobierno es también "muy abierto", aunque apunta en la dirección de una Cámara alta que siga las pautas marcadas por el modelo de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Esta comisión, nacida de la reforma del Reglamento de la Cámara alta de 1994 y que preside el socialista Juan José Laborda, es mixta y está compuesta por representantes de los Gobiernos autónomos -presidentes y consejeros autonómicos- y senadores elegidos por las circunscripciones provinciales.
"No seguirá el modelo alemán de Senado, de gobiernos autonómicos, ni tampoco el actual, de una mera Cámara de senadores", señalan las fuentes consultadas.
Según las mismas fuentes, el borrador del Gobierno no se pronuncia sobre las competencias del Senado reformado. No obstante, el presidente de la Cámara alta, el socialista Javier Rojo, envió la pasada semana al Gobierno un amplio informe con las conclusiones de la ponencia de reforma del Senado, de 1995 a 1998, en la que hubo un "alto grado de consenso" sobre las funciones de la Cámara reconvertida en territorial.
Según el informe, el Senado reformado sería Cámara de primera lectura, en detrimento del Congreso, en las leyes orgánicas que contienen la elaboración o reforma de los estatutos de autonomía; en las de transferencia o delegación así como en las de armonización; en la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, en las de financiación autonómica y en las que emanan de los Parlamentos autonómicos. "Parece lógico que estas funciones se recojan en el informe definitivo que el Consejo de Estado dictamine en un año", señalan fuentes socialistas.
Una comisión sin disputa pública
José Luis Rodríguez Zapatero consultará en breve con Mariano Rajoy el texto que el Gobierno enviará al Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Zapatero pretende mantener con el líder del PP una relación muy fluida en la etapa de reformas territoriales que se abre, señalan en La Moncloa.
La relación con la oposición, incluido el PP, ya se mantiene desde el Gobierno por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo titular es Jordi Sevilla, para abordar los temas territoriales.
De ahí que el Ejecutivo no tenga "interés especial" en constituir una "comisión política de alto nivel", como está empeñado el secretario general del PP, Ángel Acebes, que "más que para trabajar se convierta en un órgano de disputa pública". El Ejecutivo preferiría repetir el modelo que el Gobierno socialista y el PP ensayaron entre 1991 y 1992, cuando, en un año, negociaron y acordaron los pactos autonómicos.
"Fue una comisión de trabajo, discreta, no sometida al debate público", señala el socialista Francisco Peña, secretario de Estado de Administración Territorial entonces. En ella participaron por el PP Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón y los responsables de este partido en sanidad y educación. Por el PSOE, el entonces ministro Juan Manuel Eguiagaray, el secretario autonómico socialista, Abel Caballero, y el propio Peña. "Aquella comisión funcionó porque hubo voluntad política de pactar las reformas. No está tan claro ahora, cuando al PP le interesa, más que la eficacia de la comisión, el nivel de la misma", señalan fuentes gubernamentales.