Las empresas españolas temen que se disparen los costes
España encara en una posición comprometida el cumplimiento del Protocolo de Kioto. El Plan Nacional de Asignación (PNA), el fuerte consumo eléctrico y las condiciones meteorológicas adversas amenazan con pasar factura. Casi mil instalaciones industriales hacen cuentas para ajustarse lo más posible a las cantidades de derechos de emisión gratuitos que se les han adjudicado (160,28 millones de toneladas anuales de CO2 en conjunto hasta 2007). Pero en algunos sectores, como el eléctrico, se cree que los límites se sobrepasarán y tendrán que comprar derechos de emisión.
Las cifras que jalon...
España encara en una posición comprometida el cumplimiento del Protocolo de Kioto. El Plan Nacional de Asignación (PNA), el fuerte consumo eléctrico y las condiciones meteorológicas adversas amenazan con pasar factura. Casi mil instalaciones industriales hacen cuentas para ajustarse lo más posible a las cantidades de derechos de emisión gratuitos que se les han adjudicado (160,28 millones de toneladas anuales de CO2 en conjunto hasta 2007). Pero en algunos sectores, como el eléctrico, se cree que los límites se sobrepasarán y tendrán que comprar derechos de emisión.
Las cifras que jalonan el camino de Kioto para la industria española (eléctricas, refinerías, cementeras, siderúrgicas, papeleras, y de cal, vidrio y cerámica) son: emisión de un máximo de 160,28 millones de toneladas de CO
2 al año hasta 2007 (para el conjunto del país la cifra es de 401 millones de toneladas); 957 instalaciones afectadas y límite de emisión de 88 millones de toneladas anuales para el sector clave: el eléctrico. El coste de cumplir con la norma, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, es de unos 85 millones anuales.
Aún sin estrenar el Plan, que trata únicamente de sujetar las emisiones en el periodo de prueba 2005-2007, reduciéndolas sólo un 0,4% de promedio anual hasta 2008, el traje ha empezado a saltar por las costuras. En enero, el consumo eléctrico se disparó un 15%. Se batieron todos los récords de consumo en hora punta (43.708 megawatios) y todas las centrales de generación, nuevas y viejas, de carbón, de fuel y de gas, trabajaron a pleno rendimiento. Resultado: en apenas unos días de enero, el sector eléctrico gastó buena parte de los derechos para todo el año. Según fuentes del sector se emitieron 10 millones de toneladas de CO2 en esos días de consumo desenfrenado. Casi un 12% de la tarta de derechos, consumida en apenas un mes.
En ese contexto, el ligero incremento de derechos de última hora que lograron las grandes compañías consumidoras de carbón para quemar en las centrales (Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico), un 3%, equivalente a 4,5 millones de toneladas de CO2 parece una cantidad anecdótica.
En las empresas temen que, si el año de sequía se confirma y el verano es caluroso, tendrán que acudir al mercado de derechos de emisión para adquirir certificados sobrantes de otras empresas y seguir funcionando sin penalizaciones. Los aires acondicionados a pleno rendimiento y los pantanos vacíos son una mezcla peligrosa en el cóctel económico-ambiental recién servido.
Nadie, ahora, está en condiciones de adelantar cuánto puede costar adaptar la realidad a las normas aprobadas por el Gobierno. O lo que es lo mismo: cuántos derechos habrá que comprar finalmente y a qué precio. Desde el sector energético se ha adelantado la cifra de hasta 400 millones de euros. Pero el mercado apenas ha arrancado y el precio del derecho (que se sitúa entre 5 y 10 euros) está todavía por asentarse.