La marcha de Ibarretxe
El 'lehendakari' respondió ayer al rechazo de su propuesta por el Congreso de los Diputados anticipando las elecciones vascas al 17 de abril. Es una respuesta simbólica, porque es un adelanto de apenas tres semanas. Pero se trataba de hacer un gesto que acreditase lo que ya dijo la víspera: que no había marcha atrás. El siguiente paso son las elecciones.
Ibarretxe se mostró ambiguo respecto al significado de la convocatoria. Por una parte, dijo que "las elecciones no sustituyen a nada", pero también que deben servir para expresar "el clamor en favor de una negociación". Sin ser la consu...
El 'lehendakari' respondió ayer al rechazo de su propuesta por el Congreso de los Diputados anticipando las elecciones vascas al 17 de abril. Es una respuesta simbólica, porque es un adelanto de apenas tres semanas. Pero se trataba de hacer un gesto que acreditase lo que ya dijo la víspera: que no había marcha atrás. El siguiente paso son las elecciones.
Ibarretxe se mostró ambiguo respecto al significado de la convocatoria. Por una parte, dijo que "las elecciones no sustituyen a nada", pero también que deben servir para expresar "el clamor en favor de una negociación". Sin ser la consulta -que requeriría ausencia de violencia-, sí es una respuesta a la votación negativa en el Congreso. El argumento fue el siguiente: el Parlamento vasco dice que sí (a la propuesta) y el Parlamento español dice que no; luego habrá que negociar.
Se trata de una simplificación de la idea algo más compleja expresada por sectores moderados del nacionalismo: ni las instituciones españolas pueden imponerse a las vascas ni éstas a aquéllas de manera unilateral. Así es: el Estatuto es un pacto, y ni una mayoría vasca puede romperlo por su cuenta aumentando sus competencias ni una mayoría del Congreso recortarlas. Pero, tal como Ibarretxe ha planteado su propuesta, no hay dos llaves, sino sólo una: deciden los vascos.
En esas condiciones, la negociación no es posible. Lo sería si el texto fuera fruto de un acuerdo representativo de la pluralidad vasca. Incluso podrían ser objeto de negociación determinados artículos dudosos, para adecuarlos al marco constitucional. Pero no un texto que no es que vulnere tal o cual precepto de la Constitución, sino que exime al País Vasco de su cumplimiento, y que no reclama sino que asume la plena soberanía.
Eso no lo soluciona una mayoría absoluta nacionalista. Si la hubiera y volvieran a presentar el proyecto tal cual, de nuevo se encontrarían con el rechazo. Unas elecciones decantan mayorías para gobernar durante cuatro años, no para modificar las reglas de juego, cuyo cambio sigue otros procedimientos. El previsto para la reforma del Estatuto incluye el referéndum, pero como ratificación de lo acordado previamente en las instituciones. No como fórmula para desbloquear el desacuerdo entre los dos parlamentos, que incide en la unilateralidad de todo el planteamiento de Ibarretxe.
Pero las elecciones pueden ser, y hay que desear que sean, la ocasión para una salida democrática. En primer lugar, en el nuevo Parlamento habrá como mínimo dos propuestas, la del PSE y la del tripartito que ha respaldado a Ibarretxe. Sería lógico que la nueva Cámara buscase un acuerdo en torno a un texto que tuviera posibilidades realistas de ser refrendado por las Cortes. Por otra parte, la disposición expresada por Rajoy tras su entrevista con Zapatero puede interpretarse como aceptación de que prefiere participar en la reforma de los estatutos para garantizar su constitucionalidad a permanecer al margen para denunciar su inconstitucionalidad. Si es así, los comicios podrían ser la ocasión para empezar de nuevo, ahora desde una voluntad de acuerdo. Condición, por otra parte, para que se cumpla el requisito que parece haber olvidado Ibarretxe: que el nuevo Estatuto debería contar con un apoyo no inferior al de Gernika y obtener el respaldo de los tres territorios.