Madrid, capital Madrid
El alcalde de la capital de España, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene listo un texto con las bases de lo que sería una ley de régimen especial de la villa de Madrid. Se trata de una vieja aspiración, incluida ya en el Estatuto de la Comunidad de Madrid (aprobado en 1983) y que ha recorrido una trayectoria paralela, hasta cierto punto, a la de la Carta Municipal de Barcelona. Ambas ciudades, como centros de áreas urbanas más amplias, comparten con otras grandes urbes europeas problemas específicos que requieren soluciones -y recursos financieros- especiales.
En el caso de Madrid capital exis...
El alcalde de la capital de España, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene listo un texto con las bases de lo que sería una ley de régimen especial de la villa de Madrid. Se trata de una vieja aspiración, incluida ya en el Estatuto de la Comunidad de Madrid (aprobado en 1983) y que ha recorrido una trayectoria paralela, hasta cierto punto, a la de la Carta Municipal de Barcelona. Ambas ciudades, como centros de áreas urbanas más amplias, comparten con otras grandes urbes europeas problemas específicos que requieren soluciones -y recursos financieros- especiales.
En el caso de Madrid capital existe un desfase manifiesto entre su población de derecho, 3,2 millones de habitantes, que son los que pagan impuestos y tasas diversas, y la población que de hecho la vive en horas diurnas, que es de unos cinco millones, según el Ayuntamiento. De esos dos millones de ciudadanos que cada día entran en Madrid para trabajar (pero también para ir al fútbol, visitar sus museos, etcétera), casi la mitad, unos 900.000, están domiciliados (y pagan sus impuestos) en localidades de comunidades limítrofes. Hay un desfase entre la población a atender (a efectos de tráfico, por ejemplo) y la que cotiza. Al mismo tiempo, su condición de capital de España hace que Madrid tenga que cargar con gastos relacionados con actividades oficiales que no soportan otras ciudades.
El asunto no figuraba entre las prioridades de Gallardón, tal vez porque la paralela reivindicación barcelonesa había sido paralizada por el anterior Gobierno. Si ahora la ha reanimado es porque en el programa con el que ganó las elecciones el PSOE figura una mención expresa a la "regulación de los regímenes especiales de Madrid y Barcelona". La promesa de Zapatero ante el alcalde de Barcelona, de dar cumplimiento al compromiso electoral, animó a Gallardón a plantear el asunto.
Ahora resta convencer a Esperanza Aguirre, porque ya se sabe que la vida se ve de distinta manera según se presida un ayuntamiento o una comunidad. Convencerla de que las competencias de ejecución reclamadas no afectarán a las reconocidas a la comunidad y, sobre todo, de que el aumento de los ingresos municipales por la vía de la participación en los impuestos compartidos no reducirá los que administra la autonomía. Habrá que negociar.