Crónica:

El PP legará deudas a nuestros nietos

El jueves pasado fue un día particularmente movido en las redacciones de los periódicos valencianos. Hubo que leer deprisa y con aplicación el Informe de la Sindicatura de Comptes referente al ejercicio 2003. Un árido tocho de varios volúmenes saturados de cifras, un castigo para sensibilidades poco o nada propicias a las matemáticas y el cálculo, como es nuestro caso, el caso español. Por fortuna, este episodio se ha convertido ya en un ritual navideño y se sabe aproximadamente en qué párrafos o apartados del dictamen el Síndic expone o sugiere el diagnóstico que se ha publicado y que damos p...

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El jueves pasado fue un día particularmente movido en las redacciones de los periódicos valencianos. Hubo que leer deprisa y con aplicación el Informe de la Sindicatura de Comptes referente al ejercicio 2003. Un árido tocho de varios volúmenes saturados de cifras, un castigo para sensibilidades poco o nada propicias a las matemáticas y el cálculo, como es nuestro caso, el caso español. Por fortuna, este episodio se ha convertido ya en un ritual navideño y se sabe aproximadamente en qué párrafos o apartados del dictamen el Síndic expone o sugiere el diagnóstico que se ha publicado y que damos por conocido en sus líneas generales.

Como es sabido, en esta ocasión tampoco se sentará en el banquillo ni irá a galeras ningún miembro del Ejecutivo por irregularidades cometidas en la administración de los dineros públicos. El consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, lo ha subrayado al constatar que no se han dado casos de resposabilidades contables. El consejero es muy indulgente. Habría que oírle si hubiera de juzgar desde la oposición o, simplemente, desde la imparcialidad de un observador que se atenga a los hechos y datos relatados por el citado informe. Porque de éste no se decantan, ciertamente, imputaciones delictivas, pero sí falta de rigor, dosis enormes de picaresca y graves sospechas de choricería que están reclamando su pertinente sanción social, el correspondiente coste político y leyes más severas para que los desahogados no se salgan de rositas.

Por lo pronto no es de recibo que un Gobierno, del signo que sea, pueda endeudarse hasta las pestañas y legarnos deudas hasta la tercera generación. Clama al cielo que haya créditos con vencimientos en el 2025 y endeudamientos a largo plazo que hipotecan el futuro de los gobiernos que se sucedan. ¿O es que el PP piensa gobernarnos de por vida? Y lo grave es que buena parte de estos capitales se han dispersado en delirios temáticos y no en parcelas básicas, como conocimiento y sanidad. Por cierto, en Sanidad han aflorado 1.121 millones de euros en facturas que alguien ocultó en un cajón. Habría que preguntarle a los acreedores -si no están en la ruina- qué se hace con el funcionario distraído, porque resulta obvio que ningún alto ejecutivo está dispuesto a asumir este caos.

Claro está que pufos y déficit de las cuentas autonómicas están dentro de los límites legales, algo factible para la ingeniería financiera al uso. Basta con inventarse o pronosticar ingresos pendientes de cobro. La contabilidad es muy sufrida y, por otra parte, las admoniciones de los auditores llueven sobre mojado, aunque inútilmente, como se comprueba un ejercicio tras otro. Por eso va siendo ya hora de que acabemos con este ceremonial de la confusión mediante el que se denuncian irregularidades por parte del síndico y el Gobierno, con rostro marmóreo, se felicita por su propia bondad y eficacia. Nada más parecido al diálogo de besugos, dicho sea respetando la integridad del Síndic Major, Rafael Vicent Queralt.

Admoniciones, decíamos, acerca de las desviaciones presupuestarias constatadas; los escandalosos sobrecostes, particularmente en la Ciudad de la Artes y de las Ciencias y, como la diputada socialista Ana Noguera viene señalando, en Ciegsa, la sociedad encargada de construir colegios; en la Bienal y etcétera, pues el desmadre es generalizado y escandaloso en bastantes ocasiones. ¿O qué decir de incrementos del 200, 300, 400 y más por ciento? O no saben sumar, o son bobos de nacimiento, o algunos se forran, o todo a la vez, pues no pueden ser tan tremendas y numerosas las alegrías en la adjudicación y ejecución de obras.

Los auditores anotan, y merece reseñarse, que el Gobierno ha mejorado, aunque con lagunas, la información que les facilita y a la que viene obligado. Por eso sabemos detalles como el gasto de RTVV en teléfonos móviles -más de 28.000 euros-, aunque no se atenga en sus contrataciones de personal a los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad. De observarlos, la mitad de la plantilla no sería la que es. Pero soslayemos este capítulo, que ocasiones sobradas de comentario nos dará antes del informe de la Sindicatura referente al 2004.

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