28.786 firmas contra la impunidad
Las viudas de los dos vigilantes muertos a tiros en Terrassa piden al fiscal que se acelere el caso y se juzgue a los acusados
Ocurrió hace más de dos años. Entonces fue un suceso destacado, pero se acabó diluyendo de los periódicos, como tantos otros. Sólo las viudas de las dos víctimas han mantenido el recuerdo y ayer acudieron a la fiscalía de Barcelona para entregar 28.786 firmas que han recogido por todos los rincones de España y con las que reclaman que se acelere el proceso y la justicia siente en el banquillo a los supuestos asesinos de sus maridos. Hasta la fecha lo único que se sabe es que el caso sigue su lenta tramitación.
El 9 de diciembre de 2002, los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur...
Ocurrió hace más de dos años. Entonces fue un suceso destacado, pero se acabó diluyendo de los periódicos, como tantos otros. Sólo las viudas de las dos víctimas han mantenido el recuerdo y ayer acudieron a la fiscalía de Barcelona para entregar 28.786 firmas que han recogido por todos los rincones de España y con las que reclaman que se acelere el proceso y la justicia siente en el banquillo a los supuestos asesinos de sus maridos. Hasta la fecha lo único que se sabe es que el caso sigue su lenta tramitación.
El 9 de diciembre de 2002, los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur Francisco Fusté, de 51 años, y Eladio Romero, de 40, murieron acribillados a balazos cuando transportaban la recaudación de 214.000 euros en las salas multicines AMC del centro de ocio Parc Vallès, en Terrassa. Sus asaltantes, al parecer tres personas con la cara semicubierta, les dispararon 20 tiros y los remataron cuando estaban malheridos en el suelo.
Trece días después, la policía detuvo a seis personas acusadas de los hechos. Al cabo de unas semanas, sólo quedaban en la cárcel Juan Antonio Naranjo Acevedo y Juan Pedro Lozano Fernández, considerados autores materiales del tiroteo. Un año después del crimen, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Terrassa ordenó su libertad bajo fianza de 6.000 euros.
Lozano tenía una orden de busca y captura para cumplir una pena de 19 años de prisión por un atraco y eso evitó que saliera en libertad. El abogado Joan Maria Xiol, que ejerce la acusación en nombre de la viuda de Fusté, recurrió contra la decisión del juez. La Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó prisión para Lozano al margen de la causa que tenía pendiente. El otro acusado sigue en libertad porque no existen pruebas determinantes contra él. En el lugar del crimen se recogieron unas colillas y se cotejó el ADN de la saliva con el suyo, pero resultó negativo.
La investigación judicial del caso está prácticamente concluida y sólo falta que el juez resuelva: o archiva el caso, cosa poco probable, o abre juicio oral contra los dos acusados y se celebra la vista por el procedimiento de la ley del jurado. Hace un año, el juez admitió por escrito que los dos acusados habían sido reconocidos por varios testigos y que estuvieron allí el día del crimen, pero también dijo que optaba por dejarlos en libertad porque tenía "dudas" sobre su participación directa en los asesinatos.
"Familiares, amigos y compañeros consideramos una burla inadmisible el haber dejado a estos imputados en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros después de acribillar a balazos a dos padres de familia", dice el escrito presentado ayer en la fiscalía y apoyado por casi 29.000 firmas, muchas de ellas recogidas por los ayuntamientos de Villanueva del Río y Mina (Sevilla), Coria (Cáceres) y Maceda (Ourense), municipios vinculados a las familias de las víctimas.
El juez argumentó en el auto de libertad que acordaba esa medida porque no había "riesgo de fuga por la existencia de domicilio conocido y de arraigo familiar". Los firmantes consideran "sangrante" esa afirmación y se preguntan "si el señor juez obraría así en caso de ser un familiar suyo el asesinado". Por eso piden "de corazón" al fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, "que intervenga en el caso y que esta gente no vuelva a tener la oportunidad de desarraigar a más familias". Durante la tramitación del proceso, la fiscalía defendió que los acusados siguieran en prisión.
"Lo que quiero es que salga pronto el juicio y que paguen por lo que hicieron", decía ayer con lágrimas en los ojos María José Delgado, la viuda de Eladio Romero. "Yo las lágrimas me las he dejado en casa antes de venir aquí", añadía Teresa Blanco, la viuda de Franscisco Fusté. "Los compañeros de nuestros maridos son los que se están moviendo de verdad para que esto no se olvide", dicen. Y ellas también.