El Consejo de Administración de Cajasur aprueba el regreso a la tutela de la Junta

No hubo sorpresas. El Consejo de Administración de Cajasur, la entidad financiera presidida desde hace tres décadas por el sacerdote Miguel Castillejo, acordó ayer retornar a la tutela de la Junta de Andalucía. Los dos representantes del PP en el consejo se abstuvieron en la votación. Éste es el primer paso del acuerdo suscrito entre la Junta y la Iglesia católica para que la entidad cordobesa vuelva a estar bajo el control de la Administración autonómica tras estar dos años bajo el paraguas del Ministerio de Economía. La entidad señaló que hoy comunicará la decisión al Gobierno central y a la...

No hubo sorpresas. El Consejo de Administración de Cajasur, la entidad financiera presidida desde hace tres décadas por el sacerdote Miguel Castillejo, acordó ayer retornar a la tutela de la Junta de Andalucía. Los dos representantes del PP en el consejo se abstuvieron en la votación. Éste es el primer paso del acuerdo suscrito entre la Junta y la Iglesia católica para que la entidad cordobesa vuelva a estar bajo el control de la Administración autonómica tras estar dos años bajo el paraguas del Ministerio de Economía. La entidad señaló que hoy comunicará la decisión al Gobierno central y a la Junta.

Los turistas que ayer se acercaron hasta el Palacio de Viana de Córdoba se quedaron con las ganas de poder visitar esta magnífica construcción del siglo XVI. Un cartel indicaba que el edificio, propiedad de Cajasur, estaba cerrado por "necesidades de carácter interno". Dentro, el Consejo de Administración de la entidad celebraba una reunión ordinaria en la que se acordó el retorno de la caja a la tutela de la Consejería de Economía.

Sólo dos de los 15 miembros del consejo no votaron a favor del retorno. Se trata de Luis Martín y José Antonio Nieto, los dos representantes del PP en el órgano de dirección de la caja, quienes se abstuvieron. Para finalizar el proceso la entidad debe solicitar su retorno al Ministerio de Economía, algo que ocurrirá hoy, según un comunicado de Cajasur.

Lo que ocurrió en el consejo fue que se cerró una brecha, según el PSOE, y el final de una situación "absolutamente accidental", según Castillejo. El fin de la guerra, en cualquier caso, es producto del acuerdo suscrito entre el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, el pasado 13 de diciembre.

Control autonómico

Ese día se acordó que Cajasur estaría de nuevo bajo el control público de la Administración autonómica, de la que había huido hace dos años para someterse al Ministerio de Economía, entonces en manos del PP.

En contrapartida, la Junta reconoce a la Iglesia una representación del 34% en la Asamblea General y seis vocales en el Consejo de Administración, lo que supone el 30% de los vocales de este órgano de dirección.

Esta cuota de poder de la Iglesia está por encima de lo que estaba previsto en la Ley andaluza de Cajas, por lo que ha tenido que ser reformada en la ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2005.

En esta reforma también se establece que el presidente de la entidad podrá jubilarse a los 75 años, cinco más del régimen general. El acuerdo establece también Castillejo saldrá la dirección de Cajasur en noviembre de 2005, cuando culmine el proceso de adaptación de estatutos y la elección de los nuevos órganos de gobierno.

El acuerdo entre Griñán y Asenjo también otorga al Cabildo la potestad de nombrar al presidente ejecutivo de la entidad, aunque fuentes del PSOE esperan que la Iglesia tenga en cuenta la opinión de la Junta a la hora de elegir al futuro mandatario de la entidad financiera.

El acuerdo dejó al margen la polémica póliza de 2,9 millones que Cajasur contrajo a favor de Castillejo. Este asunto fue uno de los símbolos que esgrimió la Junta para escenificar los desmanes del sacerdote al frente de la caja. La póliza, que garantiza a Castillejo una renta vitalicia de, al menos, 210.000 euros al año, fue tildada de ilegal por la Consejería de Economía cuando se conoció a principios de 2003. Este asunto se dirimirá en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.