La república secreta
El borrador de la Ley de Defensa corrobora la capacidad del joven Gobierno por legislar el pasado: prohíbe el envío de tropas a una "guerra ilegal". Ciertas bases permitirán adivinar qué guerra es legal y cuál no. En primer lugar, las que se refieran a España y concretamente a la defensa nacional no tienen nada que ver. Es sólo la participación en las lejanas; en todo caso, las "legales" que emprendan la ONU, la Unión Europea, la OSCE. En las otras, el Gobierno tendrá que consultar al Congreso "salvo caso de extrema urgencia". Queda así claro que el envío militar pasado fue ilegal: pero la ley...
El borrador de la Ley de Defensa corrobora la capacidad del joven Gobierno por legislar el pasado: prohíbe el envío de tropas a una "guerra ilegal". Ciertas bases permitirán adivinar qué guerra es legal y cuál no. En primer lugar, las que se refieran a España y concretamente a la defensa nacional no tienen nada que ver. Es sólo la participación en las lejanas; en todo caso, las "legales" que emprendan la ONU, la Unión Europea, la OSCE. En las otras, el Gobierno tendrá que consultar al Congreso "salvo caso de extrema urgencia". Queda así claro que el envío militar pasado fue ilegal: pero la ley no tiene efecto retroactivo, porque nadie puede enmendar el pasado. El Gobierno de entonces considera que era legal, y ya está. La legalidad depende de quien tiene el poder. La ONU, la OTAN, las grandes organizaciones entienden la legalidad según quienes ejerzan dentro de ellas la hegemonía. Es notable cómo se defendió el Consejo de Seguridad de la agresión a Irak, después de haber dejado manos libres para destrozar Afganistán -donde están nuestros soldados legalmente, acrecentados por este Gobierno-, y cómo eran de absurdas sus acciones comparadas con la realidad comprobable, que también depende de la hegemonía de quien la muestre.
Me parece entender de lo publicado, resumen de un borrador, que prosigue el trabajo iniciado después de la Constitución de crear una república secreta, una república con rey, interesante en la situación meramente lingüística de nuestra realidad. El Rey seguirá siendo el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero el presidente del Gobierno es el que dirige la política de defensa. Gestiona las crisis que afectan a la defensa, dirige la estrategia de las operaciones militares, y ordena, coordina y dirige la actuación de las Fuerzas Armadas. Desaparece la Junta de Defensa Nacional, que presidía el Rey, la sustituye el Consejo de Defensa, y será el jefe del Gobierno quien presida sus plenos y su consejo ejecutivo. La sensación, mientras el borrador toma forma, se pacta algún consenso, se enmienda en el Congreso y se convierte en ley, es la de que crece el presidencialismo. La consulta al Congreso las legaliza; pero no olvidemos que el Congreso ha elegido, antes, al presidente.