Andalucía tendrá 77 juzgados contra la violencia sexista
La ley contra la violencia sexista prevé la creación de 77 juzgados en Andalucía. Éstos estarán trabajando a mediados del próximo año, cuando esta norma, que fue aprobada ayer, esté en vigor, según dijo la secretaria federal de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño.
Montaño explicó que los 77 juzgados no son todos de nueva creación, ya que, según explicó Montaño, se extenderán algunos ya existentes.
La dirigente socialista aseguró que la ley obedece a un compromiso electoral del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y agradeció el apoyo de las asociaciones de mujere...
La ley contra la violencia sexista prevé la creación de 77 juzgados en Andalucía. Éstos estarán trabajando a mediados del próximo año, cuando esta norma, que fue aprobada ayer, esté en vigor, según dijo la secretaria federal de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño.
Montaño explicó que los 77 juzgados no son todos de nueva creación, ya que, según explicó Montaño, se extenderán algunos ya existentes.
La dirigente socialista aseguró que la ley obedece a un compromiso electoral del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y agradeció el apoyo de las asociaciones de mujeres y del "resto de agrupaciones políticas".
La también parlamentaria andaluza hizo una "llamada a la prudencia", porque el Gobierno debe "aunar criterios para determinar con exactitud las denuncias y las víctimas" antes de marcarse los plazos de eficacia total de la ley.
Campaña
Destacó que, en el próximo mes, el PSOE pretende continuar con la campaña de apoyo institucional a la ley que comenzó hace dos meses, por la que 15 parlamentos autonómicos y 34 capitales de provincia se han adherido ya a las declaraciones institucionales y mociones en favor del texto, a falta de las cámaras de Madrid, Galicia y Melilla. En este sentido, recordó que el Parlamento andaluz fue el primero en adherirse a la declaración institucional que requería de su aprobación unánime y definitiva antes de su llegada al Congreso.
La diputada explicó que la ley descansa en el derecho a la asistencia social de las víctimas y la prevención a través de la educación y de la formación. Destacó que la norma recoge un presupuesto de entre 50 y 80 millones de euros, que serán aportados en su mayor parte por el Estado para atender a sus competencias y el resto por las comunidades autónomas, a las que corresponde la asistencia social a las víctimas.
Subrayó la importancia de la formación continuada de los profesionales que atienden directamente a las víctimas de esta "violencia específica", porque es el "único delito en el que la víctima tiende a ocultar el delito y a sentirse culpable".